La alimentación de los colombianos y el coronavirus
Los imperios internacionales de los alimentos han contraído enormes deudas para ampliar su cuota en el mercado y poder obtener grandes lucros y han pasado a depender del capital financiero. Así, el mercado mundial de alimentos se ha visto afectado por la ola de insolvencias, en la medida en que los bancos están menos dispuestos a prestar para las operaciones diarias requeridas por los inversionistas y por tanto las aseguradoras se niegan a respaldar los créditos, ya que cada transacción debe ser rentable. Si se producen pérdidas, los flujos de crédito se irán a encontrar rentabilidad en otros lugares, la cadena productiva alimentaria se interrumpe y la seguridad alimentaria se pierde. La financiarización “aumenta las vulnerabilidades económicas y ecológicas en el sistema alimentario.[iii]
Los seguros de crédito comercial son indispensables para que el sistema funcione. Hay algunas compañías de seguros enormes. Las aseguradoras se han convertido en el centro nervioso del mercado, porque sin ellas no hay crédito. Así, por ejemplo, en Alemania el grupo de seguros Allianz, que poseía desde 2001 al poderoso Dresdner Bank, lo “vendió” en 2008 al Commerzbank, a la vez que se convirtió en el principal accionista de este banco, con lo cual no sólo controló el mercado bancario minorista y avanzó en el mercado de inversiones, sino que obtuvo acceso a una poderosa red de distribución para la venta de sus seguros.[iv]
Tras la crisis del 2008, los gobiernos corrieron a auxiliar al sector financiero. Los bancos por su parte, prefirieron refinanciar las deudas de las grandes fincas empresariales de alta tecnología y las salvaron, pese a que los pequeños productores rurales demostraron ampliamente haber resistido mucho mejor la crisis. En el discurso hegemónico se asume que cuanto más grande es una empresa agrícola, mejor es. En 2020, para evitar que las compañías de seguros de crédito reduzcan exponencialmente los seguros que brindan, varios gobiernos de Europa occidental están considerando intervenciones masivas para sostener la magnitud de los seguros y evitar una desaceleración más grave del comercio internacional.[v]
La prioridad para los grandes, a pesar de la capacidad de los pequeños para responder a la crisis, incluye en Colombia a la gran propiedad de la tierra, desperdicia millones de hectáreas aptas para agricultura, mientras los campesinos tienen que sembrar en terrenos no aptos.[vi]
Ya en 2007, ante la crisis agraria que precedió a la recesión de 2008, se creó el tristemente célebre programa “Agro Ingreso Seguro”, que lejos de permitir el despegue agropecuario, se concentró en beneficiar unos pocos terrateniente y empresarios amigos del régimen.
Para enfrentar los efectos de la pandemia, se creó en 2020 “Colombia Agro Produce”, que otorga subsidios a los créditos agropecuarios. Los grandes son el 1% de los productores, pero se les destinó el 20% de los recursos, a pesar de los cual sólo 100 de ellos pudieron acceder al beneficio. Para los medianos se asignó el 40% aunque son el 9% de los productores y sólo alcanzó para el 2% de ellos. Los pequeños son el 90% de los productores y teóricamente les asignaron 40% de los recursos,[vii] aunque en realidad no han podido agotarlos porque de todos modos las tasas de interés siguen siendo altas y los trámites difíciles.
Esta estructura del crédito agropecuario en Colombia determina que desde hace años, los grandes y medianos recibieron siempre más del 60% del crédito, y los pequeños sólo entre 17,6 y 19% de los préstamos agropecuarios. No se trata sólo de presupuestos reducidos, además los campesinos temen al crédito comercial, porque cuando lo reciben, consumen más del 50% de sus ingresos en pagar intereses a los bancos.[viii]
También, durante las últimas tres décadas, Colombia importó cada vez más alimentos: trigo, cebada, soya, más del 70% del maíz. El decreto 523 de 2020 eliminó los aranceles para la importación de maíz, sorgo y soya. Mientras tanto, los productores de cebolla, fresas y leche han tenido problemas graves para comercializar sus productos. Aprovechando el virus, se profundiza la tendencia al incremento de la importación de alimentos, que ha significado además, la orientación del agro hacia las plantaciones para producir agrocombustibles, ahora depreciados en los mercados, por la sobreproducción.
