sábado, 31 de agosto de 2013

Cuál Inversión Agrícola es Responsable?

“No creemos en la inversión agrícola responsable”

Movimientos sociales de América Latina y el Caribe debatieron en consulta regional sobre cuáles son las inversiones necesarias para el desarrollo rural

Descargar: MP3 (2.8 MB)
¿Se puede hablar de “responsabilidad” en una inversión que toma los territorios como fuente de lucro? ¿Deben los estados que integran la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) legitimar el acaparamiento de tierras o recursos acuíferos con una “certificación” de responsabilidad? ¿Cuáles son las políticas de recursos públicos necesarias para un verdadero desarrollo rural?
Entre otras varias éstas fueron las preguntas que se formularon los pasados días 7 y 8 de agosto en Bogotá, Colombia, las organizaciones que acudieron a una consulta continental para discutir sobre el concepto de "inversión agrícola responsable" que viene elaborando el Comité Mundial de Seguridad Alimentaria.
Y el punto de partida, claro, fue la realidad de un continente y una región caribeña plagado de megaproyectos agrícolas de gran escala que desplazan a campesinos y pueblos originarios, megarepresas hidroeléctricas que sumergen poblaciones milenarias o empresas trasnacionales que inundan de semillas transgénicas la biodiversidad de la región.
Ante ello, resultó muy claro el hecho de que las organizaciones convocadas a consulta por sus representantes ante el Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC) que funciona en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), manifestaron una visión crítica del concepto de "inversión agrícola responsable", comparándola en algunos casos con el de Responsabilidad Social Empresarial mediante la cual algunas empresas buscan mitigar o maquillar los efectos de sus políticas sobre las comunidades.
En ese sentido, Valter Da Silva, de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina) señaló que tras las inversiones autodenominadas “responsables” hay una política de criminalización de la producción de semillas criollas y campesinas ya que amenazan los monopolios empresariales. En ese sentido, indicó que se requieren políticas de inversión pública para el fomento de la producción de este tipo de semillas.
En su reflexión, Da Silva subrayó la importancia de la discusión en materia de los principios que a juicio de las organizaciones que reivindican la Soberanía Alimentaria deberían seguir las inversiones –públicas y privadas- en agricultura, aunque manifestó sus dudas respecto al eco que esas definiciones puedan alcanzar en el marco del CSA como políticas globales que obliguen a los Estados a proteger la producción campesina.
Por su parte, Javier Rivera, campesino de la región de Tuluá en el Valle del Cauca y coordinador del Movimiento Agroecológico de América Latina y Caribe (MAELA) a nivel de la región Andina señaló que el concepto de responsabilidad ha servido para obtener recursos de cooperación internacional que rara vez llegan a las comunidades a cumplir su cometido real.
Y opinó que la recientemente creada Alianza por la Soberanía Alimentaria debería generar insumos y herramientas “para que desde las bases se tenga la posibilidad de hacerle frente a esas políticas y a esas inversiones” que en el caso de Colombia han servido para desplazar campesinos y sustituir la producción alimentaria por varios aspectos del agronegocio, entre ellos la producción de agrocombustibles.
La Alianza por la Soberanía Alimentaria cuenta con varios representantes sub-continentales en el Mecanismo de la Sociedad Civil que llevarán a ese ámbito de funcionamiento en Roma, Italia, los principios emanados de la Asamblea, así como las definiciones alcanzadas en el marco de esta Consulta realizada con posterioridad a la misma, lo cual ocurrirá en el próximo mes de octubre.
(CC) 2009 - 2013 Radio Mundo Real 10 años

miércoles, 28 de agosto de 2013

Apoyamos el paro campesino?

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Si apoya a los campesinos y campesinas haga algo

  
Si usted se siente indignado con lo que está pasando con los campesinos haga algo. ¿Qué? Hay mucho que puede hacer pero quizá lo más importante es que no compre productos agrícolas en el supermercado. Vaya a la plaza, al mercado local, cómprele a la tienda del barrio, a la carreta que pasa los sábados por la mañana, o a los campesinos, si los conoce. Si usted comparte una foto muy bonita de un campesino en Facebook, y después va y compra papas a la francesa congeladas no ha hecho nada. Si usted sale a protestar contra el gobierno por las leyes injustas contra los pobres agricultores, y después de la protesta se va a comer una hamburguesa de McDonalds entonces no hizo un carajo.

Compre café colombiano para la casa, y si sale no vaya a Starbucks que es feo, malo y caro. La leche de Ubaté y las montañas de Antioquia es muy rica y no necesita tantas porquerías para que no se dañe como la leche importada. Lo mismo pasa con la carne de res y de cerdo. Los frijoles de lata saben a tierra, en cambio los de la tierra son muy buenos, y si le da pereza hacerlos o no tiene tiempo dígale a la señora del corrientazo que usted se los compra hechos para llevar cada semana. El pollo importado no se lo recomiendo: le saca tetas al hombre y se las desaparece a la mujer, mejor el pollo y la gallina criolla. Si usted hace arepas o empanadas hágalas con maíz local, y dígale a sus clientes que cuando le compran están apoyando a los campesinos, y verá que así le compran más. Si hace hamburguesas, use pan y carne colombiano, y dígalo para que la gente lo sepa.

Después sí: vaya y proteste que es muy importante, comparta las fotos de Facebook que eso ayuda, hable con el vecino y cuéntele lo que hace. Y sobre todo piense la próxima vez que haya elecciones porque sino, no hicimos un carajo.

Señor Policia, señor soldado, desmovilícese!

Señor policía, señor soldado, desmovilícese!
Su familia y el pueblo colombiano lo espera
para que viva, para que sienta la siembra
para que lo que realmente defienda sea nuestra tierra
y a las gentes que habitan en ella
y no a los ladrones que vienen por ella

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Solidaridad con el Paro Agrario en el Oriente Antioqueño

Para solidarizarnos con las familias campesinas, indígenas, negras y productoras del campo:

Plantón: sábado 31 de Agosto a partir de las 9 a.m
Convocan: Mesas y Redes del Oriente Antioqueño
Apoyo al Paro Agrario en Colombia: Oriente reclama y se solidariza.
Lugar: Puente sobre la Autopista Medellín-Bogotá, Municipio de Marinilla.


!!!Porque las ciudades y pueblos no vivirán, si los campesinos y la ruralidad desaparecen!!! 
Apoyo al Paro Nacional Agrario.

Campesinos del Tolima, Colombia, Agredidos por la Fuerza Pública

La escuela Manuel Quintín Lame del departamento del Tolima expresa
solidaridad con el agro colombiano que se moviliza exigiendo derechos
y denuncia como el gobierno mantiene el desastre del modelo de
desarrollo del agro imponiéndolo con violencia y con acciones de
guerra. El nombre de nuestra escuela alude al indio que dignificó la
protesta y la movilización. 

Desde el Sur seco y duro del Tolima, donde los altivos indios pijao
resistieron todas las formas violentas y opresivas que se impusieron
desde la conquista y que se mantienen hoy día; los escuelantes y
acompañantes de la Escuela Manuel Quintín Lame, expresamos
solidaridad con nuestros hermanos de la escuela, con nuestros hermanos
de territorio y de región y con nuestros hermanos indígenas y
campesinos que hoy se movilizan valiente y heroicamente en diversos
puntos de la geografía nacional. 

