viernes, 20 de diciembre de 2013

Festival de Expresiones Rurales y Urbanas - Video - Bucaramanga, Santander - Colombia 2013

http://www.youtube.com/watch?v=Uabz00qIKfI

En el marco de la Semana Verde Global - GGAW, se realizó un enlace de actividades por parte de organizaciones sociales y campesinas en 26 países de América Latina, África, Europa y Asia, buscando crear conciencia sobre la importancia de la comida sana, los mercados locales y la soberanía alimentaria. 

Desde Bucaramanga - Santander, decidimos unirnos a esta campaña a partir del proceso de diálogo campo-ciudad y el IV Festival de Expresiones Rurales y Urbanas, y con orgullo presentamos el aporte campesino al traer productos que tienen que ver con comunidades que conservan bosques, que trabajan por la diversidad cultural y la agroecología, que además promuevan un intercambio solidario con los-as habitantes del Barrio La Joya.

mayor información: fundaexpresion@gmail.com

viernes, 13 de diciembre de 2013

Las normas de semillas no pueden ser iguales para todos

Coag y Red de Semillas exigen que se protejan los derechos de los agricultores

13 de diciembre de 2013

Ante la propuesta presentada por la Comisión Europea de modificar la normativa de producción y comercialización de los materiales de reproducción vegetal, Red de Semillas y Coag exigen al Parlamento Europeo y al Ministerio de Agricultura que garanticen los derechos de los agricultores para vender sus propias semillas y defiendan su patrimonio genético. Ambas organizaciones están siguiendo detalladamente el proceso de discusión comunitario sobre este reglamento que se pretende aprobar con urgencia en la primavera de 2014, antes de las elecciones europeas. El pasado mes de mayo, la Comisión Europea presentó la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la producción y comercialización de los materiales de reproducción vegetal y se aprobó dando así un paso más en el proceso denominado ‘Better Regulation’.
La propuesta presentada queda enmarcada, según Coag y Red de Semillas, en un contexto de control, certificación, sanidad y registro ligado a una producción industrial, burocratizada, deslocalizada y nada favorable a los sistemas agroecológicos de producción, biodiversidad agrícola, derechos del agricultor a vender sus propias semillas y a la puesta en marcha de microempresas de semillas de variedades tradicionales.
Como respuesta a esta normativa Coag y Red de Semillas demandan al Magrama y al Parlamento Europeo:
  • El respeto del derecho de los agricultores para utilizar, intercambiar y vender sus propias semillas. Este derecho debe quedar fuera del ámbito de aplicación de esta legislación. Los agricultores que hacen venta directa de semillas como complemento de su actividad deben estar exentos de las mismas exigencias que el resto de operadores.
  • Las microempresas artesanales que producen y comercializan semillas de variedades locales necesitan reglas adaptadas a su actividad, completamente diferente a la que realizan las grandes empresas de semillas de producciones deslocalizadas y distribución kilométrica.
  • Son necesarias reglas adaptadas para el registro de las variedades para la agricultura ecológica y para la agricultura de bajos insumos.
  • Los agricultores y consumidores deben tener la posibilidad de elegir los alimentos que consumen y las plantas que cultivan. Demandamos transparencia en los métodos de selección utilizados para generar las variedades y la propiedad intelectual que gestiona su uso. Esta información debe constar obligatoriamente en el etiquetado.

martes, 10 de diciembre de 2013

Los Perdones del Procurador General de la Nación - Colombia

Los perdones del procurador

Juan Pablo Barrientos
El Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez no es un enemigo de la paz. Por el contrario, plantea unos interrogantes válidos en medio de un proceso que cambiará el rumbo del país.


