lunes, 31 de marzo de 2008

Carta al Grupo América Latina y Caribe

La creación de un régimen de responsabilidad sobre daños ocasionados por organismos vivos modificados es esencial. No sólo para que los daños ocasionados sean reparados adecuadamente, sino sobretodo para que estos no ocurran.
Nuestra región, tiene una responsabilidad especial en este sentido, en tanto que alrededor del 30% la biodiversidad agrícola está localizada en América Latina, pero también porque ya han ocurrido casos de contaminación. En Bolivia y Guatemala, por ejemplo, el maíz transgénico starlink (aprobado solo para alimentación animal) fue encontrado en cargamentos destinados a ayuda alimentaria.
Aunque no exista un sistema de monitoreo de la contaminación y de los daños ocasionados por OVMs, éstos ocurren cada vez con mayor frecuencia, y cada uno de ellos implica prejuicios a las poblaciones y a la biodiversidad, dejando en evidencia la necesidad de un régimen vinculante de responsabilidad civil:
· Considerando el caso de maíz, cuyo centro de origen está en nuestra región, desde el inicio del uso comercial de las variedades transgénicas, fueron registrados al menos 52 casos de contaminación genética involucrando a 29 países distribuidos en todos los continentes.[i]

· 25% de los casos de contaminación en los últimos 10 años, ocurrieron con arroz transgénico, que ni siquiera está aprobado para consumo en ningún país. Estos casos fueran causados por 3 variedades de arroz resistente a herbicidas desarrollados por Bayer Crop Science - LLRICE62, LLRICE601 y LLRICE604 – y arroz Bt63 de China. Ninguna de estas liberaciones ilegales salió a la luz en 2007; Bt63 fue descubierto en 2005 y el las variedades de arroz LL de Bayer en 2006. Aun así, continúan causando enormes problemas a la industria arrocera, que rechazó la modificación genética. [ii]

· Alarmante propagación de los casos de contaminación por agrotóxicos asociados a los eventos (OGM) resistentes a herbicidas tal el caso de la soja RR. Recientes estudios académicos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, demuestran el crecimiento de incidentes de contaminación producto de la expansión de los OVMs y el paquete tecnológico asociado a los mismos. Entre 2002 y 2007 se registraron 65 casos en que se vieron afectadas la salud humana, la producción animal y vegetal de familias campesinas e indígenas. En 28 de estos casos murieron personas, el último caso fue el del niño Jesús Jiménez ocurrido en Paraguay en agosto de 2007.
En el caso de la segunda generación de cultivos transgénicos, las implicaciones pueden ser mucho más preocupantes, pues son “diseñados” para producir drogas o productos industriales como plásticos. Estas variedades están siendo ampliamente cultivadas en campos de experimentación, con posibles consecuencias graves para la salud humana si contaminaran la cadena agroalimentaria.[iii] Además, la tendencia de la industria es aumentar los transgenes acumulados en un mismo evento (eventos múltiples), lo cual incrementa la inestabilidad y los riesgos del OVM. Así, teniendo en cuenta estas otras aplicaciones de la biotecnología es aun más importante incluir los perjuicios a la salud en el concepto de daño bajo el Protocolo.