En el corregimiento de Castilla, del municipio de Coyaima, los
indígenas y campesinos del Sur del Tolima han expresado desde el día
19 de agosto, su rechazo e inconformidad con las políticas públicas
estatales que han empobrecido y violado el derecho al territorio y al
alimento de las comunidades. Esto lo han hecho con sus voces, con su
indignación, con los bastones de los gobernadores y la guardia
indígena. Sin embargo la policía entrenada para provocar, agredir y
atacar las voces que opinan distinto, se ha excedido en su autoridad y
fuerza. El ataque a las casas de los habitantes de Castilla y el
bombardeo con bombas de gases desde el aire a las viviendas y a las
ollas de los alimentos, es un acto de brutalidad y violación de los
derechos humanos de las comunidades indígenas y campesinas y de los
habitantes del caserío. 

Nuestra voz se une a favor de las comunidades, los líderes, los
jóvenes, las mujeres y mayores que se mantienen en heroica
resistencia y también a la comunidad de Castilla que ha sido atacada
sin piedad alguna. Nuestra voz se une en solidaridad de los hombres y
mujeres del campo, a las organizaciones rurales que hoy se paran con
dignidad ante el irrespeto y desconocimiento de un gobierno que hace
alarde de la paz y apunta con fusiles a las voces que expresan
descontento y diferencia. 

Por un Colombia que sea respetuoso y valore sus comunidades rurales y
especialmente a aquellas que pese a todas las adversidades siguen
alimentando a las ciudades, hacemos un llamado para que cese la
violencia y se adopten medidas inmediatas a favor de esta parte del
país abandonada, empobrecida y violentada. 

Resguardo de Tamirco- Natagaima, Tolima. Escuela Manuel Quintín Lame.

Guardianes de Semillas Agredidos por la Fuerza Pública en Pasto, Colombia

Comunicado RGSV Agresión a Guardianes de Semillas


27 de Agosto del 2013

Saludo con tristeza: compañeros, amigos de vida, de lucha, Guardianes de Semillas de Colombia y Ecuador, socios de la red de Semillas Libres de las Américas, Coalición de los Pueblos por la Soberanía Alimentaria, MAELA, Agrosolidaria, Campaña Semillas de Identidad, Minga Agroecológica, CNA, CIMA, pueblos campesinos de la Tierra, conciudadanos.
Hoy nuestros compañeros y amigos, Guardianes de Semillas y miembros de nuestra red, Rober Elio Delgado y Jesús Alarcón, han sido agredidos por la fuerza pública, mientras se disponían a participar en el acto “Póngase la Ruana” (poncho) en apoyo al Paro Nacional Agrario en Colombia. Este paro, es necesario aclarar, se debe a la profunda crisis que atraviesa el campo Colombiano como consecuencia de las firmas de los Tratados de Libre Comercio; todo el sector campesino se encuentra afectado, y la prohibición de usar y comerciar con nuestra propia semilla es uno de los aspectos de ello.
Nos indigna y nos entristece profundamente lo que está pasando y rechazamos y denunciamos estos actos de violencia. No estamos de acuerdo con ningún acto violento, respetamos a la fuerza pública pues son hijos de nuestro propio pueblo, que desafortunadamente están al servicio de un Estado que ha ordenado reprimir a toda costa las voces de protesta. Pero así como los respetamos exigimos respeto.
Los que conocemos a Rober Elio sabemos que es un excelente y muy comprometido defensor de las semillas y la agroecología, uno de los fundadores de la Red de Guardianes de las Semillas de Vida, campesino, profesional del campo desde su medicina veterinaria, convencido de poder lograr la paz desde la paz, desde la tierra, desde la semillas, desde la vida. Hoy se encuentra hospitalizado, luchando por no perder su ojo derecho, a causa de una lesión ocasionada por la fuerza represora del gobierno colombiano. Nuestro compañero está en la clínica los Andes de Pasto.
El compañero Jesús Alarcón igualmente amigo de las semillas, defensor de la soberanía alimentaria, la agroecología, y convencido de generar transformaciones desde la administración pública, también fue agredido, sus heridas son de menor gravedad. Se encuentra hospitalizado en la Clínica Fátima.
De igual forma fueron agredidos dos estudiantes  en este mismo acto.
Hacemos un llamamiento de apoyo para que haya visibilización a nivel nacional e internacional de lo que está ocurriendo, y en medio de la angustia y el dolor, sabemos que nuestros reclamos son justos. Por ello seguimos firmes defendiendo la Vida. Que el mundo sepa que las semillas,  la actividad campesina, la agricultura familiar, que nos alimenta, hoy están en peligro. Necesitamos el apoyo de todos y todas para defender nuestro patrimonio genético, y nuestro derecho a producir nuestro alimento.
A nuestros compañeros un mensaje de amor, de paz, de fuerza, ¡pues no están solos! Aquí estamos, con ustedes. A los que siguen apoyando en los lugares de bloque, “cordura y a proteger la vida,! esta tierra nos necesita vivos!!

Red de Guardianes de Semillas de Vida Colombia.

Para los que no conocen a Rober miren este link  http://www.youtube.com/watch?v=UqtdPeYJNNo

martes, 20 de agosto de 2013

Se Busca


Universidades Libres de Transgénicos


Paro Nacional Agrario en Colombia

Colombia: Las complejidades del Paro Nacional Agrario


Colombia: Las complejidades del Paro Nacional Agrario

    Informacion adicional

  • Autor: Fernando Dorado
  • País: Colombia
  • Región: Sur América
  • Fuente: Alai

ALAI AMLATINA, 16/08/2013.- Tres pliegos se han presentado como sustento del Paro Nacional Agrario del próximo 19 de agosto de 2013. Uno es suscrito por las denominadas “dignidades”: cafetera, arrocera, papera, cacaotera y organizaciones que están por la “defensa de la producción nacional”. Otro pliego es firmado por el Coordinador Nacional Agrario CNA, y uno más es presentado por la Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdos (MIA Nacional) (1).


Lo ideal habría sido que se presentara un pliego unificado y que se hubiera concertado la movilización popular. Sin embargo, las concepciones políticas que existen detrás de cada pliego no permitieron que ésta acción de masas fuera más coordinada y más contundente desde el punto de vista reivindicativo y político.


Mientras las “dignidades” califican la jornada como una “Movilización Nacional Cafetera y Agropecuaria”, los otros dos procesos organizativos convocantes le denominan “Paro Nacional Agrario y Popular”.


Esta diversidad de propuestas nos permite elaborar un breve análisis de clase y regional de las luchas agrarias y campesinas que están en pleno desarrollo en Colombia, y a la vez, tratar de entender a la luz de esa variedad, las propuestas políticas que están en juego en el seno de la izquierda.


Cada pliego representa el trabajo organizativo y la influencia de diferentes sectores políticos en diversas regiones del país entre productores agropecuarios, campesinos y colonos que son, a su vez, indígenas, afrodescendientes, mestizos y "blancos", que tienen diversos desarrollos regionales, históricos e intereses disímiles.


Las "dignidades" representan los intereses de productores de café, cacao, papa, arroz, panela, algodoneros y ganaderos de diversas regiones. Su pliego se plantea la "defensa de la producción nacional" y no involucra para nada el tema de la tierra. Otros intereses de los campesinos pobres – que son la mayoría de los productores agropecuarios – no están plasmados en ese pliego. Así mismo, en las negociaciones con el gobierno durante el pasado paro cafetero se le dio prioridad al tema del precio, que en una primera instancia benefició más que todo a los medianos y grandes productores de café.