A grito herido, el doctor Ordóñez ha pedido que los crímenes de las FARC no queden en la impunidad. Comparto dicha preocupación, pero a la vez cuestiono que mientras el Procurador exija mano dura con estos subversivos, pida a la vez la absolución o libertad de criminales, iguales o peores que los insurgentes de las FARC.
Sería injusto no aclarar que en los más de 4 años que el Procurador Ordóñez ha estado al frente del Ministerio Público, se ha batido récord en destituciones, inhabilidades y peticiones de condena para políticos que han incurrido en actos ilegales. Sin embargo, llama la atención la posición de la Procuraduría frente a algunos casos. La lista es larga, pero aquí va un recorderis de algunos de ellos.
El exsenador Alvaro Araújo fue condenado por la Corte Suprema a 9 años y tres meses de prisión porque "hacía parte de una estructura criminal y sus nexos con Jorge 40". Según comunicado del 2009 de la Procuraduría "no hay prueba documental sobre esos supuestos nexos ilegales" por lo que pide su absolución. En agosto de 2010 lo absuelve disciplinariamente.
El exsenador Iván Díaz Mateus fue condenado en 2009 a 72 meses de prisión dentro del proceso conocido como la Yidispolìtica. Ese mismo año, la Procuraduría pide absolverlo "luego de analizar diferentes respuestas sobre el mismo tema presentadas por Yidis Medina en diversas declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia".
En 2010, el coronel Alfonso Plazas Vega fue condenado a 30 años de prisión por la desaparición de 11 personas durante el operativo de retoma del Palacio de Justicia en 1985. En septiembre de 2009 la Procuraduría "solicitó a la Juez Tercera Penal del Circuito Especializado de Bogotá que profiera sentencia absolutoria en favor del procesado, pues no existe prueba suficiente que permita establecer la responsabilidad directa del Oficial en retiro con la desaparición de ocho personas rescatadas por miembros del Ejército Nacional que fueron conducidas a la Casa del Florero y cuyo paradero aún se desconoce". En 2011 y 2012, de nuevo, pide que se tumbe esta condena.
El exsenador Mario Uribe fue condenado a 7 años y seis meses de prisión por paramilitarismo en el año 2011. Sin embargo, desde 2009, la Procuraduría viene pidiendo su absolución pues "no se debe tener en cuenta el testimonio de Salvatore Mancuso ya que carece de validez".
Capturado en 2007, el exsenador Mauricio Pimiento Barrera fue condenado en 2013 a siete años de prisión y el pago de 2000 salarios mínimos por vínculos con paramilitares. La Procuraduría, por su parte, cree que el exsenador es inocente porque "no está del todo claro que en realidad exista en su caso la certeza de que él se hubiera aliado con grupos ilegales para lograr mantenerse en el Congreso de la República durante el periodo constitucional de 2002 a 2006".
Por el delito de desaparición forzada durante la retoma del Palacio de Justicia, fue condenado en 2011 a 35 años el General (R) Jesús Armando Arias Cabrales. La Procuraduría pide su absolución en 2010 porque "resulta imposible desconocer que no se presentó plena prueba que permita concluir con certeza la vinculación del General Arias Cabrales con tales desapariciones".
El exsenador antioqueño Humberto de Jesús Builes Ortega fue condenado a 90 meses de prisión y el pago de 2600 salarios mínimos por vínculos con paramilitares. La Procuraduría, en 2010, pidió su absolución porque "no existen pruebas reales que permitan demostrar que el exsenador Builes Correa hubiera comprometido su elección al Congreso de la República por el apoyo de grupos armados al margen de la ley".
Por nexos con las autodefensas y concierto para delinquir, fue condenado en 2012 a 90 meses de cárcel el exsenador Oscar Josué Reyes. Sin embargo, desde el 2010, la Procuraduría pidió su absolución porque consideró "que de los testimonios recogidos en la investigación, se encuentra duda frente a la existencia del delito de concierto para delinquir, por cuanto no se encontraron indicios de actuaciones o decisiones adoptadas por parte del exsenador, en su condición de candidato o miembro del Congreso, como promotor de grupos armados ilegales".
Por parapolítica, fue condenado el año pasado a 9 años de prisión el exsenador Javier Cáceres. La Procuraduría pidió su absolución porque "no existen pruebas fehacientes que vinculen al exsenador con los paramilitares. En el 2010 ya le había pedido al Consejo de Estado que mantuviera la investidura del senador.
En 2013, la Corte Suprema condenó, por parapolítica, a 9 años de prisión al exsenador Fuad Rapag. La procuraduría, de inmediato, pidió su absolución "al descartar que este haya establecido acuerdos políticos con grupos armados al margen de la ley".
En la misma condena de Rapag, fue condenado por parapolítica el exsenador antioqueño Oscar Suárez Mira. El procurador, desde 2012, pidió su absolución porque "no se allegaron pruebas documentales ni testimoniales fehacientes que permitieran inferir la relación o nexos del exsenador con grupos paramilitares".
Por paramilitarismo y Falsos Positivos fue condenado este año el coronel Hernán Mejía Gutiérrez. La procuraduría pidió su absolución porque el coronel siempre "respetó el Derecho Internacional Humanitario".
El exrepresentante a la Cámara por Caldas Juan Pablo Sánchez fue condenado, en 2011, a 90 meses de prisión y una multa de 3.400 millones de pesos por vínculos con paramilitares y concierto para delinquir agravado. La Procuraduría pidió su absolución porque "no encontró pruebas suficientes para corroborar el auxilio que supuestamente prestaron paramilitares a la candidatura de Sánchez".
En 2012 el senador Mario Nader fue condenado a 90 meses de cárcel por vínculos con paramilitares. Según la Procuraduría, "no se presentaron testigos ni pruebas documentales que permitieran inferir beneficios políticos o nexos por parte del exsenador con el Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas". El Ministerio Público pidió su absolución.
Aunque no han sido condenados, la Procuraduría ya pidió la libertad inmediata del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos y del Parlamentario Andino Óscar Arboleda. Ambos señalados por presuntos vínculos con paramilitares. Ambos inocentes hasta que un juez de la República decida lo contrario.
Sería bueno que el Procurador, así como lo ha hecho con los delincuentes mencionados en esta columna, aplique el mismo rasero con los guerrilleros de las FARC que están vinculados al proceso de paz, o que sea igual de intransigente, como lo es con las FARC, con estos personajes que tanto daño le han hecho al país.
Juan Pablo Barrientos Hoyos
Periodista Mesa de Trabajo de La Fm
@juanpbarrientos

