jueves, 25 de julio de 2013

Las Reservas Campesinas en Colombia - Catatumbo

La reserva campesina del Catatumbo: pertinencia y convenienciaImprimirE-mail

Escrito por Darío Fajardo Montaña   
Domingo, 21 de Julio de 2013
Las comunidades organizadas del Catatumbo insisten en la creación de una reserva campesina sobre la base de una vieja tradición y de normas vigentes.  El gobierno lleva las de ganar si escucha el clamor de los campesinos y de los expertos.
Dario Fajardo encuentro  zonas de reserva campesina
Foto: Marcha Patriótica 
La tragedia de los enclaves
Las movilizaciones del Catatumbo, los reclamos campesinos por el cumplimiento de la ley 160 de 1994 y las posiciones dominantes desde el Estado, los medios de comunicación y los partidos tradicionales dan mucho en qué pensar sobre nuestro ordenamiento político y la idiosincrasia de la clase dirigente.
Las circunstancias han inspirado numerosas columnas de prensa, cuyos autores — MolanoGutiérrezOspina,SalinasMedina — nos recuerdan la difícil historia de la región. Traen a nuestra memoria cómo — desde fines de los ochenta — la región ha sido el escenario de  protestas por parte de sus pobladores en demanda de atención del Estado a sus necesidades: movilizaciones que expresan la difícil historia social y política de la ocupación reciente del Catatumbo.
Al igual que en otras regiones de frontera, las tierras baldías atrajeron a los desterrados por las guerras y la pobreza; pero sus valiosos recursos también despertaron el interés de grandes empresas interesadas en explotarlos y en enganchar a parte de la población que venía localizándose en ella: sería la mano de obra de los grandes proyectos.
La extracción del petróleo, del gas, del carbón y el beneficio de las plantaciones palmeras se sustentarían igualmente en la producción de las colonizaciones campesinas, de manera similar a lo ocurrido en otros enclaves como en Urabá y en el Putumayo.
Paradójicamente, gran parte de la tragedia de los habitantes de la región consiste en que habitan un territorio con abundantes recursos de alto valor, extraídos sin generar la menor compensación para sus habitantes y con la complicidad del Estado.
La explicación común a las reiteradas protestas de las comunidades en contra de las condiciones de vida a las que se ven sometidas ha sido el desgastado argumento de la supuesta ausencia del Estado.
Ocurre en el caso del Catatumbo, sin embargo, que la presencia del Estado realmente ha seguido otras pautas:
· una notoria representación parlamentaria del oficialismo;
· la permanente ocupación militar, acompañada de una ostensible actividad paramilitar;
· la creciente e inquietante aproximación del Comando Sur de las fuerzas armadas norteamericanas[1]
Para el Estado, estos poderes así configurados parecen suficientes para dar legitimidad a la forma como las empresas mineras extraen los recursos de la región, sin verse forzadas a retribuir parte de sus rendimientos; es un caso bien particular de la confianza inversionista.

Comunidades organizadas y activadas


Dario Fajardo ZRC paz delegación habana
Foto: pazfarc-ep
Pero esta historia de grandes intereses, de despojos y de pobreza escenificada en el Catatumbo  tiene hoy otro componente: la propuesta de sus comunidades de asumir por sí mismas las tareas de su propio desarrollo mediante la constitución de una zona de reserva campesina, figura contemplada en la ley 160 de 1994.
Siguiendo esta norma, los campesinos de la región han tomado el camino de identificar sus condiciones y necesidades, de priorizar las soluciones y de traducirlas en proyectos para ser realizados por ellas mismas con la supervisión de las agencias estatales correspondientes.
Coincide, ni más ni menos, con los términos planteados por Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz, cuando al imaginar el tránsito del país hacia la convivencia pacífica propuso lo siguiente:
“Tenemos que pensar nuevas formas de organización de las comunidades para sacar adelante la transición  dentro de la actual organización político–administrativa del Estado, que no está en discusión. Por ejemplo: si se va a desarrollar un nuevo programa de vías o de distritos de riego o de pequeños acueductos para llevar agua potable, perfectamente pueden ser las comunidades las que se organicen para priorizar, construir, administrar y mantener sus obras, bajo la supervisión de las autoridades municipales”. 
Las palabras del Alto Comisionado no se apartan de los procedimientos establecidos en la reglamentación de la ley 160 de 1994 para la figura de las reservas campesinas. En particular el decreto 1777 de 1996 y el Acuerdo 024 de diciembre de 1996 de la Junta Directiva del INCORA fijan procedimientos que las comunidades del Catatumbo ya han cumplido.
Lamentablemente los asesores presidenciales — por boca del propio primer mandatario — desecharon las propuestas priorizadas de las iniciativas campesinas, descalificando como una simple lista de mercado al ejercicio realizado por los campesinos y que coincide en lo esencial con la visión propuesta por Sergio Jaramillo.