En toda América latina, la orientación del sector agropecuario hacia las exportaciones y los agrocombustibles ha estado articulada a la prioridad de la explotación petrolera y minera por sobre la agricultura. En Colombia, el petróleo se convirtió en la principal exportación, seguido del carbón. Además del daño ambiental causado por estas explotaciones, la crisis del mercado de los combustibles ha dejado a Colombia “con una mano adelante y otra atrás”, desnudando las falencias de un modelo al gusto de las transnacionales y las grandes empresas.
Como el gobierno colombiano y los poderes internacionales insisten en mantener el modelo, y sus planes de pandemia y pospandemia se centran en continuar aumentando las rentas extraordinarias generadas por sus inversiones en derechos de superficie, tierras y territorios que aún son de indígenas, afros y campesinos. El modelo ha generado una red de tratados de comercio e inversión que les beneficia con un marco jurídico por fuera de las constituciones y leyes, para obligar a los países y comunidades a mantener sus onerosos contratos.
La represión de las movilizaciones y el asesinato de líderes rurales y ecologistas, renglón en el cual Colombia es líder indiscutible, se extienden por Guatemala, Honduras, Brasil, Perú, México y hasta países que parecían libres de esa plaga como Nicaragua y Costa Rica.
Mediante los tratados, como los ya existentes con Estados Unidos, la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio, el que ahora se aprueba con Israel y el que se negocia con Japón, son un garrote jurídico para blindar a las transnacionales frente a la Constitución, la ley, la justicia nacional y la movilización social. La represión y los asesinatos parecen ser parte del paquete.
Los países que siguen este modelo han quedado expuestos a los peores efectos de la pandemia: la mortandad y el hambre. Los países que mejor han enfrentado al Covid-19, por razones históricas, no sólo han tomado las medidas adecuadas de distanciamiento social, sino que como en le caso de Japón, China, Corea o Vietnam, realizaron grandes reformas agrarias y cuentan con importantes producciones campesinas que han respondido mejor a las necesidades de alimentar la sociedad en medio de una epidemia.
En Japón , además de la importancia de la agricultura familiar y la pequeña producción , existen desde hace años asociaciones Teikei entre pequeños productores rurales y consumidores urbanos, que reciben alimentos orgánicos regularmente. Las cooperativas campesinas de China consiguieron incrementar el comercio electrónico y utilizar la experiencia anterior con mercados campesinos.
Ya en 2008, tras el terremoto de Sechuan, los campesinos fueron vitales para el abastecimiento durante la emergencia y para la reactivación de la economía. Los campesinos fueron capaces de articular la ayuda del gobierno, los préstamos bancarios subsidiados, el crédito informal, la transferencia privada, la venta de activos y el ahorro de dinero, con la diversificación de cultivos, el autoempleo no agrícola y el aumento del trabajo.[ix]
En abril de 2020 los campesinos salvaron a Guayaquil del hambre. La ciudad ecuatoriana estaba sumida en la tragedia de cientos de muertos por coronavirus en 15 días. La Brigada Campesina, conformada en alianza por entre el movimiento campesino y los pequeños transportadores entró a Guayaquil con camiones de alimentos y estableció un centro de acopio, suministrando oportunamente alimentos suficientes a precios bajos. La brigada que ya está integrada por 30 mil campesinos ha replicado la acción en otras provincias y organizó un trueque de alimentos entre productores de la costa y la sierra.[x]
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) realizó en coordinación con las organizaciones propias de la población urbana, en los barrios populares de Popayán, la distribución gratuita de mercados producidos en los resguardos indígenas. Este trabajo de ayuda de emergencia se cumplió con eficiencia ejemplar.[xi]
El MST de Brasil organizó la donaciones de alimentos en las favelas y para los habitantes de la calle. Sólo entre abril y junio donó 1.200 toneladas.[xii] La comunidad guaraní de Jaraguá, que lucha por consolidar su territorio en la periferia de São Paulo, ha recibido ayuda continuada del MST en productos y asistencia técnica.[xiii] También ha cooperado el MST con los guaraní-kaiowá de Mato Grosso do Sul, que retoman sus tierras.[xiv] Las ferias campesinas se han reanimado y los campesinos reciben pedidos de compra por internet. En Porto Alegre, fue necesario que activistas ocuparan las calles vecinas para que los mercados campesinos obtuvieran el espacio para el distanciamiento social.
