Debate sobre ley de semillas en Argentina

Ley de semillas: el debate continúa

La semana pasada concluyeron las exposiciones en el Congreso sobre posibles modificaciones al marco legal de semillas. Más de treinta representantes de diversos sectores plantearon sus propuestas y preocupaciones. Cuáles son los puntos conflictivos de un debate que continúa abierto.
Por Vanina Lombardi   
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Agencia TSS – El 13 de octubre pasado, el oficialismo presentó en el Congreso un proyecto de modificación del marco legal de semillas (Ley 20.247), que busca ponerle fin a una polémica que comenzó hace años y que se hizo conocida a través de una campaña en contra de la que fue denominada como “Ley Monsanto”. Pero la discusión supera esos límites, ya que se refiere al sistema de propiedad intelectual que regiría sobre las semillas, lo que podría restringir su acceso y afectar el rumbo mismo del modelo de producción agrario.
En dos jornadas que se llevaron a cabo durante noviembre, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación abrió un espacio para que representantes de la industria y organizaciones civiles, gubernamentales y agrarias pudieran exponer sus propuestas, preocupaciones y apreciaciones sobre esta problemática.
El resultado fue la participación de más de treinta expositores y la presentación de al menos seis proyectos de ley, aunque no se llegó a ninguna resolución y la nueva legislación deberá seguir esperando hasta el próximo año para ser tratada. Entre los puntos más conflictivos se destacan el derecho de obtentor –de conservar las semillas para uso propio, que actualmente está permitido y se quiere limitar–, el pago de la tecnología incluida en las semilllas, el rol del Instituto Nacional de Semillas (INASE) como organismo de control y con capacidad para sancionar ante el incumplimiento de la ley, y si se tratará de una ley de orden público o no.
“Hoy no lo es, por eso puede haber contratos entre privados que están por fuera de la ley, como los de Monsanto por la Intacta RR2, que incluye las regalías extendidas que no contempla la ley”, ejemplifica Tamara Perelmuter, que participó en las presentaciones en representación de la Multisectorial contra la Ley “Monsanto” de Semillas, y detalla que, tanto el proyecto del Gobierno como el que presentó la Federación Agraria Argentina (FAA), plantean el orden público, mientras que el de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) no lo dice, “pero en sus intervenciones, al igual que Singenta, ArPOV (Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), AAPRESID (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa) y entidades más duras del agronegocio, argumentaron expresamente a favor de que la ley no sea de orden público y que puedan existir contratos entre privados que contemplen cosas que la ley no, como las regalías extendidas”, dice. Esto implicaría la obligación de seguir pagando el derecho de propiedad intelectual que se replica en la semilla cosechada.
Ley pionera
Actualmente, la Argentina cuenta con una normativa de semillas pionera en Sudamérica, que se caracteriza por resguardar la figura del fitomejorador y permitir la reutilización de la semilla producida. Fue promulgada en el año 1973, cuando las semillas que se cultivaban en el país eran principalmente híbridas y la ciencia todavía no había permitido agregar bacterias o genes de otros organismos dentro de ellas. Pero, con los avances de la biotecnología y la adopción de cultivos transgénicos en el país, sobre todo a partir de 1996, la conformación agraria cambió por completo.
“Cuando se promulgó la ley, el 75 % de lo que se sembraba en la Argentina eran híbridos y el resto autógamas, solo de trigo, ya que no había soja. Hoy, tenemos un patrón completamente al revés: prácticamente, el 75 % de lo que se siembra es semilla autógama, básicamente de soja y trigo, y el resto son híbridos”, detalla Miguel Rapela, director ejecutivo de ASA y de ArPOV, y agrega que “esto ha hecho que esta ley empezara a mostrar muchas fisuras con respecto al manejo de la situación”.
Por eso, muchos consideran que es necesario actualizar la ley actual, y por eso también el tema de la conservación de semillas para uso propio es uno de los puntos mas controvertidos en este debate. “Entendemos que el uso propio tiene que ser un derecho y no una excepción, tiene que ser libre y de manera gratuita”, sostiene Perelmuter y subraya que “la contracara de esto tiene que ver con la persecución a los productores, y eso es un problema: hay muchos ejemplos en Colombia, Estados Unidos y Canadá en los que la criminalización y la persecución a los productores ha sido muy grave”.
Esta consideración también se ajusta a la concepción que tienen en el Movimiento Nacional Campesino Indígena – Vía Campesina (MNCI-VC), para quienes las semillas son “patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad”, puesto que “son el fruto de miles de años de desarrollo de nuestros pueblos, siempre han estado en manos de productores, campesinos e indígenas y son el primer eslabón de la producción de alimentos. No puede subordinarse la soberanía alimentaria, productiva y económica de nuestros países en pos de intereses económicos, que es el fondo de las discusiones actuales sobre los proyectos para una nueva ley de semillas”.
Los proyectos presentados, según Rapela, si bien contienen diferencias en cuanto a los parámetros y el modo de aplicación, “todos establecen que tiene que haber algún tipo de equilibrio a favor del obtentor y que se pague algo por la reproducción de una semilla protegida. En eso hay coincidencia total”.