Una vieja tradición 
La figura de la reserva — de profundo arraigo campesino — tomó cuerpo legal por primera vez en el decreto 1110 de 1928, mediante el cual se establecieron colonias agrícolas en varias regiones del país, donde el gobierno de entonces buscaba atenuar la crisis social generada por los conflictos de tierras.
Reaparecería como propuesta de los campesinos colonos del piedemonte caqueteño y de las márgenes de la Serranía de la Macarena, departamento del Meta, tras las conversaciones de paz iniciadas por el presidente Belisario Betancur[2].
Finalmente, fue incorporada en la ley 160 de 1994, como instrumento para el ordenamiento territorial y la interlocución de las comunidades agrarias con el Estado. Fue puesta en práctica al establecerse las primeras reservas en un proyecto piloto apoyado y financiado por el Banco Mundial, a finales de los años noventa.
Tal como quedo plasmada en la ley, la figura de la reserva campesina está enmarcada en el entorno institucional: corresponde a las agencias del Estado responsables de la gestión de la agricultura y del desarrollo rural financiarlas y darles apoyo técnico. Se sustentan esencialmente en una comunidad organizada en su territorio, capaz de identificar sus condiciones económicas y sus necesidades, de traducirlas en proyectos a ser financiados con recursos del presupuesto y de asumir su ejecución y coordinación.
Al iniciarse la administración de Juan Manuel Santos — y como parte de su oferta hacia las comunidades campesinas afectadas por la violencia, el despojo y el empobrecimiento — el gobierno propuso el denominado Plan de choque para las zonas de reserva campesina a través del cual se reactivaría la aplicación de la ley 160 de 1994.
Tal como lo están visualizado las organizaciones campesinas, su proceso de desarrollo territorial pasa por articularse con los mercados circundantes, en particular con los mercados urbanos, lo cual hace indispensable el afianzamiento de sus vínculos con los niveles municipal, regional y nacional en términos de gestión y de asignación de los recursos presupuestales: un típico proceso de planeación participativa.  Es decir: producción y desarrollo dentro de la institucionalidad ante todo… y fortaleciéndola además.

El caso de Calamar


Dario Fajardo ZRC paz exministro restrepo
Foto: CIAT 
Esta perspectiva fue visualizada y puesta en marcha por las comunidades de Calamar (Guaviare), durante el proceso de organización de la reserva campesina en esa localidad:
· La iniciativa fue formulada inicialmente para el conjunto de los tres municipios del departamento, recientemente constituido como tal, en el marco de la nueva Constitución (1994). 
· Quiso aprovecharse el área ya sustraída de la reserva de la Serranía de La Macarena, la cual abarca buena parte de los municipios de San José, El Retorno y Calamar. 
· Uno de los propósitos centrales en esta iniciativa era ofrecer a los colonos campesinos la oportunidad de asentarse en las vegas del río Guaviare, más atractivas en términos de fertilidad y de acceso a los mercados y de la infraestructura del vecino departamento del Meta. 
· El núcleo de la reserva sería Mapiripán, municipio que aunque pertenece al Meta, también fungía como punto de referencia para el área colindante del norte del Guaviare. 
· No obstante, estas tierras ya estaban en la mira de los empresarios palmeros que se instalarían en ella tras asegurarlas, como ocurrió luego de las masacres ocurridas a partir de 1996. 
Ante esas circunstancias, la decisión de establecer la reserva con mayores posibilidades  se orientó hacia el municipio de Calamar, donde las comunidades locales contaban con un grado más avanzado de organización, lo cual ha planteado un componente político relevante para el desarrollo de las reservas campesinas.
Este avance organizativo se traducía en la participación de las juntas comunales en la constitución y gestión del consejo municipal, gracias a lo cual el componente rural del plan de desarrollo del municipio fue elaborado desde vecindarios en donde ya se contaba con organizaciones de segundo nivel: las juntas interveredales.  De esta manera, cuando se constituyó la reserva campesina, su plan de desarrollo correspondía prácticamente al componente rural del plan de desarrollo del municipio.
Esta perspectiva de desarrollo institucional de la reserva de Calamar está siendo planteada en el municipio de San Vicente del Caguán, en donde la alcaldía contempla una articulación similar para la estructuración de su plan de desarrollo con el de la reserva campesina de El Pato–Balsillas, que hace parte de su jurisdicción.