Durante la pandemia, mercados campesinos se convirtieron en centros de movilización social. “Bienvenidos a la Granja”, organización francesa para la comercialización directa de alimentos, creó “calles parcelas” con puntos de venta de productos campesinos dentro de las ciudades. En el País Vasco, los mercados se convirtieron en calles en un solo sentido, con un punto de entrada y salida, y se ampliaron para permitir un distanciamiento social. “Campos abiertos” de Bolonia, Italia, organizó entregas a domicilio para responder a la emergencia sanitaria y al cierre de los mercados de agricultores.[xv]
En algunas ciudades de Colombia se han concretado importantes experiencias de mercado campesinos. En Medellín, funcionan desde hace 30 años y benefician directamente a 547 familias campesinas de los cinco corregimientos del municipio.[xvi] Han demostrado su utilidad durante la emergencia y en abril inauguraron una plataforma para domicilios, en asociación con 27 pequeños inversionistas y la alcaldía.[xvii]
La producción campesina, especialmente la de la región central es fundamental para alimentar a Bogotá.[xviii] En esta ciudad, los mercados campesinos realizaron una importante labor desde 2005, preparada por una alianza de organizaciones de pequeños productores rurales y juntas comunales de barrios urbanos.[xix] Continuaron actividades, a pesar de la actitud adversa de la administración Peñalosa y las interrupciones que provocó.
Durante la epidemia, Corabastos ha tenido problemas sanitarios y la alcaldía estableció una venta a domicilio de mercados campesinos, con productos de calidad. Es una iniciativa positiva, pero lamentablemente en los años anteriores se perdió tiempo para concretar un plan que hubiera ampliado y consolidado los mercados campesinos.
Dentro del propio Distrito Capital, además de la comunidad muisca de Bosa que mantiene sus actividades agrícolas, existen comunidades campesinas en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Suba, Santa Fe, Chapinero, Usaquén y Sumapaz. La solicitud de constitución de la reserva campesina de Sumapaz completó hace tiempo los procesos de estudio, consultas y audiencias públicas requeridas, pero fue bloqueada por los ministros de Defensa y el alcalde Peñalosa, sin que la alcaldía actual se haya comprometido con impulsarla.
La ley 99 de 1993 declara “la Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos como de interés ecológico nacional, cuya destinación prioritaria será la agropecuaria y forestal”.
En cumplimiento de esta norma, la reserva Thomas van der Hammen además de ser una reserva forestal es una reserva productora, agrícola, donde se encuentran suelos de la más alta calidad para la producción agrícola. Ahora, que con la nueva alcaldesa, los bogotanos logaron defender la reserva, que el anterior alcalde quiso recortar y fracturar, es necesario proteger los suelos de alta calidad agropecuaria del resto de la Sabana, de los que sólo se siembra el 15%. Se trata de garantizar así la seguridad y soberanía alimentaria de Bogotá y los municipios vecinos, de proteger la Muequytá del ordenamiento territorial muisca.[xx]
Es urgente aprobar la reserva campesina de Sumapaz. Las reserva campesinas, como la que ya existe en Cabrera, no excluyen y podrían complementarse con otras figuras de conservación con la gente y áreas protegidas.[xxi] Los campesinos de Suba han propuesto un “parque agroambiental productivo”,[xxii] que podría ser parte de un cinturón verde que rodee la capital de Colombia. Para que no sea necesario izar las banderas rojas del hambre en los barrios populares, se requiere que Bogotá y toda Colombia reconquisten la soberanía alimentaria, apoyándose en la economía campesina y los territorios indígenas y afro.