Propuestas tales como las presentadas por los co-presidentes en el documento UNEP/CBD/BS/WG-L&R/5/CRP.1 no van resolver los problemas ya enfrentados por muchos países, e, incluso pueden generar una situación de inseguridad, incentivando la creación de marcos legales frágiles.
Además, establecer un régimen de responsabilidad basado en la culpa significa lo mismo que garantizar la impunidad para los causantes del daño. La responsabilidad basada en la culpa es insuficiente e inadecuada pues deja sobre la víctima la carga de probar que el causante del daño actuó errado. El sistema de responsabilidad, como ya ocurre en varios países de la región, debe ser basado en el riesgo creado por el causante del daño; o sea: ocurrido el daño, el responsable debe tomar las medidas de reparación y restauración porque creó el riesgo de que el daño ocurra, no importando si actuó con imprudencia, impericia o negligencia.
Tenemos la convicción de que el objetivo del Protocolo de Cartagena de “contribuir a asegurar un nivel adecuado de protección en el campo de la transferencia, la manipulación y el uso seguro de los organismos vivos modificado resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos en la conservación y en el uso sustentable de la diversidad biológica, teniendo en cuenta los riesgos para la salud humana”, será efectivamente cumplido sólo en caso de que exista un régimen de responsabilidad vinculante, tanto para los Estados, como para los agentes privados.
La inexistencia de un régimen de responsabilidad vinculante como el planteado, va a beneficiar sólo a un pequeño grupo de empresas transnacionales que producen OVM y a otro pequeño grupo responsable por el comercio global de commodities agrícolas, mientras los daños siguen ocurriendo.[iv]
Para la sociedad latinoamericana, es esencial contar con un instrumento como el Protocolo ya que su medioambiente, biodiversidad, y la salud de gran parte de su población se encuentra en riesgo por el desarrollo de la producción agrícola con OVMs. Es decir, este debate no se da en abstracto, sino que la decisión sobre la naturaleza del régimen definirá la capacidad o no de supervivencia de las comunidades afectadas.
Un régimen vinculante que contemple la responsabilidad estricta, el especial cuidado sobre los centros de origen y biodiversidad, y una definición amplia de daño es necesario para los países de América Latina.


[i] Ver http://www.gmcontaminationregister.org/, GE Contamination Register, 2006.
[ii] Ver http://www.gmcontaminationregister.org/, GE Contamination Register, 2007.
[iii] Ver http://www.ecoportal.net/content/view/full/31057, Un nuevo riesgo para la salud y el ambiente: los cultivos farmacéuticos.
[iv] Las principales empresas que concentran el mercado de la biotecnología son Monsanto - EEUU, Du Pont / Pioneer - EEUU, Syngenta - Suiza y Limagrain – Francia (ETC, 2007). Estas mismas empresas controlan el 100% de las semillas transgénicas (Shiva, 2003) y el 44% del mercado de semillas comerciales (ETC, 2007).

POSICIONAMIENTO FRENTE A LOS “ELEMENTOS FUNDAMENTALES”

Para las comunidades de América latina, la creación de un régimen de responsabilidad vinculante sobre daños ocasionados por organismos vivos modificados es esencial. No sólo para que los daños ocasionados sean reparados adecuadamente, sino sobretodo para que estos no ocurran.

Nuestra región, tiene una responsabilidad especial en este sentido, en tanto que alrededor del 30% la biodiversidad agrícola está localizada en América Latina, pero también porque ya han ocurrido casos de contaminación. En Bolivia y Guatemala, por ejemplo, el maíz transgénico starlink (aprobado solo para alimentación animal) fue encontrado en cargamentos destinados a ayuda alimentaria; o los múltiples casos de contaminación genética del maíz, soja y algodón varios países de nuestra región, así como los casos de contaminación debido al incremento en la utilización con agrotóxicos complementarios a la utilización del OVM.

Más preocupantes en este sentido son las implicaciones de la segunda generación de cultivos transgénicos, pues son “diseñados” para producir drogas o productos industriales como plásticos. Estas variedades están siendo ampliamente cultivadas en campos de experimentación, con posibles consecuencias graves para la salud humana si contaminaran la cadena agroalimentaria.
[i]

Además, la tendencia de la industria es la de aumentar los transgenes acumulados en un mismo evento (eventos múltiples), lo cual incrementa la inestabilidad y los riesgos del OVM. Así, teniendo en cuenta estas otras aplicaciones de la biotecnología es aun más importante incluir los perjuicios a la salud en el concepto de daño bajo el Protocolo.

Aunque no exista un sistema de monitoreo de la contaminación y de los daños ocasionados por OVMs, éstos ocurren cada vez con mayor frecuencia, y cada uno de ellos implica prejuicios a las poblaciones y a la biodiversidad, dejando en evidencia la necesidad de un régimen vinculante de responsabilidad civil.

