Los Perdones del Procurador General de la Nación - Colombia

Los perdones del procurador

Juan Pablo Barrientos
El Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez no es un enemigo de la paz. Por el contrario, plantea unos interrogantes válidos en medio de un proceso que cambiará el rumbo del país.


A grito herido, el doctor Ordóñez ha pedido que los crímenes de las FARC no queden en la impunidad. Comparto dicha preocupación, pero a la vez cuestiono que mientras el Procurador exija mano dura con estos subversivos, pida a la vez la absolución o libertad de criminales, iguales o peores que los insurgentes de las FARC.
Sería injusto no aclarar que en los más de 4 años que el Procurador Ordóñez ha estado al frente del Ministerio Público, se ha batido récord en destituciones, inhabilidades y peticiones de condena para políticos que han incurrido en actos ilegales. Sin embargo, llama la atención la posición de la Procuraduría frente a algunos casos. La lista es larga, pero aquí va un recorderis de algunos de ellos.
El exsenador Alvaro Araújo fue condenado por la Corte Suprema a 9 años y tres meses de prisión porque "hacía parte de una estructura criminal y sus nexos con Jorge 40". Según comunicado del 2009 de la Procuraduría "no hay prueba documental sobre esos supuestos nexos ilegales" por lo que pide su absolución. En agosto de 2010 lo absuelve disciplinariamente.
El exsenador Iván Díaz Mateus fue condenado en 2009 a 72 meses de prisión dentro del proceso conocido como la Yidispolìtica. Ese mismo año, la Procuraduría pide absolverlo "luego de analizar diferentes respuestas sobre el mismo tema presentadas por Yidis Medina en diversas declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia".
En 2010, el coronel Alfonso Plazas Vega fue condenado a 30 años de prisión por la desaparición de 11 personas durante el operativo de retoma del Palacio de Justicia en 1985. En septiembre de 2009 la Procuraduría "solicitó a la Juez Tercera Penal del Circuito Especializado de Bogotá que profiera sentencia absolutoria en favor del procesado, pues no existe prueba suficiente que permita establecer la responsabilidad directa del Oficial en retiro con la desaparición de ocho personas rescatadas por miembros del Ejército Nacional que fueron conducidas a la Casa del Florero y cuyo paradero aún se desconoce". En 2011 y 2012, de nuevo, pide que se tumbe esta condena.
El exsenador Mario Uribe fue condenado a 7 años y seis meses de prisión por paramilitarismo en el año 2011. Sin embargo, desde 2009, la Procuraduría viene pidiendo su absolución pues "no se debe tener en cuenta el testimonio de Salvatore Mancuso ya que carece de validez".
Capturado en 2007, el exsenador Mauricio Pimiento Barrera fue condenado en 2013 a siete años de prisión y el pago de 2000 salarios mínimos por vínculos con paramilitares. La Procuraduría, por su parte, cree que el exsenador es inocente porque "no está del todo claro que en realidad exista en su caso la certeza de que él se hubiera aliado con grupos ilegales para lograr mantenerse en el Congreso de la República durante el periodo constitucional de 2002 a 2006".
Por el delito de desaparición forzada durante la retoma del Palacio de Justicia, fue condenado en 2011 a 35 años el General (R) Jesús Armando Arias Cabrales. La Procuraduría pide su absolución en 2010 porque "resulta imposible desconocer que no se presentó plena prueba que permita concluir con certeza la vinculación del General Arias Cabrales con tales desapariciones".
El exsenador antioqueño Humberto de Jesús Builes Ortega fue condenado a 90 meses de prisión y el pago de 2600 salarios mínimos por vínculos con paramilitares. La Procuraduría, en 2010, pidió su absolución porque "no existen pruebas reales que permitan demostrar que el exsenador Builes Correa hubiera comprometido su elección al Congreso de la República por el apoyo de grupos armados al margen de la ley".
Por nexos con las autodefensas y concierto para delinquir, fue condenado en 2012 a 90 meses de cárcel el exsenador Oscar Josué Reyes. Sin embargo, desde el 2010, la Procuraduría pidió su absolución porque consideró "que de los testimonios recogidos en la investigación, se encuentra duda frente a la existencia del delito de concierto para delinquir, por cuanto no se encontraron indicios de actuaciones o decisiones adoptadas por parte del exsenador, en su condición de candidato o miembro del Congreso, como promotor de grupos armados ilegales".
Por parapolítica, fue condenado el año pasado a 9 años de prisión el exsenador Javier Cáceres. La Procuraduría pidió su absolución porque "no existen pruebas fehacientes que vinculen al exsenador con los paramilitares. En el 2010 ya le había pedido al Consejo de Estado que mantuviera la investidura del senador.
En 2013, la Corte Suprema condenó, por parapolítica, a 9 años de prisión al exsenador Fuad Rapag. La procuraduría, de inmediato, pidió su absolución "al descartar que este haya establecido acuerdos políticos con grupos armados al margen de la ley".
En la misma condena de Rapag, fue condenado por parapolítica el exsenador antioqueño Oscar Suárez Mira. El procurador, desde 2012, pidió su absolución porque "no se allegaron pruebas documentales ni testimoniales fehacientes que permitieran inferir la relación o nexos del exsenador con grupos paramilitares".
Por paramilitarismo y Falsos Positivos fue condenado este año el coronel Hernán Mejía Gutiérrez. La procuraduría pidió su absolución porque el coronel siempre "respetó el Derecho Internacional Humanitario".
El exrepresentante a la Cámara por Caldas Juan Pablo Sánchez fue condenado, en 2011, a 90 meses de prisión y una multa de 3.400 millones de pesos por vínculos con paramilitares y concierto para delinquir agravado. La Procuraduría pidió su absolución porque "no encontró pruebas suficientes para corroborar el auxilio que supuestamente prestaron paramilitares a la candidatura de Sánchez".
En 2012 el senador Mario Nader fue condenado a 90 meses de cárcel por vínculos con paramilitares. Según la Procuraduría, "no se presentaron testigos ni pruebas documentales que permitieran inferir beneficios políticos o nexos por parte del exsenador con el Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas". El Ministerio Público pidió su absolución.
Aunque no han sido condenados, la Procuraduría ya pidió la libertad inmediata del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos y del Parlamentario Andino Óscar Arboleda. Ambos señalados por presuntos vínculos con paramilitares. Ambos inocentes hasta que un juez de la República decida lo contrario.
Sería bueno que el Procurador, así como lo ha hecho con los delincuentes mencionados en esta columna, aplique el mismo rasero con los guerrilleros de las FARC que están vinculados al proceso de paz, o que sea igual de intransigente, como lo es con las FARC, con estos personajes que tanto daño le han hecho al país.
Juan Pablo Barrientos Hoyos
Periodista Mesa de Trabajo de La Fm
@juanpbarrientos

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