Agrocombustibles: más un problema que una solución
(Primera Parte)
18-05-09,
Por Pablo Villegas y Mónica Vargas

Recomendar el desarrollo de la agroindustria para mitigar los efectos del cambio climático resulta cuando menos descabellado. El modelo agrícola actual se sustenta en el petróleo, desde la elaboración de insumos químicos hasta el transporte de mercancías. La agricultura y los cambios del uso del suelo (deforestación) representan respectivamente 14 y 18% de las emisiones de gases responsables del calentamiento global. La conversión de las selvas en tierras de cultivo, el uso de fertilizantes de nitrato, el cultivo a gran escala de leguminosas como la soya y la descomposición de residuos orgánicos han sido identificados como las causas de emisión de óxido nitroso, el tercer gas de efecto invernadero.

Agrocombustibles: más un problema que una solución (1)
Desde inicios de ésta década, los agrocombustibles no solamente han sido potenciados como una de las alternativas ante la crisis ambiental planetaria, pero además han recibido importantes incentivos por parte de los gobiernos de los países del Centro, y se ha acelerado su producción. Al considerar esta problemática, proponemos aquí partir de una perspectiva integral, considerando diversos ámbitos a partir de los cuales se requiere implementar una reflexión responsable. Nos situamos en el paradigma de la deuda ecológica, definida como la deuda contraída por los países industrializados con el resto de los países debido al expolio histórico y actual de los recursos naturales, a los impactos ambientales exportados y la libre utilización del espacio ambiental global.
Esta deuda se articula estrechamente con el modo de consumo y de producción implementado por el sistema capitalista (Ortega, 2007: 20). Asimismo, consideramos el caso específico de Bolivia, donde el sector de agroempresarios y latifundistas del oriente, se ha convertido en el puntal de una intensa campaña por la producción de agrocombustibles, dirigiendo una parte importante de su propaganda hacia los pequeños productores, con la promesa de precios altos por sus productos, empleo y seguridad alimentaria.
Una solución milagrosa
Desde las reuniones del G8 y del Foro Económico Mundial hasta los foros de las Naciones Unidas dos temáticas globales han sido reiteradas en los últimos años: el cambio climático y el hambre. Tras años de intensos debates y el desdén de los objetivos mínimos fijados por el Protocolo de Kyoto, la responsabilidad de las actividades humanas en un 90% del primero fue formalmente establecida por el Cuarto Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) en el mes de febrero de 2007. Por otra parte, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), actualmente cerca de mil millones de personas en el mundo padecen de hambre y en 2015 serán 100 millones más. Si escuchamos a los diferentes actores que promueven activamente el desarrollo de los agrocombustibles (2), parecería que ahí radica una de las respuestas más adecuadas frente a ambas problemáticas. ¿En qué consiste esta milagrosa solución? Actualmente la producción de carburantes a partir de la biomasa se concentra en el bioetanol y el biodiesel. El primero es obtenido a partir de productos ricos en sacarosa (caña de azúcar, la melaza y el sorgo dulce), de substancias ricas en almidón (cereales como el maíz, el trigo o la cebada), y mediante la hidrólisis de substancias que contienen celulosa (madera y residuos agrícolas) (3). Puede ser utilizado para reemplazar la gasolina, pero requiere de una adaptación previa de los motores. A su vez, el biodiesel proviene de aceites vegetales (de palma aceitera, colza, soya y jatrofa) o de grasa animal. Se destina al reemplazo del diesel y puede ser usado en estado puro o mezclado (4).
Partiendo de una percepción, hoy cuestionada desde diferentes ámbitos, según la cual los agrocombustibles no aumentarían la concentración de CO2 en la atmósfera, varios países han legislado a favor de una implementación obligatoria de estos carburantes en el sector de los transportes, sin disponer de la capacidad de producción necesaria. En Estados Unidos, se ha dispuesto que hacia 2030, por lo menos 30% del combustible en el transporte se derive de agrocombustibles (sobre todo etanol), lo que requerirá una producción anual de 227 millones de litros anuales. Por su parte, la Unión Europea ha optado por cuatro tipo de incentivos, todos ellos utilizando recursos públicos: los subsidios agrícolas en el marco de la Política Agraria Comunitaria, la desfiscalización, la obligación de mezclar un porcentaje de 5.75% en 2010 y el doble en 2020 en los carburantes para el transporte, el uso en proyectos pilotos por parte de empresas de transporte público. Al respecto, cabe destacar que puesto que el transporte constituye 30% del consumo total de energía, el objetivo del 5.75% corresponde únicamente a un 1.8% del consumo total, por lo que el ahorro real sería de 36 millones de toneladas de CO2 equivalente, es decir, menos de 1% de las emisiones europeas (Russi, 2007).