Nos preocupa que los “elementos fundamentales” no recojen lo avanzado en las anteriores reuniones y significan un retroceso significativo en puntos fundamentales en torno al reconocimiento de la responsabilidad y compensación por los daños causados por los OGM’s.

Propuestas tales como las presentadas por los co-presidentes en el documento UNEP/CBD/BS/WG-L&R/5/CRP.1 no van resolver los problemas ya enfrentados por muchos países, e, incluso pueden generar una situación de inseguridad, incentivando la creación de marcos legales frágiles.

Además, establecer un régimen de responsabilidad basado en la culpa significa lo mismo que garantizar la impunidad para los causantes del daño. El sistema de responsabilidad, como ya ocurre en varios países de la región, debe ser basado en el riesgo creado por el causante del daño; o sea: ocurrido el daño, el responsable debe tomar las medidas de reparación y restauración porque creó el riesgo de que el daño ocurra, no importando si actuó con imprudencia, impericia o negligencia. La responsabilidad basada en la culpa es insuficiente e inadecuada pues deja sobre la víctima la carga de probar que el causante del daño actuó errado.

Tenemos la convicción de que el objetivo del Protocolo de Cartagena de “contribuir a asegurar un nivel adecuado de protección en el campo de la transferencia, la manipulación y el uso seguro de los organismos vivos modificado resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos en la conservación y en el uso sustentable de la diversidad biológica, teniendo en cuenta los riesgos para la salud humana”, será efectivamente cumplido sólo en caso de que exista un régimen de responsabilidad vinculante, tanto para los Estados, como para los agentes privados.

La inexistencia de un régimen de responsabilidad vinculante como el planteado, va a beneficiar sólo a un pequeño grupo de empresas transnacionales que producen OVM y a otro pequeño grupo responsable por el comercio global de commodities agrícolas, mientras los daños siguen ocurriendo.
[ii]

Para la sociedad latinoamericana, es esencial contar con un instrumento como el Protocolo ya que su medioambiente, biodiversidad, y la salud de gran parte de su población se encuentra en riesgo por el desarrollo de la producción agrícola con OVMs. Es decir, este debate no se da en abstracto, sino que la decisión sobre la naturaleza del régimen definirá la capacidad o no de supervivencia de las comunidades afectadas.

Un régimen vinculante que contemple la responsabilidad estricta, el especial cuidado sobre los centros de origen y biodiversidad, y una definición amplia de daño es necesario para los países de América Latina.


[i] Ver http://www.ecoportal.net/content/view/full/31057, Un nuevo riesgo para la salud y el ambiente: los cultivos farmacéuticos.
[ii] Las principales empresas que concentran el mercado de la biotecnología son Monsanto - EEUU, Du Pont / Pioneer - EEUU, Syngenta - Suiza y Limagrain – Francia (ETC, 2007). Estas mismas empresas controlan el 100% de las semillas transgénicas (Shiva, 2003) y el 44% del mercado de semillas comerciales (ETC, 2007).

DECLARACIÓN – MARZO 2008

DECLARACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES, INDÍGENAS, CAMPESINAS Y MOVIMIENTOS
URBANOS DE LA ARGENTINA, LATINO AMÉRICA Y OTROS CONTINENTES, EN RECHAZO A LA
“TERCERA REUNIÓN SOBRE SOJA RESPONSABLE”i A CELEBRARSE LOS DÍAS 23 Y 24 DE ABRIL EN EL
HOTEL HILTON DE BUENOS AIRES, ARGENTINA.