domingo, 8 de diciembre de 2013

Comunicado de los campesinos de Pueblorrico - No a la minería

Campesinos de Pueblorrico se Pronuncian frente a los Cómplices de la Locomotora Minero-Energértica

Comunicado a la Universidad Nacional, al Servicio Geológico Nacional y a la Opinión Pública

Debate Con Investigadores de la Universidad Nacional de Colombia
Las comunidades campesinas del municipio de Pueblorrico manifestamos nuestra gran preocupación e inconformidad con lo que se ha estado presentando en los últimos meses, con relación a las intromisiones realizadas por geólogos y otros profesionales de la Universidad Nacional de Colombia y del Servicio Geológico Nacional, quienes con finalidades desconocidas han pretendido recoger muestras del suelo y de las fuentes hídricas, invadiendo nuestro territorio sin identificación clara y confiable, sin consultarnos, irrespetando nuestra tranquilidad.

El pasado 20 de Noviembre, como resultado de denuncias hechas a la administración municipal y como exigencia de las comunidades campesinas del municipio de Pueblorrico, se convocó a un debate con los “profesionales” de la facultad de Geociencia de la Universidad Nacional de Colombia quienes vienen realizando acciones conjuntas para el Servicio Geológico Nacional Colombiano en un proyecto en el que se han definido áreas estratégicas para el país con el fin de evaluar el potencial de los recursos minerales.

Frente a las discusiones que se dieron en el 2012 con las comunidades campesinas en las que se denunció a los funcionarios del Servicio Geológico de no identificarse cuando las comunidades lo solicitaron, de pagarle a menores de edad para que fueran guías en zonas de alto riesgo, la no información previa de sus acciones antes las instancias administrativas locales y ante la prepotencia actual de estos funcionarios públicos y de los “investigadores” de la Universidad Nacional de no consultar a las comunidades si realmente estaban de acuerdo con que se realizaran estos trabajos “académicos” y de pretender disfrazar una socialización como si fuera una aprobación comunitaria, antes estos hechos que consideramos vergonzosos y ofensivos para con nuestro pueblo, decidimos:

1. Rechazar la presencia de actores extraños y foráneos en nuestras comunidades que pretendan realizar investigaciones sobre nuestro territorio sin contar con el consentimiento de las comunidades. 

2. Exigir a las universidades públicas y privadas, lugar en la que muchos de nuestros familiares e hijos nos estamos formando y a las que tanto hemos aprendido a querer, a pesar de las dificultades internas que puedan tener, que asuman una posición política en defensa del Territorio. Universidades e Instituciones que estén a favor de la locomotora minero - energética y las leyes del despojo, por acción u omisión, jamás serán bienvenidas a nuestro territorio. Exigimos que se abstengan de venir, evitándonos conflictos y actuaciones irresponsables para con los campesinos de Pueblorrico y del Suroeste.