Ventajas de una reserva campesina en el Catatumbo
Este propósito adquiere mayor relevancia en las circunstancias actuales: los municipios del país deberán adelantar pronto la revisión de sus planes de ordenamiento territorial (POT), en los cuales existen vacíos grandes y generalizados en el ámbito rural.  Para desarrollar esta tarea será particularmente ventajoso contar con comunidades organizadas, como ocurre en donde éstas han avanzado en la configuración de reservas campesinas.
Afianzar esta perspectiva en cualquiera de las regiones donde se plasme la figura de la reserva campesinaconsagrada en la ley 160 de 1994 — pero en especial en el caso de las más marginalizadas — conlleva una profunda transformación del territorio, en la medida en que conduce a la construcción de un interlocutor legítimo para el Estado en la gestión del desarrollo.
En el caso del Catatumbo — dada su localización en la frontera — la formalización de la reserva campesina contribuiría además a integrar a ambos países mediante el afianzamiento de los mercados de bienes agrícolas y manufacturados, y a superar las dificultades existentes en las relaciones binacionales.  
Frente a las tensiones generadas en la región del Catatumbo — y tal como lo señalan los autores anteriormente citados — la aproximación inicial del gobierno no deja márgenes de participación a las comunidades. Por el contrario, hasta ahora domina el tratamiento represivo. Como es de suponer, este mensaje aleja las expectativas en torno a la terminación del conflicto armado.  
Al mismo tiempo, las circunstancias particulares de esta región también pueden dar paso a que el gobierno acate de manera ejemplar un mandato de ley con el propósito de atender las demandas sociales de la región, lo cual será una contribución a la construcción de la paz y a la normalización de nuestras relaciones binacionales.

* El perfil del autor lo encuentra en este link.

[1] Visita del general John Kelly, Jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a Tibú, marzo, 2013 (Aporrea). 
[2] CUBIDES, Fernando, MORA, Leonidas, JARAMILLO, Jaime E., Colonización, coca y guerrilla, Bogotá, Alianza Editorial Colombiana, 1989

lunes, 22 de julio de 2013

Acuerdos incumplidos al agro


Aurelio Suárez Montoya, Bogotá, El Tiempo, julio 12 de 2013
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Columnistas como Gabriel Silva atribuyen la inconformidad de considerables sectores del agro a razones ajenas a la economía rural, como el “peligroso oportunismo” de “organizaciones patronales rurales”, a “agitadores de cuello blanco”, y hasta “terroristas”. Él, como otros, no repara en el incumplimiento oficial con los acuerdos firmados hace meses, reacciona por instinto. Para informarlos, vale un recuento de las violaciones a la palabra empeñada (Vea aquí los acuerdos). El acuerdo cafetero del 8 de marzo del 2013 dice: “El Gobierno Nacional se compromete a crear el mecanismo que garantice el pago total del PIC –Protección del Ingreso al Caficultor– en el momento de la venta del café”; y, agregaba que, “diseñará en el término de dos meses un nuevo sistema de pagos con su debida transición”. Después de transcurrido el doble del tiempo, los resultados contrarían lo firmado. En Antioquia, de 92.000 caficultores, apenas 42.000 han recibido subsidio; en Nariño de 37.000, solo el 25 por ciento; en Huila, de 80.000, casi 55.000; en Caldas, de 35.000, no llegan a 23.000 y, en el Cauca, de 95.000, no alcanza al 40 por ciento.

