Acuerdos incumplidos al agro


Aurelio Suárez Montoya, Bogotá, El Tiempo, julio 12 de 2013
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Columnistas como Gabriel Silva atribuyen la inconformidad de considerables sectores del agro a razones ajenas a la economía rural, como el “peligroso oportunismo” de “organizaciones patronales rurales”, a “agitadores de cuello blanco”, y hasta “terroristas”. Él, como otros, no repara en el incumplimiento oficial con los acuerdos firmados hace meses, reacciona por instinto. Para informarlos, vale un recuento de las violaciones a la palabra empeñada (Vea aquí los acuerdos). El acuerdo cafetero del 8 de marzo del 2013 dice: “El Gobierno Nacional se compromete a crear el mecanismo que garantice el pago total del PIC –Protección del Ingreso al Caficultor– en el momento de la venta del café”; y, agregaba que, “diseñará en el término de dos meses un nuevo sistema de pagos con su debida transición”. Después de transcurrido el doble del tiempo, los resultados contrarían lo firmado. En Antioquia, de 92.000 caficultores, apenas 42.000 han recibido subsidio; en Nariño de 37.000, solo el 25 por ciento; en Huila, de 80.000, casi 55.000; en Caldas, de 35.000, no llegan a 23.000 y, en el Cauca, de 95.000, no alcanza al 40 por ciento.

Con relación a los alivios crediticios y la normalización de cartera, la propia propaganda oficial avisa que 9.000 préstamos se han rediseñado de 220.000 potenciales. Esto porque se fuerza a refinanciaciones, con intereses sobre intereses, pretermitiendo la reprogramación convenida con tasa diferencial. Ni la mesa “que discuta reducción de precios de agroinsumos”, ni la de los impactos de los títulos mineros sobre territorio del café, ni otra “sobre importaciones”, se han convocado y, entre tanto, se suscriben acuerdos como Alianza Pacífico, con competidores directos como Perú y México.

A arroceros y cacaoteros les ha ido peor. A los primeros, de un precio ofrecido de $110.000 por carga (cosecha Llanos) se les paga, imponiendo una tabla de castigo, $97.000 y, los segundos reciben $3.500/kilo, al no ejecutarse las subvenciones del orden nacional y regional, que, como en Santander, deberían tener el precio en $4.700. En ambos casos, otras mesas acordadas, relativas a procesos de valor agregado e importaciones, tampoco se han reunido. Respecto al crédito, el mensaje para el arroz es “vendan y paguen deudas” y, en cuanto al asociativo, muy común en el cacao, ya corren procesos jurídicos. A los paperos, también damnificados, no les han entregado ni un peso de los $40.000 millones prometidos.

De otra parte, nuevos sectores se manifiestan. Los lecheros ven dramáticas caídas del precio por litro al límite de $500, ante el diluvio de derivados lácteos, leche en polvo y lactosuero, acercándose su desaparición cuando aterricen los productos de Europa y Nueva Zelanda. Los paneleros, a quienes no se les honran compromisos contraídos desde el 2009, son el yunque del martillazo de más 300.000 toneladas de azúcar importadas al año. En la misma fila, desesperados, están hortifruticultores y maiceros.

Este balance, radiografía de un gobierno incumplidor, desmiente que el malestar agrario sea “aprovechamiento de la tolerancia y el diálogo”, diálogo desvirtuado ante tanto “faltoneo”. El problema se gestó hace rato, desde cuando se soltó la rienda al potro desenfrenado del libre comercio o cuando se envejecieron los cafetales por falta de programas de renovación, o cuando se recetaba como elixir, “comprar Starbucks”. ¡Antes no estamos peor!

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