En el proceso organizativo de las “dignidades” se expresa la táctica de “alianza con la burguesía nacional”. Es por ello que desde que se fundó Unidad Cafetera y después el Movimiento de Salvación Agropecuaria, el tema de la tierra ha sido desconocido en sus pliegos de lucha. De allí que los dirigentes de las “dignidades” no hicieran ningún esfuerzo por coordinar el Paro y el Pliego con los otros dos sectores que se van a movilizar a partir del próximo lunes 19 de agosto, que tienen como punto principal el problema de la concentración y acaparamiento de la tierra.


Es evidente que el tema de la “soberanía nacional” es la prioridad dentro de esa estrategia política. Se colocan los intereses de los empresarios del campo, de los campesinos ricos y medios en primer lugar, lo que está plasmado concretamente en el pliego. De acuerdo a dicha visión, involucrar temas como el de la concentración de la tierra y otros aspectos de la lucha agraria que interesan al campesinado pobre y colonos, no es oportuno. Se trata de unir a todos los sectores que rechacen las políticas de entrega de la soberanía nacional y de subordinación de los intereses nacionales a intereses imperiales extranjeros.


Se debe tener en cuenta que los campesinos pobres que tienen un promedio de una (1) hectárea por parcela o menos, también son productores agropecuarios. Sin embargo la mayoría de ellos son semi-proletarios, viven principalmente del jornal, del “rebusque”, del comercio y de otras actividades combinadas. Muchos de ellos envían a sus hijos en tiempos de no cosecha a zonas de colonización a jornalear en zonas cocaleras o realizan actividades paralelas como el moto-taxismo. Tienen los mismos problemas de los grandes y medianos productores, pero además sufren otras contingencias relacionadas con el monopolio de la tierra, la falta de asistencia técnica y de crédito, desventajas en la comercialización y transporte, y demás problemas relacionados con el modelo productivo imperante.


Estos campesinos pobres han subsistido – y aún, se han ampliado y crecido – en zonas marginales del Eje Cafetero y en nuevos departamentos cafeteros como el Huila, Caquetá, Cauca, Nariño, sur del Tolima y Putumayo. Han podido hacerlo porque subsidian la producción cafetera y otros productos como la panela y la pequeña ganadería, con mano de obra familiar, obteniendo otras entradas o recursos del trabajo asalariado tanto en el campo como en la ciudad. Ésta clase de campesino tiene ahora un pié en centros urbanos y otro en el campo. Muchos jóvenes subsisten con el trabajo de construcción, el comercio informal y el moto-taxismo. Es una especie de semi-proletariado de nuevo tipo.


Es importante anotar que la mayoría de los campesinos cafeteros pobres son el eje central de éste 2° paro. La mayoría no están cedulados ante Federación Nacional de Cafeteros, no participan del comercio formal del gremio y por ello no pudieron acceder al subsidio (PIC: Protección del Ingreso Cafetero) concertado con el gobierno. Por ello, presionaron a sus dirigentes para realizar ésta nueva movilización que se ha ampliado a otros sectores productivos que sufren los mismos problemas, tanto de incumplimientos del gobierno como de efectos negativos de la implementación de políticas neoliberales como los TLCs.
 

Por otro lado el trabajo organizativo del Coordinador Nacional Agrario (CNA) y de la Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo (MIA) se desarrolla principalmente en áreas que hasta hace poco eran zonas de colonización. Allí los campesinos pequeños y medios que han podido capitalizar recursos de la economía cocalera han logrado construir fincas que están en condiciones de integrarse a la economía formal. Esos sectores campesinos se han desarrollado en regiones como el occidente de Nariño y del Cauca, sur y oriente del Huila, Putumayo, Caquetá, Meta, Catatumbo, Arauca, Guaviare y otros departamentos. Al lado del campesino cocalero trabaja una importante masa de “raspachines” (jornaleros o proletarios del campo) que en gran medida, constituyen la avanzada principal de las movilizaciones y protestas (como se pudo observar en el pasado paro del Catatumbo).


Estos campesinos medios (y algunos que ya son ricos) están interesados en legalizar sus fincas y por ello, la consigna de las zonas de reserva campesina les es atractiva. Así, en primer lugar esté el tema de la sustitución de los cultivos cocaleros, les interesa que el Estado llegue a esas zonas con obras de infraestructura y de servicios públicos (vías carreteables, electrificación, agua potable, educación, salud, etc.). Son regiones en donde tradicionalmente ha hecho presencia la guerrilla, cumpliendo funciones de Estado, regulando las relaciones sociales y garantizando el orden público.


Es evidente que el Pliego de la MIA está muy bien trabajado. Recoge en su contenido puntos que interesan a los productores agropecuarios como la necesidad de precios de sustentación para sus productos, pero representa ante todo los intereses de colonos y campesinos pobres. Está allí representada otra visión sobre el desarrollo agrario basado en la producción parcelaria del pequeño productor, que está en contravía al desarrollo agro-exportador que se ha impuesto en el país. Ese modelo agro-exportador ubica al campesino pobre y medio no como cultivador de productos alimentarios sino como “socio” subordinado a los grandes proyectos productivos dirigidos a la exportación.


Por otro lado están las comunidades indígenas, que tienen sus propias reivindicaciones. En esta ocasión parece que los pueblos originarios no van a participar en el Paro Nacional Agrario. A pesar que el Estado y el gobierno no les ha cumplido los acuerdos, en ésta ocasión las organizaciones que los representan no tienen claro los objetivos del Paro, y dado que entre sus prioridades no está el tema de la producción, no ven claro cómo podrían sacar adelante sus reivindicaciones relacionadas con la defensa de su autonomía y la construcción de vida digna en sus territorios.


La situación es bastante compleja. Se puede prever que la participación de productores de café del tradicional Eje Cafetero no va a ser tan masiva. La presión se hará más efectiva en el sur-occidente colombiano. Falta ver la capacidad tanto de las “dignidades” como de las otras organizaciones campesinas y agrarias para movilizar sus fuerzas.


Al no haber coordinado los pliegos, ni las formas de lucha, se corren riesgos de que se generen situaciones conflictivas. Se pueden dar luchas internas por imponer dinámicas contrarias, y lo más grave, que esa división y falta de coordinación lleve a que el gobierno utilice esas circunstancias en su favor. Se pueden presentar actos de violencia (quemas de vehículos y otros) al estilo de lo que acaba de ocurrir con el paro de los pequeños mineros, lo cual da motivo para desgastar la lucha entre la opinión de la gente de las ciudades.
 

El desarrollo económico desigual y combinado en las regiones colombianas crea condiciones para que se presenten estos fenómenos. Es claro que la dinámica compleja de la lucha de clases va a obligar a que el objetivo de “soberanía nacional” se alimente con reivindicaciones populares que están en el centro de las preocupaciones actuales. Es bueno recordar que mientras el gobierno acuerda en La Habana un paquete de políticas para el “desarrollo rural integral”, paralelamente pretende aprobar una ley para legalizar el acaparamiento de tierras y la “extranjerización de territorios”.


Por ello, sería muy importante que la dirigencia de estos procesos organizativos, en medio de la lucha y sobre la marcha, realicen todos los esfuerzos por coordinarse y presentar un único frente de lucha ante el gobierno. Sería un paso adelante de carácter histórico.
 