Con relación a los alivios crediticios y la normalización de cartera, la propia propaganda oficial avisa que 9.000 préstamos se han rediseñado de 220.000 potenciales. Esto porque se fuerza a refinanciaciones, con intereses sobre intereses, pretermitiendo la reprogramación convenida con tasa diferencial. Ni la mesa “que discuta reducción de precios de agroinsumos”, ni la de los impactos de los títulos mineros sobre territorio del café, ni otra “sobre importaciones”, se han convocado y, entre tanto, se suscriben acuerdos como Alianza Pacífico, con competidores directos como Perú y México.

A arroceros y cacaoteros les ha ido peor. A los primeros, de un precio ofrecido de $110.000 por carga (cosecha Llanos) se les paga, imponiendo una tabla de castigo, $97.000 y, los segundos reciben $3.500/kilo, al no ejecutarse las subvenciones del orden nacional y regional, que, como en Santander, deberían tener el precio en $4.700. En ambos casos, otras mesas acordadas, relativas a procesos de valor agregado e importaciones, tampoco se han reunido. Respecto al crédito, el mensaje para el arroz es “vendan y paguen deudas” y, en cuanto al asociativo, muy común en el cacao, ya corren procesos jurídicos. A los paperos, también damnificados, no les han entregado ni un peso de los $40.000 millones prometidos.

De otra parte, nuevos sectores se manifiestan. Los lecheros ven dramáticas caídas del precio por litro al límite de $500, ante el diluvio de derivados lácteos, leche en polvo y lactosuero, acercándose su desaparición cuando aterricen los productos de Europa y Nueva Zelanda. Los paneleros, a quienes no se les honran compromisos contraídos desde el 2009, son el yunque del martillazo de más 300.000 toneladas de azúcar importadas al año. En la misma fila, desesperados, están hortifruticultores y maiceros.

Este balance, radiografía de un gobierno incumplidor, desmiente que el malestar agrario sea “aprovechamiento de la tolerancia y el diálogo”, diálogo desvirtuado ante tanto “faltoneo”. El problema se gestó hace rato, desde cuando se soltó la rienda al potro desenfrenado del libre comercio o cuando se envejecieron los cafetales por falta de programas de renovación, o cuando se recetaba como elixir, “comprar Starbucks”. ¡Antes no estamos peor!

jueves, 18 de julio de 2013

La batalla por las semillas se intensifica en la Argentina

Ante el próximo tratamiento de una nueva ley de semillas el debate se ha profundizado en el país. Los intereses de las empresas semilleras se oponen a las organizaciones sociales y rurales.


MARCELA VALENTE*


El debate por la reforma de la ley de semillas en Argentina enfrenta a las firmas transnacionales productoras de especies transgénicas con organizaciones sociales, académicas y rurales que se resisten al avance del monocultivo en defensa de la biodiversidad y de la soberanía alimentaria.


El Ministerio de Agricultura insiste desde hace más de un año en que enviará un proyecto de reforma al Congreso Nacional a fin de reemplazar una ley sobre la materia que data de 1973, modificada varias veces al compás de la expansión de los monocultivos genéticamente modificados, como la soja, iniciada en los años 90. Pero el proyecto aún no se presenta, aunque hay dos borradores. La Asociación de Semilleros de Argentina, que reúne a las empresas de biotecnología, avala el contenido de los textos, pero es cuestionado por quienes ven en esas iniciativas intentos de restringir al máximo el uso propio -o la resiembra- por parte de los productores.

Críticas.
Las empresas argumentan que el mundo exige un mayor rendimiento por hectárea de los cultivos para satisfacer una demanda creciente de alimentos y añaden que una norma que regule y controle el mercado de semillas garantizará la recuperación de la inversión en investigación y desarrollo de las variedades modificadas.


En cambio, los críticos rechazan la expansión de este tipo de cultivos, aduciendo que impactan negativamente en la biodiversidad, incrementan la vulnerabilidad de la actividad agrícola frente a la variabilidad del clima y amenazan la supervivencia de familias rurales, que seleccionan las mejores semillas, las guardan y las utilizan para la resiembra.

La soja.
En Argentina, uno de los principales productores mundiales de soja, alrededor de 98 por ciento de las plantaciones de esa oleaginosa son de semillas transgénicas, una variedad desarrollada en los laboratorios de Monsanto que requiere la aplicación del herbicida glifosato, de la misma firma. Asimismo, 80 por ciento de las tierras cultivadas con maíz son también con semillas transgénicas.
Para 2014, esta transnacional estadounidense prevé inaugurar una planta de acondicionamiento de semillas de este tipo en la central provincia de Córdoba, que producirá 60.000 toneladas por año. La idea, dicen los responsables de la empresa en su sitio de Internet, es contribuir a la meta de duplicar la producción de alimentos para 2050. Pero junto con esta promesa, Monsanto también prevé una mayor fiscalización de las semillas que produce, que la que hubo hasta ahora.