Actualmente, Europa produce 3 millones de toneladas de biodiesel, aspira a alcanzar los 7 millones en 2010, lo que requerirá 13 millones de toneladas de materia prima, y a mediano plazo cuenta con la segunda generación basada en residuos lignocelulósicos para suplir 30% del consumo. Europa no cuenta con las tierras necesarias para cumplir con estas metas. Por ejemplo, se calcula que en países como Gran Bretaña, el intentar alcanzar el objetivo de 2020 demandaría la utilización la casi totalidad de las tierras de cultivo (Redes-AT y Grain, 2007b). Por tanto, todos estos países deberán recurrir a la importación de materia prima o de agro carburantes. Para responder a esta demanda, se ha intensificado la producción de los commodities requeridos en países como Brasil, Argentina, Colombia, Malasia e Indonesia, donde se sitúan las mejores y más abundantes tierras.
Agricultura y cambio climático
Recomendar el desarrollo de la agroindustria para mitigar los efectos del cambio climático resulta cuando menos descabellado. El modelo agrícola actual se sustenta en el petróleo, desde la elaboración de insumos químicos hasta el transporte de mercancías.
Además, tal como lo advirtió el Informe Stern, la agricultura y los cambios del uso del suelo (deforestación) representan respectivamente 14 y 18% de las emisiones de gases responsables del calentamiento global (Stern, 2006). En particular, la conversión de las selvas en tierras de cultivo, el uso de fertilizantes de nitrato, el cultivo a gran escala de leguminosas como la soya y la descomposición de residuos orgánicos han sido identificados como las causas de emisión de óxido nitroso, el tercer gas de efecto invernadero. Únicamente en Brasil, 59% de las emisiones provienen de la deforestación debida a la expansión de los cultivos de soya y de caña de azúcar. Además, se evalúa que la destrucción de la turba vinculada con los monocultivos provocará la liberación de cerca de 40 billones de toneladas de carbono en la atmósfera (GRAIN, 2007).
Aumento de los precios de los cereales, especulación y concentración corporativa
El modelo agrícola industrial en su conjunto, actualmente potenciado por el auge de los agrocombustibles, es en gran medida responsable de la actual crisis alimentaria (5). En efecto, este modelo se sustenta en la liberalización de los productos agrícolas, la cual ha permitido dos fenómenos que han potenciado el incremento del precio de los alimentos: la especulación en el mercado de futuros de los alimentos básicos y la concentración corporativa en este sector. De acuerdo con la firma consultora AgResourse Co., en los Estados Unidos, el mayor exportador mundial de trigo, maíz y soya, el valor las compras de estos granos en el mercado de futuros ha representado cerca de la mitad del valor de la cosecha total (Wilson, 2008). Por otra parte, se estima que la cantidad de dinero especulativo en el mercado de futuros de commodities aumentó de 3.172 millones de euros en el año 2000 a 111.000 millones de euros en 2007 (GRAIN, 2008).
Las políticas de libre comercio impuestas por actores como la OMC en el sector agrícola, al desmantelar los aranceles y protecciones que tenían los países empobrecidos también son responsables de la concentración empresarial en toda la cadena productiva. En 2008, el crecimiento del volumen de negocios y de las ganancias anunciado por las principales compañías que operan en la agroindustria fue extraordinario. Los beneficios netos de la estadounidense Cargill en abril aumentaron de 86% frente a las cifras del año anterior, sumando 653 millones de euros (Cargill, 2008). Las ventas de Bunge crecieron de 70% y las de ADM 64%. ¿Cuál es el grado de incidencia de estas empresas a las cuales la crisis alimentaria no parece afectar?
Determinan lo que será producido, cómo será producido, definen precios y seleccionan quién producirá los alimentos. Así por ejemplo, Cargill, ADM, ConAgra, Bunge y Dreyfus dominan más del 80% del comercio mundial de cereales, mientras que Monsanto es la principal empresa de semillas comerciales y la quinta en el sector de los agrotóxicos. En el caso específico de la soya, Bunge, ADM y Cargill controlan 75% del mercado mundial y 80% de la industria procesadora en la Unión Europea (6).
Impactos sociales: del despojo al malvivir
De por sí, la industrialización de la agricultura ha demostrado ser un fracaso social en varios países. Se ha avanzado el tema de los agrocombustibles como una alternativa laboral que permitiría a los campesinos del Centro y de la Periferia incrementar sus ganancias y alcanzar el bienestar social. Nada parece estar más alejado de la realidad.