1) Ver los pliegos en los siguientes sitios web:
Pliego de la Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo MIA: http://www.cut.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5145:pliego-nacional-de-peticiones-agropecuarias-y-populares&catid=34:comunicados&Itemid=190

lunes, 19 de agosto de 2013

Chile marcha contra Ley Monsanto

Masiva manifestación en Temuco y diversas localidades de Chile contra “Ley Monsanto”

Diversas personas y agrupaciones Mapuche y Chilena de distintos sectores: ecologistas, agroecología, artísticos, culturales, entre otros, se dieron cita este sábado 17 de agosto y realizaron una masiva movilización en contra de la denominada Ley UPOV 91 o también llamada “Ley Monsanto” que promueve la patentación de las semillas para ciertos sectores industriales y el fomento de transgénicos. En Chile, las localidades que se movilizaron fueron: Iquique, La Serena, Ovalle, Casa Blanca, Melipilla, Valparaíso, Santiago, San Fernando, Curicó, Talca, Cauquenes, Chillán, Concepción, Temuco y Valdivia, entre otras.
Masiva manifestación en Temuco y diversas localidades de Chile contra “Ley Monsanto”
FotografíaFernanda Campos
Una importante manifestación se realizó en Temuco, con masiva concurrencia, llena de coloridos, consignas y pancartas en contra de la iniciativa legislativa que busca establecer en Chile una Ley para la introducción del UPOV 91 al ordenamiento jurídico chileno. Los referentes convocantes señalan: “Actualmente Chile enfrenta el peligro del ingreso de los alimentos transgénicos vía legal, mediante convenios como el UPOV 91, recientemente aprobado en el Senado (comisión). Asimismo por el proyecto de obtentores vegetales, que privatizaría gran parte de las semillas que afectan directamente nuestra autonomía alimentaria, al facilitar el registro de propiedad intelectual sobre las variedades de semillas principalmente por empresas transnacionales y corporaciones privadas…”
Por medio de la Marcha convocada a nivel Nacional por el movimiento “Yo no quiero Transgénicos en Chile” y en Temuco apoyada por agrupaciones artísticas, ecologistas, sociales e independientes, se hizo contundentemente manifiesta la oposición a esta iniciativa legislativa que atenta contra los derechos y prácticas ancestrales de las comunidades campesinas y “viola nuestra soberanía alimentaria, favoreciendo a empresas semilleras; permitiendo además la expansión de cultivos de alimentos transgénicos al país, los cuales según muestran estudios a nivel internacional dañan nuestra salud”, indicaron integrantes de la red de semillas libres de Wallmapu.
La movilización se realizó este sábado 17 de Agosto cuyo punto de reunión a las 11 horas en la Plaza Dagoberto Godoy de Temuco donde se reunieron pancartas, lienzos y carteles con mensajes alusivos al resguardo de nuestra biodiversidad y en rechazo a la “ley Monsanto”, la privatización de nuestras semillas y la expansión de los cultivos transgénicos.
Las convocantes indicaban en el llamado a esta movilización: “Es por esto que se hace necesario expresar el descontento que estas leyes generan en gran parte de la población y asimismo el informar y concientizar a la población que aún desconoce los alcances de la Ley de obtentores y lo que son los transgénicos y sus riesgos. Por lo tanto este 17 de Agosto saldremos a las calles a luchar por nuestro patrimonio, la semilla y por la salud propia y la de las nuevas generaciones a quienes debemos legar un mundo mejor, libre de transgénicos…”

En todo Chile los ciudadanos votaron contra la Ley Monsanto


Votación a mano alzada rechazando la Ley Monsanto al pie del cerro Huelén en Saniago




http://periodismosanador.blogspot.com/2013/08/en-todo-chile-los-ciudadanos-votaron.html