Para Perelmuter –investigadora y docente de Sociología Rural– “la ley actual ya plantea problemas, porque estamos discutiendo la posibilidad de apropiación de las semillas. Ahora permite el uso propio, y en este contexto entendemos que lo mejor es que la ley no se modifique”. Y sostiene que la discusión también debería considerar la posibilidad de establecer “una ley de semillas que tenga que ver con otro modelo agrario”. Además, recuerda que, desde 2014, existe una Ley de Agricultura Familiar que todavía espera ser reglamentada y que se le asigne presupuesto, “que plantea justamente la discusión de las semillas nativas y criollas, que no están excluidas de la ley pero tampoco se las menciona en el debate. También planteamos la discusión sobre lo público y lo privado y la necesidad de volver a discutir cómo reforzar la investigación y producción pública de semillas”.
Rapela detalla que el principal obtentor de variedades vegetales en Argentina es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con 1.015 variedades inscriptas, seguido por Nidera, con 601 (casi la mitad) y por Singenta, Monsanto y Don Mario. “Entre los cinco primeros tenemos una empresa 100 % argentina y la principal institución de investigación pública. No es una ley para la industria privada, sino que abarca todo. Parece un sinsentido que el Estado, por un lado, subvencione la investigación de organismos como el INTA, y, al mismo tiempo, no le otorgue protección a las invenciones que realiza”.
La semilla como invento y la naturaleza como fotocopiadora
El actual marco legal sobre patentes establece que solo pueden registrarse con ese título de propiedad intelectual aquellos desarrollos que sean “inventos”.  Por eso, tras los avances en biotecnología, algunas semillas pueden incluir “eventos tecnológicos” que son pasibles de ser patentados. En la Argentina, la Ley de Patentes es de 1994 y rige para cualquier tipo de invento. Dos años más tarde, en 1996, ingresaron al país las primeras semillas de soja transgénica.
Así, se generó la convivencia de dos regulaciones contrapuestas: para patentes y para semillas. La primera restringe el acceso a estos bienes mientras que la segunda respeta el derecho del obtentor y de los investigadores que quieran estudiarlas o trabajar con ellas.
De este modo, en el laboratorio, a las nuevas variedades registradas se les pueden incorporar modificaciones genéticas patentables –algo que en general solo está al alcance de las grandes empresas biotecnológicas, debido a la complejidad y costos del proceso– y, debido a la materialidad de estos bienes, el dueño de la patente se estaría apropiando –de manera indirecta– de los otros miles de genes que componen a la semilla, entre los cuales también se encuentran los del fitomejorador que logró estabilizar la variedad registrada y el trabajo de miles de años de campesinos que fueron seleccionando las mejores semillas, cosecha tras cosecha.
“Las patentes sirven para proteger invenciones biotecnológicas, es decir, construcciones artificiales de genes que se hacen en el laboratorio. Ocurre que muchas de las variedades vegetales modernas contienen construcciones genéticas artificiales o trans-genes que pueden estar protegidos por patentes, lo que ha generado confusiones sobre los alcances y solapamientos de una ley respecto de la otra, cuando en realidad no es así, porque convivimos permanentemente con coexistencia de derechos”, argumenta Rapela y explica que, cuando un productor se guarda grano para usarlo como semilla, sembrará una copia exacta del material originalmente adquirido, lo que se vincula con lo que se conoce como “agotamiento del derecho”, que ocurre cuando no hay posibilidad de imitar una tecnología protegida que ha sido adquirida.
“La naturaleza es como una gran máquina fotocopiadora que permite, en el caso de las variedades autógamas, tener al año siguiente una copia exacta del material originalmente adquirido”, dice Rapela. Y agrega: “Entendemos que para los productores es difícil de entender, pero tiene que existir un equilibrio y la ley actual, desde el punto de vista de los desarrolladores de semillas, es muy desequilibrada porque establece que todos pueden guardarlas e incrementarlas sobre la cantidad originalmente adquirida y no pagar. Entonces, si todos pueden hacer eso, no existe industria”.
Pero la industria es solo una de las partes involucradas en esta discusión que se vuelve más y màs  compleja. Por eso, la multisectorial que agrupa a más de 40 organizaciones civiles y sociales, incluidos los pequeños productores familiares, cuestionó la metodología de la Comisión legislativa para analizar los proyectos de ley. “Entendemos que esto no es una audiencia pública y que están quedando fuera un montón de voces. Todos los que estaban ahí eran principalmente del agronegocio, en particular del sojero, y todo el tiempo se hizo una asociación de semillas y biotecnología. Por lo tanto, se hablaba como si todas las semillas que existen en nuestro país fueran transgénicas cuando no es así y muchos agricultores no formaron parte de la discusión”, advierte Perelmuter. Y concluye: “Planteamos que existan verdaderas audiencias públicas y que no solo se discuta en la Comisión de Agricultura, sino también en las de Salud y Ambiente, y que se practique la consulta previa a las comunidades indígenas, como plantea el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, porque entendemos que tiene que ver con una discusión que también involucra a los pueblos originarios”.

Fuente: http://www.unsam.edu.ar/tss/ley-de-semillas-el-debate-continua/

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