3. Las instituciones, grupos de investigación, organizaciones u otros actores que no asuman responsabilidades de defender un patrimonio común y universal como es nuestra madre naturaleza y nuestra cultura campesina e indígena, jamás contarán con nuestra confianza y amistad. Nuestra Vida no tiene puntos intermedios, no confiamos en quienes se autodenominan “neutrales” mientras nuestras comunidades son amenazadas con el despojo, el desplazamiento, el uso desmedido de la fuerza estatal e ilegal, la desaparición forzada, la muerte… nosotros fomentamos la protección y preservación de la vida y la dignidad.

4. Declarar como personas no gratas al gobierno nacional, a los gobiernos departamentales y locales y a todas aquellas instituciones que nos han ignorado, pasando por encima de la autodeterminación comunitaria. Nosotros somos campesinos e indígenas, también somos Colombia y porque todas estas tierritas son nuestra vida, la defenderos para que nuestros hijos, y también los suyos, tengan condiciones dignas de vida.

5. Enviamos un llamado muy especial a todos nuestros hermanos campesinos e indígenas de Pueblorrico, del Suroeste de Antioquia, de Colombia, de América Latina y del Mundo para que sigamos unidos defendiendo lo que hemos sido y lo que queremos seguir siendo, campesinos e indígenas con dignidad.

6. Nos unimos a los lazos de Fraternidad de las organizaciones regionales que se han articulado al Cinturón Occidental Ambiental COA, queremos defender lo que por derecho propio nos pertenece: Un Territorio Sagrado Para La Vida. 


Asociación Campesina Comunidad en Acción 
Juntas de Acción Comunal de Pueblorrico 
Periódico La Calle 30 
Cinturón Occidental Ambiental

Noviembre de 2013
Pueblorrico Antioquia

lunes, 2 de diciembre de 2013

Debate sobre las semillas criollas en Colombia

Continúa el debate sobre las semillas criollas, que están en una especie de limbo jurídico.