La “Ley Monsanto” que será votada a fines de agosto por el Senado chileno, concitó masivo rechazo ciudadano en veinte capitales y ciudades del país en respuesta a la convocatoria de la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile (YNQT).  Multitudinarias marchas se realizaron en Valparaíso, Santiago, Talca, Chillán, Concepción y Temuco. Otras actividades informativas y/o de intercambio de semillas, tuvieron lugar en Arica, Iquique, Vallenar, Ovalle, Melipilla, Rancagua, Curicó, La Serena,  San Fernando, Casablanca, Cauquenes, Puerto Montt, Valdivia,  Ancud e incluso  en la isla Robinson Crusoe (archipiélago Juan Fernández). Familias con niños y niñas presentes en la movilización nacional asumían que el presente y futuro de los más pequeños y vulnerables está en juego. Así lo entendió Vicente Colío, un niño de 11 años que leyó su poema “Esperanza Terrestre” y concluyó afirmando “No nos rendiremos”, emocionando a los adultos y jóvenes que colmaban la plazoleta y calles aledañas al Mercado Central en Santiago.
Ximena Rincón y  Juan Pablo Letelier votaron en contra del citado proyecto en la Comisión de Agricultura, en tanto que los senadores Fulvio Rossi, Jaime Quintana, José Antonio Gómez,  Alejandro Navarro y  Antonio Horvath annciaron su rechazo a la iniciativa.  Pero aun no se pronuncian Isabel Allende, Camilo Escalona, Guido Girardi, Ricardo Lagos y Eugenio Tuma. Tampoco lo han hecho Pedro Muñoz, Soledad Alvear, Eduardo Frei, Mariano Ruiz Esquide, Hossain Sabag, Jorge Pizarro, Patricio Walker, Ignacio Walker, Andrés Zaldívar,  ni los independientes Carlos Bianchi y Carlos Cantero. Se presume que las bancadas RN y UDI votarán a favor de Monsanto, como ya lo  hicieron Hernán Larraín,  J. Antonio Coloma y José García Ruminot.
La campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile (www.yonoquierotransgenicos.cl,  el facebook Yo No Quiero Transgénicos en Chile,  twitter @YNQTransgenicos)  llevada adelante por organizaciones sociales, campesinas y ambientales, y por profesionales del área de salud y la educación, difunde  los riesgos de la transgenia en comunidades, universidades y organizaciones de norte a sur del país. Informa asimismo sobre el rol de las transnacionales productoras de híbridos y transgénicos, tales como Monsanto, Dupont/Pioneer, Syngenta y Dow, principales beneficiarias del proyecto de Ley de Derechos de Obtentores Vegetales (Boletín 6355-01), un paso imperativo para la implementación de la adhesión de Chile al convenio UPOV 91 ya aprobado por el Senado. La actual Ley de semillas reconoce la propiedad intelectual de las variedades patentadas, lo cual hace innecesaria esta nueva ley. La Ley Monsanto maximizaría las ganancias y derechos de los productores de semillas manipuladas genéticamente, un negocio ya altamente rentable y en gran medida subsidiado por el Estado.
Derechos versus despojo
Los voceros de la campaña en Valparaíso (Joel González), Santiago (Lucía Sepúlveda) y Región del BioBio (Guillermo Riveros) coinciden en señalar que esta ley posibilita a los productores de híbridos y transgénicos patentar todas las variedades de semillas,  despojando a los campesinos de su derecho a guardar e intercambiar semilla libremente. Así se perderán por desuso las semillas locales utilizadas por generaciones, y las endémicas, ya que el mercado, y las entidades del Estado privilegiarán –como ya hacen- la venta y uso de las semillas patentadas. 
Chile no cuenta con ningún sistema legal de protección de su patrimonio genético, lo cual pone en riesgo a todas las variedades susceptibles de ser “descubiertas” o declaradas “nuevas” por transnacionales que no reconocen ningún derecho a los campesinos. Ninguna variedad local puede ser “descubierta” por un obtentor pues todas son el resultado de la selección y trabajo de generaciones y generaciones de campesinos e indígenas. Asimismo, la definición de “semilla nueva” de la ley, se refiere a que no haya sido comercializada por las grandes semilleras como Seminis y Anasac, propiedad de Monsanto, poniendo en riesgo las variedades intercambiadas en forma de trueque a nivel local, y las yerbas medicinales.
“El objetivo final y no declarado de esta ley, es expulsar del campo a los campesinos y comunidades indígenas, que enfrentados a los altos precios fijados por el cartel de la semilla liderado por Monsanto, emigrarán  a la ciudad. Así las transnacionales podrán dedicar el campo chileno a la “innovación y desarrollo” nombre que este proyecto da a los transgénicos y a los farmocultivos que pretenden impulsar, para que  Chile produzca lo que pocos países aceptan: drogas medicinales hechas a partir de cultivos alimentarios”, afirma   Lucía Sepúlveda, de la Red de Accion en Plaguicidas RAP-Chile
Resguardar la soberanía alimentaria
“No aceptaremos que conviertan a Chile en un país transgénico. Por el contrario la agricultura orgánica y la producción agroecológica, es lo que puede distinguirnos como país y darnos un sello de calidad. Tenemos que producir alimentos sanos, al alcance de todos, y resguardar la soberanía alimentaria,” señala Guillermo Riveros, presidente de BioBio Orgánico.  A su vez Joel González, de la organización “Tierra Nueva”, docente en Limache y músico, anuncia los próximos pasos de la campaña: “Permaneceremos en movilización permanente, hasta que Monsanto y sus secuaces  desistan de extender sus sucias manos en nuestro territorio. Debemos colmar las graderías del senado cuando el proyecto sea votado, con miles de voces afuera del congreso, para que los senadores comprendan que en Chile  estar al servicio de las transnacionales tendrá un costo electoral y social muy importante.”
Frente  al ícono turístico de la alimentación de los chilenos y chilenas,  el Mercado Central de Santiago, donde se inició la marcha, Francisca Rodríguez, dirigente de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, declaró a Telesur: “Las miles de semillas que existen son obra de los pueblos campesinos e indígenas. Esta ley las pone en peligro de desaparecer para afianzar el negocio de la alimentación que está en manos de las transnacionales”.
La prensa nacional ignoró olímpicamente la convocatoria y la movilización, cubierta a nivel internacional por TeleSur, Hispan TV, Global Voices y RT e incluso por Associated Press AP y Xinhua, la agencia china de noticias.  La masividad de las manifestaciones obligó a los medios del duopolio nacional y a radios a informar sobre el tema ausente en las pautas y noticieros de los grandes medios de comunicación chilenos, pese al inminente despacho del proyecto por el Senado.
En todo el país una enorme diversidad de redes sociales y organizaciones, como –entre muchos otros – el colectivo Pacto Mundial Consciente, Tierra Nueva, Exige Vivir Sano, Colectivo Socio Ambiental Symbiosis, Red Socio Ambiental del Norte, Caravana Ahimsa, Revolución de la Cuchara, Red Socio Ambiental Semillas, OLCA, RAP-Chile, Red de Semillas Libres, Colectivo Ecológico de Acción, Grupo de Trabajo Social, Marcha Mundial de Mujeres, AMAPACH, Chiloé Libre, Greenpeace,  Red de Soberanía Alimentaria Sexta Región, PALTTA, Red Socio Ambiental del Mataquito, Red de Soberanía Alimentaria Región del BioBio, BioBio Orgánico, UNE (Unión Nacional de Estudiantes), Grupo Tun, organizaciones de defensa del pueblo mapuche, junto a simples ciudadanos y ciudadanas y activistas de la campaña YNQT, mostraron con pancartas, y performances su rechazo a la Ley Monsanto. “Vénganse a marchar, póngase a sembrar” cantaban alegremente por las calles mientras grotescas representaciones de Monsanto y sus tóxicos productos eran alzadas por los manifestantes. “Semillas libres de patentes, alimentos libres de transgénicos” decía la convocatoria. Los organizadores evaluaron que los primeros brotes de esta siembra contra Monsanto están asomando con la primavera que se asoma ya en nuestro territorio.

viernes, 16 de agosto de 2013

Nuevo escándalo por apropiación de tierras en el gobierno colombiano

Polo vinculó a Mineducación y a familia de alto consejero con escándalo de baldíos
Los representantes Iván Cepeda y Wilson Arias presentarán pruebas que vinculan a María Fernanda Campo y a la familia Eder con la compra irregular de predios en el Casanare. 
CARACOL | AGOSTO 14 DE 2013

Dando continuidad a los debates sobre tierras y predios baldíos el congresista Iván Cepeda, del Polo Democrático, rechazó los mecanismos de despojo y de adjudicación y acumulación fraudulenta de predios en varias regiones del país que han denunciado otros congresistas del Polo Democrático, como el Senador Jorge Enrique Robledo.

El congresista Cepeda expuso un caso que busca evidenciar el proceso de reacumulación de baldíos para el usufructo de un proyecto agroindustrial de caucho, originalmente destinados para el campesinado. Habló puntualmente del caso de la ministra de Educación, María Fernanda Campo y diferentes miembros de su familia, quienes constituyeron Sociedad por Acciones Simplificadas para comprar baldíos adjudicados en Vichada, siendo en ese momento presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Afirmó Cepeda en el debate en la Cámara que aunque no se configuraría una ilegalidad porque cada Sociedad por Acciones Simplificadas compró una Unidad Agrícola Familiar sin sobrepasar lo permitido por ley, se cuestiona que una misma familia cree varias de esas figuras para realizar dichas compras y luego ponga esos predios al servicio de un solo proyecto agroindustrial de 25.000 hectáreas de la empresa Indupalma, cuyo gerente es el ex esposo de la ministra Campo, Rubén Darío Lizarralde.

“El Estado colombiano ha ejercido una política dual frente a los habitantes rurales. Por un lado, está la mezquindad y la exclusión hacia el campesinado, que se refleja especialmente en las políticas de acceso a la tierra y en los mecanismos utilizados para alcanzar el desarrollo rural, y por el otro, el favorecimiento desmedido, en algunos casos ilegal, a latifundistas y empresarios”, declaró Cepeda.

El legislador apoyó la iniciativa del representante Wilson Arias, de pedirle al presidente Juan Manuel Santos que revele los conflictos de interés de todos los funcionarios y aliados del Gobierno que han acumulado tierras, que constitucional y legalmente son para campesinos, así como concluir los procesos de constitución de las Zonas de Reserva Campesina que están en trámite.

Del mismo modo, advirtió que a raíz de estos cuestionamientos, el Gobierno Nacional debe abstenerse de presentar el proyecto de la llamada Ley Urrutia al Congreso.

Con respecto a las Zonas de Reserva Campesina, los congresistas del Polo argumentaron que “las objeciones que se han presentado frente a dicha figura que busca proteger la territorialidad y la economía campesina, no tienen fundamento teórico ni empírico”.