En el caso de la Unión Europea existe aún incertidumbre y algunos estudios refieren que 1’000 toneladas de agrocombustibles pueden crear entre 2 y 8 empleos de tiempo completo, concentrados esencialmente en torno a refinerías y puertos (Biofuelwatch, Carbon Trade Watch/TNI, Corporate Observatory, 2007). Pero en los países de la Periferia, de donde finalmente vendrá gran parte de la materia prima, el desarrollo de cosechas para combustibles automotores se sustenta en la creación de economías de escala y en un modelo agrícola industrial altamente centralizado, donde se estrechan las relaciones entre el capital transnacional y las elites terratenientes locales (GRAIN, 2007).
Los habitantes de las comunidades rurales resultan cada vez más prescindibles y tienen solo dos opciones: migrar o ser jornaleros agrícolas.
El Grupo de Reflexión Rural (GRR) destaca que la Revolución Verde aplicada en el campo argentino se vincula con el empobrecimiento de la población. Así, en un país que fue considerado como “granero del mundo”, la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de 2006 registró que 34% de los niños menores de dos años sufren de desnutrición y anemia. De acuerdo con el GRR, parte de la explicación de este fenómeno se ubica en la conversión de Argentina en un país productor de transgénicos y exportador de forraje, con la implementación de monocultivos a gran escala de soya RR. En este contexto, se produjo una concentración empresarial de la tierra que arruinó a decenas de miles de pequeños productores y provocó el éxodo rural engordando los cordones de pobreza de las urbes (Rulli y Semino, 2007).
Durante el Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas que sesionó en mayo de 2007, se subrayó que las poblaciones originarias están siendo desplazadas de sus tierras por la expansión de los cultivos energéticos, lo que contribuye en la destrucción de sus culturas y la migración hacia las ciudades. Solo en una provincia indonesa de West Kalimantan, ya son 5 millones de personas las que tendrán que dejar sus territorios ancestrales (Biofuelwatch, Carbon Trade Watch/TNI, Corporate Observatory, 2007).
En Paraguay, el avance de los monocultivos de soya transgénica y de caña de azúcar se expresa también en un compulsivo proceso de acaparamiento de las mejores tierras. El país destina 2.4 millones de hectáreas a la producción de soya, pero contempla alcanzar los 4 millones para cumplir con sus compromisos de venta a la Unión Europea. En un país donde 21% de la población vive en la extrema pobreza, 1% de los propietarios posee 55% de la tierra, y 40% de los productores cultivan lotes de entre 0.5 y 5 hectáreas.
Empero, otros métodos de descampesinización están siendo denunciados por organizaciones civiles. Es el caso de las comunidades afrodescendientes colombianas de Jiguamiandó y Curvaradó. La violencia militar y paramilitar las forzó a dejar sus tierras, que fueron ilegalmente ocupadas por la empresa Urapalma (Redes-AT y GRAIN, 2007b).
Los que se atrevieron a regresar a duras penas pudieron reconocer sus casitas destruidas. La selva que habían estado preservando fue arrasada por cultivos de palma aceitera que se extendían hasta el horizonte. En lo que refiere a las condiciones laborales, nos referiremos más adelante al considerar el caso de Bolivia.
En lo que atañe a las poblaciones aledañas a los cultivos de palma y de soya, su salud se ve amenazada por la aplicación de potentes herbicidas. Comunidades argentinas urbanas y rurales han lanzado la campaña “Paren de Fumigar”, ante la dispersión aérea de herbicidas sobre los campos sojeros vecinos. Más aún, un estudio del Ministerio de Salud realizado en cinco ciudades del Sur de la provincia de Santa Fe descubrió un número alarmante de casos de cáncer (Biofuelwatch, Carbon Trade Watch/TNI, Corporate Observatory, 2007).
Megaproyectos y agrocombustibles
Un hecho innegable: el biodiesel y el bioetanol no suelen tele-transportarse de los campos a los tanques de gasolina. Y aquí se ubica otro aspecto muy poco “bio” en el auge de los agrocombustibles: la creciente necesidad de integración de infraestructuras que implica su transporte y exportación. Salen a la luz entonces el –lamentablemente resucitado Plan Puebla Panamá (PPP) y la Iniciativa para la Integración de las Infraestructuras Sudamericanas (IIRSA). Estos megaproyectos consideran a la rebelde geografía latinoamericana como un obstáculo para la extracción de materias primas y el transporte de mercancías. Su misión es doblegarla mediante corredores intermodales de autopistas, represas hidroeléctricas, hidrovías, tendidos eléctricos, oleoductos, etc. Ni qué decir de los importantes beneficios que estos proyectos traerán a empresas como las españolas Iberdrola y Gamesa (parque eólico en México), ACS (gestión portuaria y dragados en Brasil), e incluso a desconocidas consultoras como TYPSA o Norcontrol. A pesar de las promesas de “desarrollo local” que hacen (evocando la agotada teoría del “derrame de riqueza”), resultan nefastos porque se sitúan sobre territorios indígenas y comunidades campesinas, y atraviesan zonas de alta biodiversidad.