Tres meses después del paro agrario, la inconformidad de labriegos y defensores de semillas en lugar de apaciguarse se ha caldeado. Ni el pacto que firmaron campesinos y Gobierno, ni las explicaciones que ha dado el Instituto Colombiano de Agricultura (ICA) han sido suficientes para calmar los ánimos. La razón: el futuro y regulación de las semillas.
La indignación de los labriegos tiene su origen, según expertos y agricultores consultados por EL TIEMPO, principalmente, en dos aspectos: el impacto que causó en redes sociales, durante el pasado paro agrario el Documental 970, que denunció decomiso y erradicación de 1.580 bultos de semillas de arroz, en Campoalegre (Huila); y, segundo, en la redacción de la resolución 970, del ICA (que regula el uso y comercialización de semillas) que no especifica que esta norma excluye a las semillas nativas, locales, criollas o ancestrales, como suelen llamarlas los labriegos (ver nota entrevista FAO).
En el ICA, sin embargo, dicen que consultaron a abogados y llegaron a la conclusión de que no es necesario “citar en una resolución lo que no se va a regular” y por eso no se menciona específicamente esta clase de semillas y aclaran que esa entidad “no ha regulado ni ha levantado una sola acción en contra de la producción de las semillas nativas o locales. No están reglamentadas y es libre su comercio”.
El asunto, según los campesinos, no es tan claro.
Los escuderos
Papa sabanera, criolla y pastusa son las tres variedades que, por mucho, atinan a enumerar quienes consumen este producto en las ciudades. Sin embargo, Geiler Vargas ha sembrado unas 110 variedades de papas colombianas, mediante la selección de las mejores semillas de sus propias cosechas, muchas heredadas de su padre, o que ha intercambiado con otros campesinos.
Dice que la variedad pana azul es de las mejores porque es fuerte, no requiere de químicos, soporta el mal tiempo y las plagas, además es grande y buen alimento. Para este agricultor, oriundo de Santander, “la semilla es lo principal que puede haber en el planeta. Donde hay semilla hay comida para uno sobrevivir”.
Las 200 especies de semillas (incluyendo maíz, arveja, lenteja, fríjol y papa) con que cuenta Fabriciano Ortiz, de la provincia de Márquez (Boyacá), tienen un valor incalculable. “La gente pensaba más en estar bien con la comida, en la salud y no en la acumulación de capital que tanto importa ahora”.
Lo corrobora Carlos Ancízar Rico, de Argelia (Valle del Cauca): “Venimos promoviendo el cambio, la no utilización de agrotóxicos en la siembra”. Este activista del campo, además, asegura que en Colombia, para cumplir con requisitos de los Tratados de Libre Comercio (TLC), especialmente con Estados Unidos, se han dictado normas que atentan contra las semillas que no están certificadas por el ICA.
“Claro que los pequeños y medianos campesinos estamos en peligro –explica Rico–, pues las normas se han tornado para prohibir, no para protegernos”.
Lo mismo piensa César Pachón, representante de los paperos en la mesa de negociación con el Gobierno, luego del pasado paro agrario. “Lo que le dijimos al ICA en la negociación fue: ‘Necesitamos que se tumbe la resolución 970 y las otras normas de semillas y planteemos unas nuevas en las que protejamos las semillas nativas y, más bien, controlemos las que vienen de afuera”.
Los entrevistados coinciden en esto: es una paradoja que las normas del país protejan las semillas producidas en laboratorios, fuera del país, al tiempo que se desconoce la tradición del campo, en lugar de aportarles herramientas y capacitarlos en el aspecto fitosanitario.
“Esta resolución 970 y otras leyes que hay atentan contra nuestra cultura y nuestro sistema de reproducir semillas. Eso va contra la soberanía alimentaria, el derecho al trabajo y la vida digna; ahí nos están bloqueando severamente”, dice Pachón.
‘Cosechando’ sueños
Para Carlos Ancízar el proceso de paz es una oportunidad para cambiar a fondo las estructuras del agro y hacer conciencia del mal que le hace a nuestro país, por ejemplo, pasar de una dieta alimentaria basada en cultivos ancestrales a una dieta importada.
“No tiene sentido apuntar a un modelo de dependencia alimentaria, cuando tenemos un país con riqueza agrícola; hay necesidad de un modelo de desarrollo que evite la concentración de capital, que respete la dignidad humana y con ello las prácticas, tradiciones y trabajo de los labriegos”.
A pesar de las explicaciones que da el ICA y las recomendaciones de la FAO continúa la inconformidad por las normas que regulan el uso y comercialización de las semillas al punto que líderes campesinos promueven una movilización hacia Bogotá el próximo 3 de diciembre para insistir en la derogación de la 970 y otras normas que, según ellos, los perjudican. “Más claridad, más respaldo a nuestro trabajo y más inversión”, eso es lo que necesitamos, concluyó Pachón.
La legislación que piden revisar
Según el ICA, la resolución 970 busca regular la comercialización de las variedades nuevas de semillas, creadas en universidades o centros de investigación o que se traen de afuera. De acuerdo con la entidad, tras socializar la 970, en el año 2011, decidieron revisarla, debido a confusiones. Por ello, desde junio y hasta el 5 de diciembre está en consulta en: www.ica.gov.co enlace Consulta Pública.