Para Cepeda, las Zonas de Reserva, que en su mayoría se encuentran ubicadas en fronteras agrícolas, son una oportunidad de democratizar el campo, llevar el Estado y la paz a las regiones, ordenar la propiedad, y evitar su concentración bajo el desarrollo de la economía campesina.

Además, durante el debate de tierras que se adelanta en el Congreso, el representante Wilson Arias, también aseguró que la familia Eder adquirió tierras baldías a narcotraficantes y despojadores en el departamento del Casanare.

“La familia del actual alto consejero Alejandro Eder, adquirió esas tierras baldías a actores de la guerra, en particular a Oscar de Jesús López Cadavid, quien fue condenado por narcotráfico y por conformar grupos paramilitares”, aseguró Arias.

Puntualizó que para adquirir esos predios “se hizo ni más ni menos que una convergencia criminal para que esas tierras luego terminaran en manos del grupo Manuelita de la Familia Eder”.

Desde la época de los finales de los 80’s “la familia Eder se instala en la zona, conoce el medio que los rodea y conoce a los empresarios. Yo dudo mucho que no haya podido que esas tierras hacían parte de sucesos tan lamentables de violencia”.

Dijo ante la plenaria de la Cámara que “por eso debemos rechazar cualquier ley que legalice esos predios”, y pidió por último que esas tierras deben ser devueltas a la Nación para que se les devuelva a sus dueños que son las victimas campesinas del Casanare.


Tener una semilla es un delito

El Espectador. 2 Ago 2013 - 10:11 pm
Tener una semilla es un delito: la nueva dictadura alimentaria
Por: Dharmadeva
Hace ya décadas estaba pronosticado que llegaría el momento en que tener una semilla sería un crimen. Parecía ciencia ficción imaginar que un campesino no podría guardar semillas para la próxima cosecha, como lo había venido haciendo por milenios. Sin embargo, es un hecho.
Después de la firma del TLC con los Estados Unidos y de la expedición de normas como la Resolución 970 del ICA, la Policía Nacional, siguiendo las instrucciones de los funcionarios del ramo azuzados por las multinacionales dueñas de las semillas, ha comenzado a maltratar a campesinos y agricultores, a arrojar toneladas de comida al basurero y a penalizar a quienes no sirvan los intereses de los nuevos dictadores de la alimentación. El documental de Victoria Solano en youtube, que me impulsó a escribir esta columna, es una denuncia aterradora. Si el campesino enfrenta el monopolio de las corporaciones y guarda sus semillas «patentadas», se va para la cárcel o paga enormes multas. Estamos en las manos de las multinacionales y de lo que quieran meternos a la boca, a los precios que quieran.
Nuestros dirigentes, ciegos codiciosos, optaron por proteger una docena de semillas extranjeras genéticamente modificadas antes que proteger el patrimonio de miles de semillas que habían sido descubiertas o adaptadas y amadas por siglos en América. Y nunca les contaron a los campesinos que esto les sucedería a menos de un año de la firma del TLC, ni los prepararon para la catástrofe.
Y después pretendemos que haya paz en un país que deja a sus cultivadores en la inopia. Un exembajador con rabo de paja se atreve a decir que «Hay actores que sueñan con una Colombia sujeta a un modelo económico arcaico que impondría restricciones que limitarían severamente el desarrollo agropecuario». Ese modelo “arcaico”, sin embargo, ha logrado en la historia de la agricultura cientos de miles de semillas que los neoliberales querrían convertir en tres o cuatro: maíz de los matones de Monsanto, arroz, algodón y soya de Syngenta o Dupont. Con estas simientes y sus inseparables agrotóxicos, quisieran sembrar sus tierras de la altillanura, como le está pasando a la «República Unida de la Soja» en el Cono Sur. Nunca la humanidad había arrojado al agua y a las tierras tantos venenos juntos, ni deforestado así las selvas en nombre del “desarrollo agropecuario”.
Y esta sacrílega manera de patentar la vida se escuda en la mentira que nos venden de la seguridad alimentaria. Los medios se encargan de seguir diciendo que las nuevas semillas «mejoradas» dan más rendimiento y podrán alimentar a la creciente población del mundo. Pero estudiando la revolución verde vemos que la aseveración es falsa y hay granjas de agroecología que demuestran que rinden más las semillas colectivas logradas a pulso por los conocedores de la tierra y sus frutos en milenios de trabajo con la tierra, que las semillas privadas de los nuevos dictadores. ¡Hay que pelear de nuevo por las semillas libres!



sábado, 3 de agosto de 2013

Riopaila, Urrutia y las tierras del Vichada. Apropiación Ilegal? Quién responde?

La entrevista de Cecilia Orozco |3 Ago 2013 - 9:00 pm

http://www.elespectador.com/impreso/cuadernilloa/entrevista-de-cecilia-orozco/no-puedo-quedarme-callado-articulo-437921

Por: Cecilia Orozco Tascón

"No puedo quedarme callado"

Rafael González Ulloa, socio de Riopaila, decidió denunciar la operación que generó uno de los escándalos económicos más profundos de la actualidad: la adquisición, por su compañía, de 40 mil hectáreas de baldíos en Vichada, que podría ser violatoria de la ley. González Ulloa habla en primicia.