"No es mercancía".
Carlos Carballo, coordinador de la cátedra de soberanía alimentaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, advirtió que esta expansión amenaza la diversidad de semillas nativas y criollas adaptadas a las condiciones del suelo y el clima de cada región. "La semilla no es una mercancía, sino parte de un patrimonio de la humanidad", subrayó Carballo ante la consulta de IPS.
Con el avance del monocultivo de soja y maíz transgénico, que está previsto en los planes del gobierno de aumento de la producción de alimentos, "habrá una expulsión masiva de pequeños productores".


Los conflictos por la tierra ya son una realidad. Un estudio del Ministerio de Agricultura y de la Universidad Nacional de San Martín dio cuenta en 2012 de que eran 830 las controversias que involucraban a 60.000 familias, en su mayoría productoras de subsistencia.


Las pujas se incrementaron con el avance de la frontera agrícola liderado por los cultivos transgénicos.

Pagar regalías.
Para Carballo, más allá de la ley que se apruebe, las empresas ya lanzaron su estrategia de protección de los nuevos conflictos. Monsanto comunicó en 2012 que ya no entregaría más semillas a productores que no hubieran firmado un compromiso que, entre otras cláusulas, permitiera a la firma fiscalizar su uso.


Apenas unos meses después de esa advertencia, Monsanto informó que entre el 70 y el 80 por ciento de los productores de soja ya habían firmado ese contrato, es decir que estaban obligados no solo a pagar regalías, sino a abstenerse de reutilizar las semillas patentadas bajo amenaza de acciones legales.


Monsanto, la principal productora de transgénicos en Argentina, fue la gran responsable de la expansión en los años 90 de la soja de este origen con su estrategia de resignar el cobro de regalías, señaló a IPS el ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho, coordinación regional de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL). "Eso le permitió ampliarse a todos los países del Cono Sur" de América, dijo este académico de vasta trayectoria en la materia, responsable de producir actualmente 47 por ciento de la soja y 28 por ciento del maíz que se venden en el mundo, según datos del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.

Ahora la estrategia es exigir la firma de contratos. "El productor no tiene escapatoria ni posibilidad de volver a usar la semilla", remarcó Souza. Alertó, además, que en la norteña provincia de Salta está avanzando la soja transgénica en pequeñas comunidades, lo cual pone en riesgo a las semillas nativas. "Necesitamos una ley que promueva el respeto de los modos de producción de las comunidades para conservar, mejorar y multiplicar las semillas, y permitir que haya intercambio", dijo.

Guardianes de semillas.
Los actores de este movimiento que busca participar en el debate señalan que el modelo de ley de semillas de Argentina podría ser el de Brasil o de Bolivia, donde se permite el cultivo transgénico a la vez que se fomenta y se protege la existencia de variedades de semillas nativas y criollas.


Carballo dijo que con apoyo estatal o de organizaciones no gubernamentales internacionales, en Colombia, Bolivia, Perú y Paraguay hay "guardianes de semillas", que seleccionan y custodian esos bienes naturales en bancos o casas de semillas, que son de disponibilidad pública.
Argentina también tiene programas locales de protección de semillas como el que funciona desde hace dos décadas en la nororiental provincia de Misiones. Mediante el "Programa de los maíces criollos", el Estado provincial y el nacional apoyan con asistencia técnica y recursos la selección, preservación y multiplicación de semillas de maíz criollas y nativas.


"Se producen allí semillas de muy buena calidad que luego el Estado compra y distribuye, porque el maíz es la base de la producción de proteínas para economías rurales pequeñas, que producen aves y cerdos", destacó Carballo. "Este modelo favorece el empleo rural y mejora la calidad de la alimentación", añadió.


Para el experto, el caso de Misiones muestra que hay una alternativa posible y no muy cara de preservar esos recursos naturales, y de hacerlo también desde el marco legal.