Para Germán Vélez es un error porque “el ICA no puede pretender consultar 12 millones de campesinos y comunidad indígena por internet. ¡Eso no es un mecanismo de consulta. Es inaceptable!”, dijo.
Por otro lado, el Gobierno Nacional se comprometió a congelar esta resolución luego del paro agrario.
‘Fue aprobada en el marco del TLC’
La ONG Grupo Semillas asegura que las leyes privatizan y criminalizan el uso de las semillas criollas. Al respecto, la entidad opinó.
La 970 fue expedida con el argumento de lograr la sanidad y calidad de las semillas, pero en realidad lo que permite es la monopolización de éstas por parte de las grandes empresas, y volver obligatorio el uso y la comercialización de semillas certificadas y registradas. Exigimos la derogatoria de la Resolución 970 y rechazamos cualquier norma que pretenda sustituirla.
El artículo 4 de la ley 1032, la resolución 970 y la ley 1518 fueron aprobadas en el marco de los Tratados de Libre Comercio, lo que conlleva a que estas normas beneficien a grandes transnacionales semilleras y no a pequeños agricultores.
Las normas de semillas y sus modificaciones en los últimos años en Colombia, responden a presiones desde los países industrializados para que adecuen las leyes nacionales a las normas de propiedad intelectual. Los agricultores han perdido el control de muchas semillas y ahora se les criminaliza por usarlas.
Entre el 2010 y el 2012 el ICA decomisó más de 4’167.225 kilos de semillas, de acuerdo con información oficial entregada por esta misma entidad. En el 2011 destruyeron en Campoalegre cerca de 70 toneladas de arroz de alta calidad. Consideramos que de esta forma se están violando los derechos de los agricultores.
Un documental desató la denuncia
El ‘Documental 970’*, realizado por Victoria Solano, periodista y realizadora audiovisual, fue emitido antes de las protestas campesinas y motivó la polémica sobre la resolución. “Allí se relata la historia de un grupo de campesinos a los que el Gobierno les incauta y destruye 70 toneladas de arroz. En defensa de los intereses de empresas transnacionales y las repercusiones de la resolución 970 en el campo colombiano”, según descripción de los productores del video. Solano, por medio de videos en Youtube, llamados ‘ICA miente’, refuta los argumentos del ICA sobre lo sucedido en Campoalegre. Señala que los campesinos entrevistados dicen: “Nunca el Invima se presentó en Campoalegre a tomar muestras del arroz. El concepto de ellos decía que el arroz podría ser tóxico, pero nunca con una prueba de laboratorio. El ICA destruyó toneladas de arroz basado en esto”.
* Para ver más argumentos de Solano, buscar en Youtube ‘ICA miente’ y ‘Documental 970 de Victoria Solano’.
‘La 970 no es producto del TLC’: ICA
El ICA asegura que el negocio de las semillas no está en manos de multinacionales.
–Según el ICA, en la 970 se regulan las variedades de nuevas de semillas, aquellas creadas en universidades o centros de investigación o que vienen del extranjero.
“Para que lo que se venda sea regulado y que no entre cualquier cosa a competir con las otras semillas. Nadie está prohibiendo sembrar semillas nativas”, informó el ICA.
Otra de las críticas más fuertes que recibe esta polémica resolución es que se haya creado para favorecer el TLC con Estados Unidos. Ante esto, el ICA ha negado que la norma tenga relación alguna con dicho tratado.
“Esta norma no es producto de ningún TLC. Es una norma independiente de los derechos de obtentor; es una regulación netamente sanitaria”, subrayó la entidad.
Además, el ICA desmiente que el negocio de las semillas esté en manos de multinacionales. “Queremos desvirtuar que este negocio esté en manos de multinacionales. Del 100 por ciento de las semillas, las multinacionales manejan el 15 por ciento en el país, y solo en semillas de maíz y algodón”, informó la entidad.
Ante el Documental 970 el ICA desmiente que las semillas que se destruyeron en Campoalegre fueran criollas. Además, la entidad explicó que todas esas semillas destruidas estaban protegidas con derechos de obtentor de un productor nacional.
Y agrega: “En el Documental 970 hablan de la destrucción de semillas nativas; resulta que esas semillas del documental son variedades mejoradas por las empresas nacionales (son semillas que tienen derecho de obtentor). ¿Qué muestra el video? Que esas semillas son ancestrales, pero no, Fedearroz las descubrió hace 5 años. En Campoalegre se evidenciaba que las iban a comercializar de nuevo; esa es la piratería que debemos acabar”.
‘Se necesita un marco que las regule’: FAO Colombia
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Colombia (FAO, por sus siglas en inglés), el posible malestar que se generó en las ciudades y en el campo con respecto a las semillas está relacionado, en parte, con la forma como se comunicó la norma.
“La resolución 970 pretende algo muy bondadoso, y es que va en pro de la salud y la sanidad. Hay algunas semillas que son mal almacenadas, que no se manipulan adecuadamente y se pueden infestar de hongos o plagas y generar fuertes problemas de salud. Por eso sí se necesita un marco que regule el uso de las semillas, no que las prohíba”, afirmó Rafael Zavala, director de la FAO Colombia.
