Concepto Resolución 970 de 2010
Semillas de Identidad
Mauricio García A.
Fundación SWISSAID, Colombia
22 de abril de 2010
La Resolución tiene como objeto: “reglamentar y controlar la producción, acondicionamiento, importación, exportación, almacenamiento, comercialización, transferencia a título gratuito y/o uso de la semilla sexual, asexual, plántulas o material micropropagado de todos los géneros y especies botánicos para siembras de cultivares obtenidos por medio de técnicas y métodos de mejoramiento convencional, métodos no convencionales como los organismos modificados genéticamente a través de ingeniería genética, con el fin de velar por la calidad de las semillas y la sanidad de las cosechas”.
Es importante resaltar que el objeto de esta resolución esta orientado al reglamento y control sobre cultivares “mejorados de manera convencional o transgénicos”. En ningún caso hace referencia a variedades criollas. Sin embargo, al no hacer esa diferenciación se podría pensar que se orienta a controlar todo tipo de semillas, incluso las semillas criollas de los pequeños productores que se comercializan localmente sin ningún tipo de registros, como debe ser. Lo que nos llevaría a considerar ilegal el comercio de semillas criollas.
El considerar la producción y comercio de semillas criollas ilegal es totalmente absurdo, peligroso e ilegal, más si tenemos en cuenta el Tratado Internacional sobre Semillas y Derechos de los Agricultores aprobados por la FAO en 2001, el cual establece el reconocimiento formal del derecho de los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender semillas conservadas en su propia tierra de cultivo; así como el derecho a la protección de los conocimientos tradicionales sobre las semillas y a participar en la distribución de beneficios que se derivan de la utilización de estos recursos.
De otro lado, el fin de velar por la calidad de las semillas y la sanidad de las cosechas es justificable desde la idea de que quien compra una semilla quiere tener una garantía de su calidad y de lo que le ofrece quien se la vende.
Pero más allá de esto hay que saber que esta resolución quiere responder a unos estándares internacionales, a lo cual nos quieren someter las grandes empresas de semillas a través de los tratados de libre comercio.
La norma debe ser realista frente al mercado de las semillas en nuestro país: más del 70% de las semillas son producidas por los propios productores y solo se comercializa un 30% de las semillas de las empresas. Esto nos plantea un claro interés desde las empresas por aumentar el control sobre este mercado por medio de normas aparentemente buenas.
Esto nos hace reflexionar sobre lo que está sucediendo con el tema de la panela, la leche y la carne de pollo, productos que quieren regular con la excusa de garantizar la calidad desconociendo una realidad nacional que llevaría a la quiebra a miles de pequeños productores.
Es necesario y conveniente pensar en aumentar la productividad y los rendimientos de la agricultura, en eso no hay discusión. Pero el problema es como se propone hacerlo. En esto son muy simplistas las políticas de desarrollo agropecuario. Lo quieren hacer a punta de normas que favorecen a un modelo agropecuario impulsado por un sector que se pretende el abanderado de la tecnología: las grandes empresas. De esta manera se desconoce todo el daño que hace este modelo a la biodiversidad y la soberanía alimentaria del país, en el cual solo se quieren implementar monocultivos en grandes extensiones, con el uso de agroquímicos y maquinaria que excluyen a grandes sectores de los productores expropiandoles sus tierras y llevándolos a los cinturones de miseria de las grandes ciudades.
El problema radica en generalizar esta resolución hacia todas las semillas que se comercializan, incluyendo las criollas o acriolladas. Una pregunta puede ser cómo hacer para diferenciar una variedad criolla de una variedad mejorada al momento de hacer un control, si en muchos casos las comunidades manejan variedades criollas que no tienen mucha diferencia con las mejoradas o han adoptado variedades mejoradas que se han cruzado con las criollas y hoy forman parte de lo que podríamos llamar “acriolladas”.
Hay casos muy relevantes con el cultivo del arroz, donde se han hecho decomisos de semilla. Según el ICA, el uso de semilla ilegal de arroz se calculó para el año 2008 en 35.486 toneladas. Y las empresas semilleras han presionado al gobierno para que solo se permita el uso de semillas certificadas, para lo cual han desacreditado las demás semillas llamándolas “semillas de costal”. Además presionaron la aprobación de la ley 1032 por medio de la cual puede ser sometido a multa o cárcel quien siembre semillas de propiedad de empresas sin autorización.
En este caso propondríamos una resolución que busque mejorar los rendimientos de las semillas criollas y locales mediante procesos de investigación participativos de manera que tengamos semillas controladas por los agricultores, adaptadas y apropiadas a nuestras condiciones ambientales y de manejo. Esto es más positivo que una ley que una ley que pone al agricultor como un delincuente.