“Puse todo en conocimiento del Incoder, en mayo de 2011”, dice González. / Juan B. Díaz
“Puse todo en conocimiento del Incoder, en mayo de 2011”, dice González. / Juan B. Díaz
Cecilia Orozco Tascón.- ¿Por qué usted decide empezar a ejercer vigilancia sobre la administración de Riopaila y en qué año?
Rafael González Ulloa.- En enero de 2011 me enteré, casualmente, de que Riopaila había comprado cerca de 35 mil hectáreas hasta ese momento, en el Vichada, mediante la creación de 25 SAS (sociedades por acciones simplificadas). Eso me pareció extraño y traté de hacer algunas averiguaciones, pero no obtuve respuestas. Entonces decidí ejercer el derecho de inspección que tenía como accionista y para ello contraté a un abogado en derecho agrícola y al gerente y propietario de una firma de auditores de Cali.
C.O.T.- ¿Por qué le llamó la atención esa operación?
R.G.U.- Por dos razones: 1. Porque ese proyecto, que internamente se denominó Veracruz, no sólo tenía grandes subproyectos que excedían varias veces las atribuciones de la junta directiva sino que, además, no había sido llevado nunca a la asamblea general de accionistas para su aprobación. 2. Porque, sin ser experto, yo tenía cierto conocimiento de las limitaciones a la acumulación de propiedad en Vichada, en virtud de la ley 160 (que limita la propiedad de baldíos a unidades familiares). Me entró una gran preocupación y por eso decidí ejecutar la inspección.
C.O.T.- ¿Cuándo y cómo lo hizo?
R.G.U.- Cuando legalmente podíamos iniciarlo, es decir, dentro de los 15 días hábiles antes de realizarse la asamblea de marzo de 2011, en donde se iban a examinar las cifras correspondientes al corte del 31 de diciembre de 2010. Instalé los dos equipos de trabajo con la conducción de Jorge Isaac para mirar los asuntos contables y de Alejandro Jaramillo, que iba a revisar la ruta jurídica de la operación. Aproximadamente 4 o 5 días antes de la asamblea, tenía listos los informes correspondientes.
C.O.T.- ¿Cuáles fueron las conclusiones?
R.G.U.- El informe del doctor Jaramillo decía que la vía jurídica diseñada y ejecutada por la firma de abogados Brigard & Urrutia, asesores de Riopaila, podía ser violatoria de la ley 160 por la acumulación de UAF (unidades agrícolas familiares). Y que la compleja operación de crear 25 SAS, unas sociedades en España y otras en Luxemburgo, bien podría constituir un “deslindamiento” del Código Penal. Por su parte, el informe contable revelaba que se habían violado varios reglamentos al haber otorgado créditos por valor de $37 mil millones a esas 25 SAS, todas constituidas por un doctor Uribe, abogado de Brigard & Urrutia, con un capital suscrito de $100 mil cada una y pagados en cero.
C.O.T.- ¿Cuáles garantías pidió Riopaila para prestar esos $37 mil millones?
R.G.U.- No había garantías reales. ¿Cómo se les otorga semejante crédito a unas compañías de propiedad de un tercero sin ninguna relación directa con Riopaila y sin las debidas garantías? Son preguntas que cualquiera se haría. Por si fuera poco, los representantes legales de esas sociedades, los gerentes y demás ejecutivos registrados en documentos, eran funcionarios de la propia Riopaila. Es decir, la situación era perfectamente anormal.
C.O.T.- ¿Qué explicación le dieron en la administración?
R.G.U.- Que la garantía estaba constituida por un contrato de arrendamiento a Riopaila Castilla, de las tierras adquiridas por esas SAS. Y que el arrendamiento era a treinta años.
C.O.T.- ¿Ese tipo de operaciones crediticias se había hecho antes en Riopaila?
R.G.U.- Nunca. Riopaila no es una entidad prestamista.
C.O.T.- ¿Por qué Brigard &Urrutia, que es la firma de asesores jurídicos externos de la empresa, figuraba simultáneamente como creadores de las SAS?
R.G.U.- Esa fue mi primera pregunta. Riopaila es una sociedad anónima en donde hay más de cincuenta socios que tenemos derecho a formular interrogantes y por eso yo procedí a hacerlos y a poner en conocimiento de un número plural de accionistas y de la junta las conclusiones a las que habían llegado los expertos contratados por mí, en la asamblea de 2011.
C.O.T.- ¿Tiene constancia de alguna actuación directa del exembajador Carlos Urrutia en este proceso?
R.G.U.- No, no tengo ninguna evidencia al respecto.
C.O.T.- ¿Durante esa asamblea qué sucedió?
R.G.U.- Terminado la lectura del informe del presidente, tomé la palabra para referirme a la ruta jurídica trazada por Brigard & Urrutia en la adquisición de las tierras en Vichada. Dije que podía tener serios vicios de ilegalidad que podían rozar con el Código Penal. Un doctor Barragán, socio y accionista de esa firma de abogados, estaba presente en la asamblea en una doble condición: como representante de su oficina y como representante de un accionista.
C.O.T.- ¿De cuál accionista?
R.G.U.- Representaba a una sociedad de propiedad de Belisario Caicedo Capurro.
C.O.T.- ¿Esa doble condición no generaba conflictos de interés?
R.G.U.- No lo sé, pero el doctor Barragán participaba activamente. Tanto que me interrumpió. El presidente me quitó el uso de la palabra con el argumento de que estaba fuera del orden del día. Cuando se dio lectura al informe del revisor fiscal, se aprobó sin objeción de ninguna naturaleza y no se mencionó ninguna de mis reclamaciones.
C.O.T.- ¿Dejó por escrito sus objeciones?
R.G.U.- Claro. Dejé constancia de mí desaprobación del informe y de los estados financieros presentados, que no relacionaban las adquisiciones en Vichada. En desarrollo de mi derecho de inspección, solicité que me entregaran copia del contrato con la firma de abogados y de sus intervenciones en ese negocio, además de su presencia permanente en las juntas directivas de Riopaila. Nunca se me quisieron dar, completos, los documentos que solicité.
C.O.T.- ¿Entonces cómo sabe que Brigard & Urrutia participó en la negociación?
R.G.U.- Porque así consta en las actas. Como nunca se me quiso dar la información completa, pese a mi calidad de socio, notifiqué de tal situación a la Superintendencia Financiera.
C.O.T.- ¿Es cierto que sus objeciones no fueron consignadas en el acta de la asamblea de aquel día?
R.G.U.- Es cierto. Al secretario de la compañía le entregué copias escritas de los documentos que hicieron mis expertos. Él acusó recibo de los mismos, pero en vez de incorporarlos al acta, me anunció que los enviaba al archivo para consulta. Ante la inquietud que me generó esa respuesta, decidí solicitar copia del acta. Me la entregaron unos cuatro días antes de la fecha límite para poder impugnarla. Para mi sorpresa, allí no quedaba constancia de nada de lo dicho por mí. Y, por si fuera poco, el proyecto Veracruz sobre las inversiones en Vichada quedaba como aprobado por unanimidad en la misma asamblea.
C.O.T.- ¿Impugnó el acta?
R.G.U.- Sí, porque tenía conciencia de los problemas jurídicos que se podían derivar de ahí y yo no iba a quedar de cómplice de semejante situación. Tomé entonces la decisión de impugnarla, lo que generó un proceso que hoy todavía cursa en un juzgado de Cali. Es la primera vez en la historia de Riopaila que se manipula un acta.
C.O.T.- ¿Ante cuál entidad la impugnó?
R.G.U.- Puse todo en conocimiento del Incoder, en mayo de 2011. Le informé sobre las compras de los predios y le di los nombres, certificados de tradición, etc. Y mediante el derecho de petición, le pregunté a ese instituto si los títulos de propiedad de los predios adquiridos por Riopaila tenían la seguridad jurídica necesaria para adelantar cuantiosas inversiones en ellos. Le pregunté, además, cuál era el mecanismo para subsanar alguna ilegalidad, si la había.
C.O.T.- ¿Pero usted cómo afirmaba que esos predios eran de Riopaila, si al menos en papeles no le pertenecían?
R.G.U.- Porque leyendo los documentos usted fácilmente se daba cuenta de que esa era una tercerización falsa y que la empresa era la verdadera propietaria.
C.O.T.- ¿Qué le contestó Incoder?