*Inter Press Service.
Fuente: http://www.laarena.com.ar/opinion-la_batalla_por_las_semillas_se_intensifica_en_la_argentina-97884-111.html

Para mayor contextualización sobre estos temas les recomendamos ver los videos:
1. Las malas semillas argentinas: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-b3YfC47tI8
2. Reverdecer: El Monocultivo de las mentes: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aBybqInz_bo

jueves, 11 de julio de 2013

Senador de Colombia en Estados Unidos vinculado a Robo de Tierras en Colombia

Revista Time de EU vincula a embajador Urrutia en escándalo de tierras
Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, julio 10 de 2013
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Time, una de las revistas más importantes de Estados Unidos, acaba de publicar un artículo en el que vincula al embajador Carlos Urrutia en el escándalo desatado por la apropiación ilegal de 52 mil hectáreas de tierras por parte de la multinacional Cargill (http://ti.me/13NmF6K).

El artículo señala que, de acuerdo con las investigaciones de Oxfam y de los congresistas del Polo, Wilson Arias y Jorge Enrique Robledo, Cargill creó 36 empresas ficticias para apropiarse ilegalmente de 52 mil hectáreas de campesinos del Vichada. Y agrega que a esta controversia se suma que “la orientación jurídica fue proporcionada por el bufete de abogados de Bogotá Brigard & Urrutia, cuyo ex principal accionista y socio gerente es Carlos Urrutia, embajador de Colombia en Washington. Tras su nombramiento diplomático el año pasado, Urrutia abandonó el bufete de abogados y vendió sus acciones, pero él estaba en Brigard & Urrutia, cuando muchas de las compras de Cargill se organizaron entre 2010 y 2012”.

La revista afirma que “Urrutia, amigo cercano del presidente colombiano Juan Manuel Santos, declinó hacer comentarios”.

El senador Robledo resaltó que ya son dos medios importantes de Estados Unidos, la Revista Times y The Wall Street Journal, los que se han referido a este tema y agregó que en las dos publicaciones el embajador Urrutia queda muy mal parado. Señaló que las actuaciones del diplomático desacreditan de manera grave al país y reiteró sus críticas al presidente Santos por su silencio.

Robledo concluyó que mientras los medios de norteamericanos destapan este escándalo en Colombia sigue predominando el tapen-tapen informativo.

miércoles, 10 de julio de 2013

Las Pavas... Les Voy a Cantar la Historia ... de despojo y regreso a la tierra

presentación del CD LES VOY A CANTAR LA HISTORIA. Un viaje sonoro de regreso a la tierra.
Una historia sobre el destierro y el retorno
Una historia de resistencia pacífica
Una historia contada y cantada por sus protagonistas
Jueves 11 de Julio de 2013
Biblioteca Nacional.
Calle 24 # 5-60
Sala Germán Arciniegas, 6:00 pm
Entrada libre y gratuita.
 Les Voy a Cantar La Historia es la recopilación sonora y audiovisual viva de la memoria de la comunidad campesina Colombiana de Las Pavas, víctima de desplazamiento forzado. Una historia emblemática, actual y en desarrollo.
Un proyecto de la Fundación Chasquis y la Fundación Connact con la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB).
Mayor información: www.lesvoyacontarlahistoria.com
Agradecemos la difusión de esta invitación y la confirmación de tu asistencia respondiendo este mensaje de correo electrónico.

KickStopper - No a la liberación de semillas sintéticas

¡Pedido de apoyo para detener el Proyecto de Plantas Fosforescentes!

Nuevas tecnologías
El Grupo ETC necesita su apoyo para detener a los biohackers de Estados Unidos, asociados con la empresa Genome Compiler Inc para que no realicen la primera liberación intencional de organismos diseñados en laboratorio.
5 de julio 2013
Estimados amigos y aliados,
¿Están tan alarmados como nosotros por esta nueva industria de ingeniería genética extrema, cada vez más conocida como biología sintética? El Grupo ETC necesita su apoyo para detener a los biohackers de Estados Unidos, asociados con la empresa Genome Compiler Inc para que no realicen la primera liberación intencional de organismos diseñados en laboratorio. Por favor, consideren hacer una donación a nuestra campaña Kickstopper para que podamos tomar acciones contra esta gran irresponsabilidad.

