Juez de tutela protege los derechos de los campesinos que exigen la constitución de tres zonas de reserva campesina

 El juzgado determinó que la Agencia Nacional de Tierras ha demorado injustificadamente el trámite para la creación de tres zonas de reserva campesina y, por lo tanto, ha vulnerado los derechos fundamentales del campesinado.

En diciembre de 2020 presentamos una tutela junto a Anzorc, tres organizaciones campesinas[1] y la Procuraduría General de la Nación para que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y su Consejo Directivo constituyera tres zonas de reserva campesina (ZRC) que cuentan con todos los requisitos exigidos por la ley para existir.

Tras recibir la demanda en su despacho, el juez octavo de ejecución de penas de Bogotá tuteló los derechos de las comunidades campesinas y ordenó que en máximo 180 días se adopte una decisión definitiva frente a la conformación de las tres ZRC en los territorios de Sumapaz (Cundinamarca), Losada-Guayabero (Meta) y Güejar-Cafre (Meta).

El juez aclaró que las ZRC materializan el derecho a la territorialidad campesina, y que en virtud del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y la FARC-EP, su creación no es discrecional del Consejo Directivo de la ANT, quien debe limitarse a corroborar los requisitos exigidos por la ley. La ANT, por lo demás, debe evitar el deterioro de la situación del campesinado, quien es un sujeto de especial protección constitucional.

En su decisión, el juez consideró que a las organizaciones representadas por Dejusticia se les habían vulnerado los derechos fundamentales a la igualdad material, a la territorialidad campesina y al debido proceso, como consecuencia de las dilaciones y ausencia de decisión de la ANT.

Celebramos esta decisión de primera instancia, la cual tiene en cuenta las condiciones de discriminación histórica en la que se encuentra el campesinado, y permite avanzar en el reconocimiento de las ZRC como figuras que materializan el derecho a la territorialidad y como instrumentos para la construcción de paz territorial.

¿Por qué es importante esta decisión?

Las ZRC nacieron con la Ley 160 de 1994 como una figura de ordenamiento territorial que busca controlar la expansión de la frontera agrícola, corregir la inequitativa concentración de la propiedad rural y regular el aprovechamiento de tierras baldías, entre otras funciones. La idea de estos espacios territoriales es que las y los campesinos puedan ejercer desde ahí sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales, y además puedan establecer una economía campesina basada en la protección del ambiente y la seguridad alimentaria.

La decisión tomada por el juez constitucional desengabeta tres procesos de constitución de ZRC que llevan más de una década sin ser resueltos. Las organizaciones campesinas que han impulsado los procesos han cumplido con todos los requisitos y están pendientes del último paso para su concreción: la constitución por parte del Consejo Directivo de la ANT.

En su decisión, el juez planteó que el campesinado es una población desprotegida históricamente, en condiciones estructurales de exclusión socioeconómica, en gran parte afectada por el conflicto armado y en la cual el Estado tiene una deuda para proteger efectivamente sus derechos básicos.

En concreto, recordó que la Declaración Universal de los Derechos Campesinos “representa un referente a tener en cuenta para la efectiva protección de los derechos del campesinado en toda su extensión”, y aclaró que debería ser tenida en cuenta como parámetro de interpretación en virtud del bloque de constitucionalidad, de acuerdo con la cual se debe proteger al campesinado y proteger sus derechos a la igualdad y al territorio.

De igual modo, reconoció que la creación de las ZRC son iniciativas agrarias que contribuyen a la paz y la reconciliación, y que  garantizan el derecho a la territorialidad campesina, la cual permite la existencia de derechos conexos como la alimentación, la vivienda y el trabajo. En este caso, la falta de decisión por parte de la ANT vulnera un abanico de derechos fundamentales de estas personas.

Asimismo, el juez consideró un valor adicional de las ZRC, las cuales se tomaron como herramientas importantes del Acuerdo de Paz para implementar la Reforma Rural Integral, pues su creación garantiza los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los campesinos y campesinas, a la vez que permite proponer modelos de desarrollo sostenibles que armonicen la producción de alimentos y la protección del medio ambiente. En consonancia con dichos argumentos, reiteró que la constitución de las ZRC hace parte del compromiso que el Gobierno Nacional debe cumplir de buena fe.

 

¿Qué sigue ahora?

El juez dio un plazo máximo de seis meses a la ANT para que implemente un plan de acción y tome una decisión de fondo sobre las tres ZRC. Además, le pidió a su Consejo Directivo que en casos futuros no incurra en las mismas omisiones que obligaron a interponer esta tutela.

Las comunidades campesinas celebran esta decisión, y están a la espera de conocer si la ANT apelará o no dicha sentencia.

Para mayor información de prensa, comunicarse con Santiago Ardila al correo nardila@dejusticia.org.

Fuente: https://www.dejusticia.org/juez-de-tutela-protege-los-derechos-de-los-campesinos-que-exigen-la-constitucion-de-tres-zonas-de-reserva-campesina/