R.G.U.- Que no era el organismo competente para decidir si esa negociación había sido legal o ilegal. Y que les daría traslado de mi comunicación a varias entidades, entre ellas la Superintendencia Financiera, la de Sociedades, Notariado y Registro, Procuraduría, Fiscalía, oficina anticorrupción de la Presidencia y la DIAN.
C.O.T.- ¿Significa que el tema de adquisición y acumulación de baldíos en Vichada por Riopaila era conocido por el gobierno desde hace dos años?
R.G.U.- Así es.
C.O.T.- ¿Nadie actuó?
R.G.U.- Nadie. La Superintendencia Financiera, a la que requerí varias veces sobre este tema, corrió traslado de mis cartas a la administración de Riopaila. Ésta le contestaba y hasta ahí llegaba el asunto. Para entonces Riopaila ya me negaba el acceso a la información.
C.O.T.- Usted también presentó objeciones en la asamblea del año 2012, ¿no pudo resolver ninguna de sus inquietudes de 2011?
R.G.U.- No. Como le digo, tenía cerrado el acceso a la información principal. Sin embargo, yo seguí insistiendo y así llegamos a la asamblea de 2012. Después de la lectura del informe del presidente, presenté dos constancias con la consideración de que deberían quedar en el acta para que cualquier accionista pudiera consultarlas. En el punto de los estados financieros, el informe del revisor fiscal nuevamente aparecía limpio, sin ninguna alusión a los predios de Vichada.
C.O.T.- Pero entiendo que el año pasado Riopaila admitió la compra de los terrenos.
R.G.U.- Así es. Después de que terminé de hablar, el revisor fiscal dijo que tenía un informe adicional. El meollo del asunto era que durante 2011 Riopaila había desarrollado todas las acciones necesarias para adquirir el control sobre los baldíos adquiridos por las 25 SAS y que dicho control había quedado registrado ante las Cámaras de Comercio correspondientes y había sido reportado a la Superintendencia Financiera.
C.O.T.- Formalizada esa operación, ¿por qué no quedó usted tranquilo?
R.G.U.- Porque las dudas continuaban sin resolverse. Y, además, tampoco se habían realizado los estudios técnicos y económicos que le dieran sustento a la operación que se pretendía ejecutar. Junto con otros tres o cuatro accionistas pedimos que se contratara personal competente para analizar seriamente la situación y que se le solicitara al representante legal de la compañía que se abstuviera de ejercer inversiones adicionales en ese proyecto hasta tanto se consultara con otro bufete de abogados. Esa proposición también fue negada.
C.O.T.- ¿Es cierto que este año hubo información interna en Riopaila que comprometía a un alto empleado de la compañía en un trámite irregular de un dinero?
R.G.U.- Sí. Encontramos que una vendedora de un baldío había llamado a un auditor interno de la compañía para quejarse porque no había recibido la totalidad del pago de su finca. Se ordenó una investigación y fue así como se encontró que $402 millones que habían salido de fondos de Riopaila para pagarle a la vendedora del predio habían terminado en las cuentas personales del vicepresidente financiero de la empresa. El presidente de la compañía confirmó en plena asamblea que ese incidente había ocurrido, pero dijo que Brigard & Urrutia les había dicho que lo importante era obtener los paz y salvos de todos los vendedores de los baldíos y que frente al vicepresidente financiero se abstuvieran de hacer algo.
C.O.T.- Me llama la atención que los asesores jurídicos externos de Riopaila tuvieran tanta influencia con los asesorados.
R.G.U.- A través del doctor Barragán, Brigard & Urrutia participaba activamente en todas las asambleas. En la de 2013 presentó un informe jurídico sobre la adquisición de las tierras. Allí sostuvo la legalidad de su estrategia con dos puntos fundamentales: el primero, que la totalidad de las propiedades en Colombia, con excepción de las que tenían cédulas reales, eran baldíos. Y el segundo, que como en los certificados de tradición y libertad no constaban las limitaciones de la ley 160, la operación hecha por Riopaila era legal y el Estado no tendría argumento para oponerse a ese hecho.
C.O.T.- ¿En cuál fecha hizo esa afirmación ese abogado?
R.G.U.- Durante la asamblea que se realizó en marzo de este año.
C.O.T.- Pero esa es la tesis que se está ambientando desde cuando estalló el escándalo público.
R.G.U.- Bueno, pues es la de Brigard & Urrutia.
C.O.T.- ¿Por qué decide sacar la discusión interna de Riopaila a la luz pública?
R.G.U.- La administración de Riopaila aspiraba a que no trascendiera nada. Dicen que con esta decisión yo pretendía vender mis acciones a un precio exorbitante. Evidentemente me gustaría salir de ellas, porque estoy en una situación incomodísima, pero ¿este es el momento de vender? Claro que no, porque han llevado a la compañía a una situación difícil, aunque todavía es recuperable. Entonces cualquiera esperaría a que eso suceda para poder vender bien. Lo que no puedo hacer es quedarme callado frente a actuaciones ilegales o presuntamente ilegales, porque me haría parte de esa ilegalidad.
C.O.T.- ¿Cuánto dinero está comprometido en este proyecto de Riopaila?
R.G.U.- No lo sé exactamente, pero la cifra que se manejaba en la asamblea era más o menos de unos $68 mil millones.
C.O.T.- ¿Esa suma pone en riesgo el patrimonio de Riopaila?
R.G.U.- Es una pérdida patrimonial importante, pero no pone en riesgo la existencia de Riopaila. Es un golpe fuerte, pero la empresa tiene capacidad de recuperación. Sin embargo, si continúan invirtiendo en proyectos de esta naturaleza, podrían comprometer su futuro.
Riopaila, sociedad anónima pero de familia
P/ ¿Cuánto hace que usted y su familia directa son socios de Riopaila?
R/ Desde la segunda generación. Mi padre era sobrino de Hernando Caicedo (fundador). Yo era socio de Riopaila a través de la familia de mi padre y ahora lo soy directamente, desde el año 2000.
P/ ¿Cuál ha sido su injerencia y la de sus hermanos en Riopaila?
R/ Mi hermano Jorge Enrique y yo hemos pertenecido a la junta directiva. Él trabajó como ingeniero en la planta de Riopaila y yo, en Central Castilla, como gerente financiero y administrativo desde finales de los años 70 hasta comienzos del 82. Fui de la junta durante unos 10 o 12 años.
P/ ¿Riopaila pertenece a quiénes?
R/ Eran cinco grupos familiares con porcentaje similar. Hoy quedan cuatro, uno de ellos con un porcentaje algo menor y los otros tres con el 25 al 28% cada uno.
P/ ¿Quién lidera la junta hoy?
R/ Mauricio Botero Caicedo, mi hermano Jorge Enrique González Ulloa y Belisario Caicedo Capurro.
P/ ¿Usted también está embarcado en un pleito con el exministro Urdinola, hoy en detención domiciliaria, por unos terrenos del ingenio Invercauca?
R/ Lo de los terrenos no es cierto. Tengo ver porque defiendo el patrimonio de mis hijos y de su madre, mi exesposa.
'El gigantesco servicio que he prestado'
P/ ¿Usted fue la fuente del senador Robledo, quien destapó el escándalo?
R/ El senador Robledo y el representante Arias, del Valle del Cauca, venían investigando. Hace unas semanas, el senador hizo contacto conmigo a través de un amigo mutuo. Acudí a una entrevista con él. Él tenía varios documentos que yo vi y confirmé. También me pidió algunas aclaraciones y se las resolví.
P/ Dicen que usted es problemático, que se trata de un lío de familia y que quiere dominar todas las decisiones.
R/ Pero ¡por Dios! Si se trata de mi patrimonio ¿Cómo voy a permitir que lo manejen con semejante ligereza?
P/ Uno de los que domina la junta directiva de Riopaila es su hermano, ¿hay alguna confrontación con él?
R/ Sí, y no lo voy a negar.
P/ También es el patrimonio de quienes insisten en esa inversión ¿Por qué cree que ellos llegaron a este punto?
R/ La ambición los llevó a esta locura.
P/ ¿Hasta dónde piensa llegar?
R/ Quienes se embarcaron en este proyecto tienen que responder por sus actuaciones. Algún día, los socios de la empresa entenderán que he actuado en defensa de su patrimonio y del mío. Y van a tener que admitir que le he prestado un gigantesco servicio a Riopaila.
Por: Cecilia Orozco Tascón