Plantas fosforescentes y el precedente que establecen. A finales de abril el Grupo ETC supo que biohackersen Estados Unidos, utilizando técnicas de biología sintética, desarrollaron una variedad de plantas que brillan en la oscuridad. El proyecto de plantas fosforescentes (Glowing Plant) intenta enviar a vuelta de correo cientos de miles de semillas diseñadas en laboratorio a cualquiera que haya pagado algo al proyecto mediante el sitio de financiamiento llamado kickstarter.com. Más aún, el plan para la liberación de los organismos sintéticos está organizado de tal modo que podrán evadir cualquier supervisión o monitoreo de las plantas diseñadas en laboratorio. Hasta donde hay conocimiento, esta será la primera liberación intencional en la historia de un organismo sintético. Pero será inmensa, sin control alguno, sin vigilancia o reglas. Es profundamente alarmante. Más información en nuestra página web.

En respuesta, el Grupo ETC lanzó la campaña Kickstopper. Nuestra meta es muy simple: evitar la liberación al ambiente de las semillas diseñadas mediante biología sintética. En colaboración con Avaaz organizamos una colecta de firmas que reunió a más de 14 mil personas llamando a que no se siguiera financiando el proyecto de las plantas fosforescentes. Desafortunadamente Kickstarter ignoró esa demanda así que los biohackers han recibido ahora casi medio millón de dólares para realizar su plan de envío masivo de semillas. El Grupo ETC logró, sin embargo, levantar mucha controversia en torno al proyecto. Se puede consultar la cobertura de varios importantes medios: CNN, The GuardianNature,New ScientistMother JonesSmart Planet etc). Se nos ha dicho de manera informal que nuestras preocupaciones las comparten reguladores del gobierno e incluso algunos de los biólogos del área de la biología sintética. Necesitamos frenar por completo la liberación de las semillas.
¡Que las semillas de la ingeniería genética extrema no salgan del laboratorio

Campañas efectivas requieren de recursos y por eso que les escribimos. El Grupo ETC considera que podemos detener entre todos la liberación de esas semillas diseñadas si contamos con los recursos para una campaña masiva. Tenemos muy buenos antecedentes en evitar que se desplieguen tecnologías sumamente dañinas, como las semillas Terminator, o los esquemas de geoingeniería que incluyen el experimento SPICE. Para desarrollar una campaña efectiva contra la primera liberación en el mundo de organismos sintéticos estamos tratando de recolectar $ 20 mil dólares mediante el sitio de financimiento Idiegogo.

Pueden ver nuestro video sobre la campaña (en inglés) y contribuir con fondos a esta campaña aquí. Cada donación ayuda.

También pueden donar al Grupo ETC en su sitio web, aquí.
Como parte de la campaña estamos trabajando con un equipo de artistas gráficos para producir un libro de comics sobre este problema. Cualquiera que done más de $ 25 dólares recibirá una copia del libro. Habrá otras cosas, como playeras y diseños originales. Visite el sitio de indiegogo para conocer todas las opciones.

En todo el mundo millones de personas en las comunidades están luchando contra la contaminación de semillas de ingeniería genética. Ayúdennos ahora a detener esta próxima amenaza y que las semillas de la ingeniería genética extrema no salgan del laboratorio.

Muchísimas gracias
Grupo ETC
Jim, Joelle, Kathy Jo, Neth, Pat, Silvia, Verónica

Firma la carta de apoyo a la pequeña y mediana minería en Colombia

CARTA ABIERTA DE APOYO A LA
MINERÍA NACIONAL ARTESANAL, PEQUEÑA Y MEDIANA

Bogotá, 9 de julio de 2013

El gobierno colombiano está decidido a convertir nuestro territorio en un “País Minero”. En las últimas décadas la legislación, la política económica y la ambiental se han venido adaptando para promocionar y brindar seguridad jurídica y confianza inversionista al capital, especialmente al extranjero, para realizar exploración y explotación minero-energética en una buena parte de Colombia, en detrimento de la sostenibilidad ambiental, la agricultura, las formas de vida tradicional, la permanencia en el territorio y la posibilidad de formas alternativas de producción.