En su diseño ha participado, sin ninguna consulta de las poblaciones locales, una de las principales entidades generadoras de deuda del continente, y de la cual el Estado español es miembro: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Promueve hoy a los agrocombustibles de distintas maneras. Estima que a América Latina le tomarán 14 años convertirse en una zona productora de biodiesel y bioetanol y que se requerirán 200’000 millones de dólares. El propio presidente del BID, Luís Alberto Moreno, co-dirige un grupo del sector privado, la Comisión Interamericana del Etanol, conjuntamente con Jeb Bush (ex – gobernador del Estado de Florida) y el ex primer ministro japonés Junichiro Kozumi. Así, el BID apoya la expansión de cultivos de palma de Colombia y de caña de azúcar y soja en la amazonía brasileña. De hecho, este año el Directorio Ejecutivo del BID aprobó el primer financiamiento al sector privado para un proyecto de agrocombustibles en este país por un total de 120 millones de dólares, concretamente para Usina Moema Açucar e Alcohol Ltda. (Sao Paulo). Esta operación forma parte de una iniciativa del banco para la promoción de la estructuración de financiamiento de deuda prioritaria para cinco proyectos de bioetanol que tendrán un costo de 997 millones de dólares (BID, 2007).
Por el otro lado importa asegurar un fluido vaciado de los commodities hacia los puertos, no únicamente atlánticos, sino también del Pacífico, de cara a los mercados asiáticos. Así, el banco recomienda a Brasil gastar en infraestructuras 1’000 millones de dólares por año durante 15 años. Aspira también a acelerar proyectos del IIRSA rechazados por la sociedad civil, como por ejemplo la Hidrovía Paraguay-Paraná-Plata, el proyecto de navegabilidad del Río Meta, Ferro Norte (red ferrovial que conectaría a los estados sojeros de Paraná, Mato Grosso, Rondonia y Sao Paolo), y el Complejo del Río Madera.
Este último constituye uno de los principales proyectos del Eje de IIRSA Perú-Brasil-Bolivia y se sitúa sobre la frontera brasileño-boliviana. Actualmente consiste en la construcción de dos mega-represas hidroeléctricas en territorio brasileño, en San Antonio y en Jirau, con una capacidad de generación conjunta de 6’400 Megawats, y un coste de 10’300 millones de dólares.
Comenzarían a construirse en 2008. La primera se encontraría a 190 kilómetros de Bolivia, y la segunda a 84 kilómetros.
Estudios independientes han demostrado que ambas represas tendrán impactos sociales y ambientales graves, no solamente en Brasil, sino también en Bolivia. El Banco Santander Central Hispano y el banco portugués Banif participan activamente en este problemático megaproyecto, y están creando un Fondo de Inversiones y Participaciones (FIP) para financiar la construcción de la represa de San Antonio. El Fondo aspira a captar 220 millones de dólares. El banco español asesora a un consorcio liderado por la constructora brasileña Odebrecht que competirá por la licitación del proyecto. Expertos del Servicio técnico de protección ambiental brasileño recomendaron que no se diera licencia al proyecto antes de realizar nuevos estudios de impacto ambiental y el gobierno boliviano ha protestado y solicitado también nuevos estudios para verificar los impactos de las represas en su país. Se establece en este caso un vínculo importante con el auge de los agrocombustibles, puesto que las hidroeléctricas abastecerán de energía a los Estados brasileños de Rondonia y Matto Grosso, permitiendo la extensión de la producción sojera de por sí muy importante en este último Estado, gobernado por Blairo Maggi, uno de los más grandes productores de soja del planeta.
El ámbito de los megaproyectos de integración de las infraestructuras resulta, tal como lo vemos, crucial a la hora de considerar el transporte de mercancías como los granos destinados a la producción de agrocombustibles. No sólo implica el incremento de la deuda externa de los países donde tienen lugar estos planes, puesto que además, por los impactos sociales y ambientales que comportan, generan simultáneamente una deuda ecológica considerable de las grandes corporaciones frente a las poblaciones locales, que carecen de toda posibilidad de participación o de ejercer su derecho de consulta.
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Pablo Villegas es Investigador en antropología y salud pública y Mónica Vargas es Investigadora en el Observatorio de la Deuda en la Globalización, Cátedra UNESCO de Sostenibilidad (Universidad Politécnica de Cataluña).

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