Semillas de Identidad
Mauricio García A.
Fundación SWISSAID, Colombia
22 de abril de 2010
La Resolución tiene como objeto: “reglamentar y controlar la producción, acondicionamiento, importación, exportación, almacenamiento, comercialización, transferencia a título gratuito y/o uso de la semilla sexual, asexual, plántulas o material micropropagado de todos los géneros y especies botánicos para siembras de cultivares obtenidos por medio de técnicas y métodos de mejoramiento convencional, métodos no convencionales como los organismos modificados genéticamente a través de ingeniería genética, con el fin de velar por la calidad de las semillas y la sanidad de las cosechas”.
Es importante resaltar que el objeto de esta resolución esta orientado al reglamento y control sobre cultivares “mejorados de manera convencional o transgénicos”. En ningún caso hace referencia a variedades criollas. Sin embargo, al no hacer esa diferenciación se podría pensar que se orienta a controlar todo tipo de semillas, incluso las semillas criollas de los pequeños productores que se comercializan localmente sin ningún tipo de registros, como debe ser. Lo que nos llevaría a considerar ilegal el comercio de semillas criollas.
El considerar la producción y comercio de semillas criollas ilegal es totalmente absurdo, peligroso e ilegal, más si tenemos en cuenta el Tratado Internacional sobre Semillas y Derechos de los Agricultores aprobados por la FAO en 2001, el cual establece el reconocimiento formal del derecho de los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender semillas conservadas en su propia tierra de cultivo; así como el derecho a la protección de los conocimientos tradicionales sobre las semillas y a participar en la distribución de beneficios que se derivan de la utilización de estos recursos.
De otro lado, el fin de velar por la calidad de las semillas y la sanidad de las cosechas es justificable desde la idea de que quien compra una semilla quiere tener una garantía de su calidad y de lo que le ofrece quien se la vende.
Pero más allá de esto hay que saber que esta resolución quiere responder a unos estándares internacionales, a lo cual nos quieren someter las grandes empresas de semillas a través de los tratados de libre comercio.
La norma debe ser realista frente al mercado de las semillas en nuestro país: más del 70% de las semillas son producidas por los propios productores y solo se comercializa un 30% de las semillas de las empresas. Esto nos plantea un claro interés desde las empresas por aumentar el control sobre este mercado por medio de normas aparentemente buenas.
Esto nos hace reflexionar sobre lo que está sucediendo con el tema de la panela, la leche y la carne de pollo, productos que quieren regular con la excusa de garantizar la calidad desconociendo una realidad nacional que llevaría a la quiebra a miles de pequeños productores.
Es necesario y conveniente pensar en aumentar la productividad y los rendimientos de la agricultura, en eso no hay discusión. Pero el problema es como se propone hacerlo. En esto son muy simplistas las políticas de desarrollo agropecuario. Lo quieren hacer a punta de normas que favorecen a un modelo agropecuario impulsado por un sector que se pretende el abanderado de la tecnología: las grandes empresas. De esta manera se desconoce todo el daño que hace este modelo a la biodiversidad y la soberanía alimentaria del país, en el cual solo se quieren implementar monocultivos en grandes extensiones, con el uso de agroquímicos y maquinaria que excluyen a grandes sectores de los productores expropiandoles sus tierras y llevándolos a los cinturones de miseria de las grandes ciudades.
El problema radica en generalizar esta resolución hacia todas las semillas que se comercializan, incluyendo las criollas o acriolladas. Una pregunta puede ser cómo hacer para diferenciar una variedad criolla de una variedad mejorada al momento de hacer un control, si en muchos casos las comunidades manejan variedades criollas que no tienen mucha diferencia con las mejoradas o han adoptado variedades mejoradas que se han cruzado con las criollas y hoy forman parte de lo que podríamos llamar “acriolladas”.
Hay casos muy relevantes con el cultivo del arroz, donde se han hecho decomisos de semilla. Según el ICA, el uso de semilla ilegal de arroz se calculó para el año 2008 en 35.486 toneladas. Y las empresas semilleras han presionado al gobierno para que solo se permita el uso de semillas certificadas, para lo cual han desacreditado las demás semillas llamándolas “semillas de costal”. Además presionaron la aprobación de la ley 1032 por medio de la cual puede ser sometido a multa o cárcel quien siembre semillas de propiedad de empresas sin autorización.
En este caso propondríamos una resolución que busque mejorar los rendimientos de las semillas criollas y locales mediante procesos de investigación participativos de manera que tengamos semillas controladas por los agricultores, adaptadas y apropiadas a nuestras condiciones ambientales y de manejo. Esto es más positivo que una ley que una ley que pone al agricultor como un delincuente.
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