Con una perspectiva internacional, Jan Douwe van der Ploeg demostró que la agricultura campesina, los mercados territoriales, la agroecología y la soberanía alimentaria son ingredientes indispensables para la recuperación.[xxiii] Esto significa una gran reforma rural, que en Colombia requiere una profunda reforma agraria que permita por una parte que deje de existir el latifundio que desperdicia las tierras aptas para la agricultura y por otra, que haga respetar los derechos colectivos frente a los inversionistas que acaparan tierras para obtener rentas extraordinarias con inversiones que despojan y desalojan a las comunidades rurales.
La agricultura colombiana está atrapada entre las espadas de la importación y la financiarización y la pared de los precios de la tierra. En Colombia, la reforma agraria significa demoler la barrera insuperable que implica la altísima renta de la tierra vigente en el país, para el desarrollo agropecuario y el adecuado ordenamiento ecológico, social y cultural del territorio Significa empoderar a la mujer rural. El país necesita proteger su sector agropecuario, enfrentar la concentración especulativa de la propiedad rural, reducir los precios de la tierra, generar tecnología propia y priorizar la producción de alimentos.[xxiv]
Además, para resolver el problema del hambre y ampliar el consumo de alimentos y las ventas de productos campesinos, hay que aumentar la capacidad de compra, especialmente de la población de estratos 1 y 2. En Colombia, los auxilios de emergencia durante la epidemia han sido reducidos, incluso si se comparan en su cantidad y cubrimiento con los que entrega Brasil. Es necesario ampliar los auxilios y proyectarlos como renta básica y fortalecimiento de los programas de ayuda alimentaria. Pero además es urgente en el camino de recuperación económica a mediano y largo plazo, apoyar programas para que esta población de menores ingresos participe en el procesamiento de alimentos (producción de jugos, pulpas, conservas, fritos empacados). La propia población que sufre el problema del hambre pasaría a ser parte de la solución. Hay que establecer micropréstamos y subsidios a este tipo de nuevo productor que va a agregar valor a los alimentos frescos y va a permitir estabilizar sus precios en un proceso controlado por la propia gente pobre.
Para la reactivación económica con equidad y alimentación segura y sana, hay que establecer Fondos, con recursos de los distritos, departamentos y municipios, para apoyar financieramente en forma rotatoria a los proyectos de producción de las comunidades rurales y su comercialización por los propios productores y redes de pequeños comerciantes y pequeños transportadores, que ahora deben incluir a los entregadores cuyo movimiento sindical se está expresando con una dinámica grande en varios países.
La sustitución de cultivos ilegales es un asunto clave para el futuro del sector rural, lejos de realizarse. Más allá del urgente cumplimiento pleno del punto al respecto de los acuerdos de paz de La Habana, es vital reiterar que la “guerra contra las drogas” es una farsa y sólo produce el mantenimiento y fortalecimiento del poder del negocio del narcotráfico, tal y como se ve hoy en varias regiones de Colombia, las Américas y en el mundo. Los cultivos ilegales se extendieron por que los campesinos eran arruinados por la liquidación de las instituciones y programas agropecuarios, la desaparición del crédito de fomento, las importaciones y el acaparamiento latifundista de tierras. La substitución será completa si la política económica se reorienta en favor de la agricultura familiar y la producción de alimentos.
Finalmente, las organizaciones campesinas, indígenas y afro necesitan fortalecer su planeación económica en alianza con las organizaciones urbanas, para orientar la resistencia económica, construir redes alimentarias y una economía alternativa.