Los agronegocios son responsables de la devastación de nuestros suelos, la deforestación, la contaminación de ríos y
acuíferos, la desaparición de la biodiversidad, la expoliación del patrimonio natural y cultural y la eliminación de la
agricultura familiar que antes alimentaba a nuestros pueblos. La expansión de los monocultivos de soja atenta principalmente
contra la soberanía territorial, alimentaria y cultural de los Estados nacionales y los derechos de los Pueblos Originarios y
Campesinos. El modelo de la soja excluye, empobrece y enferma a la población. Este modelo de ocupación territorial viola los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Los monocultivos industriales se expanden vaciando el territorio con
su violencia estructural inherente, causan la migración rural y marginalización de la población en las ciudades y finalmente,
generan la criminalización de la pobreza y los movimientos sociales.
A pesar de esto, en la actualidad los agronegocios de la soja se están fortaleciendo con los crecientes mercados de la industria
de alimentos procesados, la cría industrial de carne y la producción de agrocombustibles que, dicen, nos “salvará del cambio
climático”. En la práctica se consolida la hidrovía parte del IIRSAii, aparecen nuevos sistemas ferroviarios, se implementan
más transgénicos y aumentan las importaciones de pesticidas y maquinaria para expoliar más rápidamente nuestros suelos.
Cada vez avanza más el agronegocio y vemos consternados como muchos gobiernos europeos, frente al aumento de críticas y
denuncias de la situación de nuestros países, están ciegamente confinado en las Mesas Redondas de Negocios Sustentables de
la WWF. Se las reconoce como casos exitosos de referencia para los nuevos criterios legales de sustentabilidad,
específicamente para la producción de agrocombustiblesiii. De esta forma los gobiernos europeos están ciegamente cayendo en
la trampa del maquillaje verde de las transnacionales.
Los movimientos sociales del norte y del sur rechazamos plenamente todos los intentos de las Corporaciones y ONG's de
instalar en la opinión pública, criterios de sustentabilidad o de responsabilidad, en relación a los monocultivos de Soja
transgénicaiv. Objetamos los programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que pretenden, a través de mesas de
diálogo y medidas voluntarias, invisibilizar la responsabilidad de los crímenes cometidos por las corporaciones y donde éstas
reemplazan al Estado en sus funciones públicas con políticas privadas asistencialistas.
Nos oponemos al proyecto neocolonial de dominación por parte de los agronegocios, que sistemáticamente tergiversan de
manera perversa muchos de nuestros propios discursos, y denunciamos ese maquillaje verde con que las corporaciones
internacionales disputan los mercados calificados de certificaciones.
Recordamos que en marzo del año 2005, organizaciones campesinas y ecologistas de nuestros países, incluyendo la Vía
Campesina de Argentina, Paraguay y Brasil, marchamos juntas hasta Foz de Iguazú para denunciar la 1era Reunión de Soja
Sustentablev. Simultáneamente activistas holandeses se solidarizaron protestando frente a la sede de la industria de piensos
PROVIMI en el puerto de Rótterdamvi. En el 2006, los movimientos sociales paraguayos, organizaciones urbanas y
campesinas se manifestaron repudiando la 2da Mesa de Soja Responsable en Asunciónvii. Recientemente, la Vía Campesina del
Paraguay rechazó públicamente el intento de involucrarlos en campañas maquilladas por la Soja Responsableviii.
Por eso ahora volvemos a rechazar este proyecto corporativo liderado por la WWF, Fondo Mundial de la
Naturaleza, los grupos sojeros de agronegocios AAPRESIDix de Argentina, ABIOVEx, MAGGI y APROSOJA de
Brasil, DAP de Paraguay, Bunge y Cargill de Estados Unidos, la banca ABN-AMRO BANK de Holanda y las ONG´s
FUNDAPAZ de Argentina, GUYRA (Birdlife) de Paraguay, Solidaridad de Holanda, entre otras.
Ratificamos una vez más nuestro compromiso de marchar juntos en procura de recuperar la Soberanía Alimentaria
de nuestros pueblos y de enfrentar las maniobras de desinformación y seducción del agronegocio. ¡Exigimos la
liberación de nuestros territorios de estos agronegocios criminales y justicia para todas las víctimas del modelo
sojero!
¡DONDE HAY MONOCULTIVO NO PUEDE EXISTIR SUSTENTABILIDAD!
¡DONDE HAY AGRO NEGOCIOS NO PUEDEN EXISTIR CAMPESINOS!