Es así como el tejido social y la biodiversidad están siendo afectados por grandes proyectos multinacionales, sin control del Estado, que están causando un daño irreparable como en La Guajira, Cesar, Córdoba, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Meta, solo por mencionar algunos. Además, hay otros tantos a la expectativa de iniciar, como en Santurbán, Cajamarca, Marmato, Cauca, Eje Cafetero, Huila, Tasco y Pisba, que profundizarán la condición de exportador neto de materias primas, condenándonos a la miseria, el hambre y la destrucción ambiental.

En la mitad, entre los gobernantes que decidieron renunciar a ejercer soberanía en Colombia y quienes hemos advertido del desastre de este modelo minero-energético al servicio de intereses foráneos, están cientos de miles de colombianos que históricamente han realizado minería de manera artesanal y en pequeña escala e incluso -como resultado de la tecnificación- de manera mecanizada. Al ser un obstáculo para que la gran minería transnacional inicie sus proyectos, el Gobierno Nacional ha liderado una política pública para estigmatizarlos, perseguirlos y acabarlos.

Aun cuando es cierto que este tipo de minería, como cualquiera otra, genera un impacto ambiental, también lo es –como es apenas obvio- que por su tamaño el nivel de contaminación es menor que el de  la gran minería a cielo abierto. Estos pequeños mineros, con el acompañamiento y asistencia del Estado, deben avanzar prontamente en la dirección de mejorar sus prácticas. Así mismo, quienes estamos cuestionando el modelo minero-energético, conscientes del poder descomunal que tienen las transnacionales a través del gobierno, debemos hacer un esfuerzo por lograr que este sector de la población, de mineros artesanales, pequeños y medianos, no sean arrasados y podamos sumarlos a las acciones académicas, jurídicas y de movilización ciudadana en defensa de nuestro territorio, para detener la mal llamada Locomotora Minero-Energética y lograr una nueva política al servicio de los intereses nacionales.

Atentamente,
Carlos Gaviria Díaz, ex candidato presidencial y ex magistrado de la Corte Constitucional.
Clara López Obregón, presidenta del Polo Democrático Alternativo.
Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático Alternativo.
Diego Otero Prada, Rector de Uniciencia Bucaramanga y ex viceministro de Minas
Luis Álvaro Pardo, Director de Colombia Punto Medio y ex Director de Minas del Ministerio.
Rodolfo Arango, Columnista de El Espectador, Ph.D en Filosofía del Derecho.
Guillermo Rudas, asesor de la Contraloría.
Fernando Vargas, asesor de la Contraloría.
Alexander López Maya, Senador del Polo Democrático Alternativo.
Mauricio Ospina, senador del Polo Democrático Alternativo.
Carlos Bula, ex ministro de Trabajo y ex embajador de Colombia en Polonia.
Wilson Arias, Representante a la Cámara del Polo Democrático Alternativo.
Álvaro Zerda Sarmiento, profesor de economía de la Universidad Nacional.
Natalia Trujillo, sicóloga de la Universidad Nacional.
Alfonso Insuasty, profesor de la Universidad San Buenaventura, Medellín.

Organizaciones:
Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, Reclame.
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Carbón, Sintracarbón.
Comisión de Vocerías Nacionales de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE.
Asociación Minga.
Colectivo Soberanía y Naturaleza.
Corporación Aury Sará Marrugo.
Centro de Estudios del Trabajo, Cedetrabajo.
Project Counselling Service, PCS Colombia.
Fuerza de Mujeres Wayuu.
Comité Cívico Por la Defensa del Río Ranchería y el Manantial Cañaverales.
Federación de Comunidades Afectadas y Desplazadas por la Explotación Minera en La Guajira.
Grupo de Trabajo Soberanía, Universidad Nacional.
Grupo Alza La Voz, Universidad Javeriana.
Grupo Ingenio ConCiencia, Escuela Colombiana de Ingeniería.
Grupo Manifiéstate, Universidad del Rosario.
Grupo Actúa Libre, Universidad Libre.
Grupo Mentes Divergentes, Universidad Santo Tomás.
Grupo Mente Manía, Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Grupo Grita Juventud, Universidad Externado de Colombia.
Grupo Pensamiento Alternativo, Universidad de Los Andes.
Centro de Estudios del Carbón y la Gran Minería.   
Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, Asoprudea.
Consejo Mayor Comunitario del Porce.
Grupo de Investigación Kavilando.
Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Huila.
Asociación de Institutores Huilenses, ADIH.
Sintraelecol, Huila
Unión Sindical Obrera, USO, Huila.