[i] Mondragón, Héctor (2020). “Sobreproducción de petróleo, recesión y guerra”; Revista Sur, 6 de abril de 2020.[ii] “Global Insolvency Outlook 2020”; Euler Hermes, January 09 2020.
[iii] van der Ploeg, Jan Douwe (2020). “From biomedical to politico-economic crisis: the food system in times of Covid-19”; The Journal of Peasants Studies, 5 Aug 2020.
[iv] “Allianz sells Dresdner Bank to Commerzbank and will become the largest shareholder of the new bank”. Allianz, Aug 31, 2008.
[v] Van der Ploeg, op. cit.
[vi] Mondragón, Héctor (2011), “Especulación con la tierra contra la soberanía alimentaria”; Deslinde 49: 2-17
[vii] Dignidad Agropecuaria nacional (2020) “Aumento De Cupo De Crédito Para Medianos Productores, Línea Colombia Agro Produce” (carta abierta), 15 de junio de 2020.
[viii] Forero, Jaime (2010). “Economía Campesina, Pobreza y Desplazamiento en Colombia”; J. Forero A. (ed.) El campesinado colombiano: 62-124. Bogotá: Universidad Javeriana.
[ix] Jin, Ling; Chen, Kevin Z. ; Yu, Bingxin ; Filipski, Mateusz (2015). “Farmers’ Coping Strategies against an Aggregate Shock: Evidence from the 2008 Sichuan Earthquake”. AgGECO search. Milan: IAAE Conference.
[x] Movimiento nacional Campesino (2020). “Brigadas Campesinas”; Acciones Campesinas frente a Covid-19.
[xi] Editora Cauca (2020). “Pueblos indígenas del Cauca entregaron alimentos a sectores populares en Popayán”; Colombia informa, 20 de mayo de 2020.
[xii] Barbosa, Catarina (2020). “Campanha nacional do MST já doou 1.200 toneladas de alimentos durante pandemia”; Brasil de Fato, 3 de junio de 2020.
[xiii] Monteiro, Patrícia (2020). “Pandemia fortalece solidariedade entre assentados do MST e indígenas do Jaraguá, em São Paulo”; National Geographic, Brasil, 7 de agosto de 2020.
[xiv] Regina, Thainá (2020). “MST doa cestas de alimentos e mudas para comunidades Guarani e Kaiowá no MS”; MST, 31de mayo de 2020.
[xv] Van der Ploeg, op. cit.
[xvi] Mora Eusse, Juan Sebastián (2018). “Mercados Campesinos, 30 años de una tradición que perdura”; Medellín conecta, 21 de noviembre de 2018.
[xvii] Tettay De Fex, Juan Pablo (2020). “Mercados Campesinos estrena plataforma para domicilio en Medellín”; Vivir en El Poblado, 15 de abril de 2020.
[xviii] Mondragón, Héctor (2005). “¿Cómo luchar a la vez contra el hambre urbana y la pobreza campesina?”. Duitama: Fundación San Isidro-ILSA, 12 de agosto de 2005.
[xix] Montoya, Gloria y Héctor Mondragón (2010). “Los Mercados campesinos: Comercialización alternativa de alimentos en Bogotá”; Cuadernos Tierra y Justicia 13. Bogotá: ILSA.
[xx] Mondragón, Héctor (2016). “La reserva van der Hammen y los suelos agrícolas de la Sabana”; Caja de Herramientas virtual N° 489.
[xxi] Decreto 327 de 2007 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
[xxii] Proceso de PPR (2006).“Política Pública Distrital de Ruralidad”. Distrito Capital de Bogotá.
[xxiii] Van der Ploeg, op. cit.
[xxiv] Mondragón, Héctor (2012). “¡Es la Renta de la Tierra!”; Caja de Herramientas virtual N° 329.
Héctor Mondragón
Foto tomada de: Revista Semana
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