De acuerdo con esta organización, la resolución se podría mejorar de dos maneras: la forma de comunicarla, “no el cuerpo de la ley sino el cómo darla a conocer”.
Dijo su vocero que en Colombia, por ejemplo, “el celular es una herramienta de comunicación que debería ser muy bien aprovechada por el ICA, pues todos los campesinos lo tienen. Y la otra es que, dentro de la resolución, falta un apartado en el cual esté clara la sensibilidad institucional en cuanto a la promoción de semillas, mercados y saberes locales; un apartado que promueva estas semillas, un marco en el que diga: aquí no es que se prohíba sino que se necesitan estos requisitos. Que tú, como productor, puedas generar una semilla local con denominación de origen”.
Rafael Zavala asegura que la FAO promueve la generación de conocimiento local, los bancos de semillas, los custodios y todo lo relacionado con recursos naturales a nivel territorial o local.
Por eso, si la 970 trae consigo nuevas normas y procedimientos para el campesino, lo mínimo que se espera es que “el Estado facilite el acceso a estos procedimientos. Que no se vuelva una traba sino que lo guíe, que acompañe al productor en ese camino que va a tener que emprender, que es nuevo para él”.
La FAO insiste en la importancia de que la gente de las ciudades empiece a ver más hacia el campo y también a apreciar este tipo de esquemas de producción que ahora son más nichos culturales.
Documental polémico
La otra parte que provocó polémica en el país fue el Documental 970 que, para Zavala, resulta poco objetivo, sensacionalista y con nivel de información muy parcial, pero reconoce que gracias a éste muchas personas en las ciudades dijeron: “‘A ver de qué se trata eso’”.
“Y se empezaron a generar cuestionamientos en personas ajenas al conflicto. Sobre todo en países como Colombia, como México, que hay una gran diferencia entre la ciudad en la que habita la gran mayoría de personas y las zonas rurales de donde provienen los alimentos”, dijo Zavala.
Y añadió: “Que lo malo, sirva de algo bueno. La gran lección en este caso es que el ICA debe aprovechar herramientas como el celular y saber comunicar las cosas”.
‘Las semillas no pueden tener dueños’
Germán Vélez, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional, es el director de la ONG Grupo Semillas desde 1994.
¿Cuándo las semillas se vuelven parte de un conflicto?
En los años 50 se planteaba que para poder alimentar a la población creciente del mundo teníamos que tener nuevas tecnologías y semillas mejoradas para producir más alimentos. Por eso se fueron creando los nuevos híbridos, las nuevas variedades mejoradas. Los centros de investigación hacen exactamente lo mismo que hacen los campesinos hace miles de años, pero digamos que en una forma más dirigida y tecnificada. Entonces, en el mundo se creó un sistema para proteger esos desarrollos tecnológicos. De esta manera se creó lo que se conoce como Unión Para la Protección de Obtentores Vegetales (UPOV).
Con esto, a las empresas les dieron el derecho por haber desarrollado una nueva variedad, les dieron la protección. En el tema de las semillas no se habla de patentes, sino de derechos de obtentores vegetales, porque ha habido una discusión mundial sobre si una semilla se puede patentar o no. Hoy, el 80 por ciento de todas las semillas comerciales del mundo está protegido legalmente por derechos de obtentores vegetales.
¿Cuál es la posición de Grupo Semillas?
No debería haber ninguna norma de propiedad intelectual ni UPOV, ni patentes ni nada. La semilla debería ser equiparable con el aire.
¿Las semillas tienen dueño?
Son un bien público que nos dio la naturaleza.
¿Colombia ha perdido el control de sus semillas?
Como los países del sur no quisieron suscribirse al convenio UPOV 91, ya cuando empezaron las negociaciones del TLC, en la época de Uribe, hacia el 2002-2003, les dijeron a dichos países: ustedes tienen que adherirse a una serie de convenios internacionales, entre ellos UPOV 91.
Como Colombia se demoró para que entrara en vigencia el TLC, el año pasado, en el Congreso, se aprobaron tres leyes para Colombia, entre las que estaba UPOV 91. En diciembre del año pasado, la Corte Constitucional declaró inexequible el UPOV 91, argumentando que esta norma sí podía afectar a indígenas y afrocolombianos y por lo tanto tenía que haber sido consultada con dichas comunidades.
¿Qué se puede hacer, tal como están las cosas hoy?
Los campesinos tienen que hacer lo que han hecho toda la vida: guardar sus semillas, intercambiarlas, venderlas. Si durante 10.000 años no fue un delito, ¿por qué ahora es un delito guardar semillas, venderlas e intercambiarlas? Lo único que nos queda es desobedecer las normas y hacer que las semillas sigan circulando, porque el día en que los campesinos dejen de guardar sus semillas y de comercializarlas, van a desaparecer las semillas criollas.
www.semillas.org.co; german@semillas.org.co
REDACCIÓN MI ZONA EL TIEMPO
EQUIPO PERIODÍSTICO: MARÍA TERESA SANTOS, LISA GARCÍA, CAROLINA DELGADO Y LAURA JIMÉNEZ.