¿Qué es la Soberanía Alimentaria? El dilema de la expropiación de Vicentín, dirigida por un defensor de los transgénicos y los agrotóxicos

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Artículo publicado el 9 de junio de 2020
La intervención y posible expropiación de uno de los emblemas locales del agronegocio, el grupo Vicentín, desnudó los negocios financieros más turbios de un sector que no solo contamina tierra, agua, aire y comunidades enteras, sino también la política y la ciencia, entre otras cosas. Miryam Gorban, creadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA y Carlos Vicente, uno de los impulsores del Foro Agrario, cuentan sus experiencias y reacciones ante el anuncio.
La contracara de una noticia a la que el presidente Alberto Fernández enmarcó curiosamente en el concepto de Soberanía Alimentaria: el interventor designado en Vicentín, Gabriel Delgado, es un defensor a ultranza de los transgénicos, que niega además los efectos del modelo de fumigaciones y agrotóxicos, alineándose con el discurso de las corporaciones como Monsanto. Esos discursos ya desmentido por la OMS, la FAO, todo científico no cooptado por el agronegocio, los fallos judiciales en Argentina y en Estados Unidos, y por la realidad de comunidades de buena parte del país que lo sufren en forma de cáncer, malformaciones, muerte y enfermedades múltiples, además de los efectos ambientales. La teoría sobre los cheques en blanco, y el significado real del término Soberanía Alimentaria.
Lo que planteó lavaca sobre Delgado en la nota “Funcionarios Transgénicos”, al reclamo del Foro Agrario de expropiar Vicentín en febrero de este año, y el documento del economista Claudio Lozano que demuestra la entraña delictiva del funcionamiento corporativo-político.
Podría decirse que Miryam Gorban pasó un día con un doble estado de ánimo: contenta y atenta. “Que se intervenga y se expropie Vicentín es un paso adelante. No es la Soberanía Alimentaria, pero es un avance. Mientras no haya acceso a la tierra para los productores, y agroecología, o sea una transformación del modelo productivo, no tenemos Soberanía Alimentaria, desde ya. Y al funcionario que nombraron…” dice y piensa: “No le firmamos un cheque en blanco a nadie”.
El funcionario de referencia es Gabriel Delgado, ex secretario de Agricultura durante la administración de Cristina Kirchner, y flamante interventor de Vicentín, la empresa argentina de agronegocios que estalló misteriosamente tras años de ganancias extraordinarias y créditos insólitos de parte del Estado. Toda esa riqueza acumulada en plena pobreza de la era macrista se fugó y/o esfumó hasta que el actual gobierno decidió intervenirla y enviar un proyecto de expropiación anunciado por el presidente Alberto Fernández “como un paso hacia la soberanía alimentaria”.
¿Qué es la Soberanía Alimentaria? Explica Carlos Vicente un eterno promotor de estos temas, integrante del Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular nacido en 2019: “La Soberanía Alimentaria es el derecho de los países y los pueblos a decidir qué queremos sembrar y cómo queremos alimentarnos. En 24 años de esta idea promovida por el movimiento campesino, se la define en términos de poder sembrar de manera agroecológica, no usar transgénicos ni agrotóxicos, fomentar los mercados locales fomentar la descentralización”.
Agrega Miryam, con sus lúcidos 89 años: “Para mí lo positivo es que es un freno a la concentración monopólica y a la fuga de divisas. Cuando ves que la querían comprar las grandes corporaciones extranjeras a precio rifado, valorás la medida. Ahora todo va a depender de que haya una administración transparente, y cuál es el rumbo que ese toma. Si el funcionario o el gobierno toman un rumbo diferente al que estamos planteando, habrá que señalarlos. Insisto con eso: sin agroecología y sin cambio del modelo productivo, no hay Soberanía Alimentaria. Por eso digo que esto es un paso”.
“Los agroquímicos no son dañinos”
Roberto Gabriel Delgado fue secretario de Agricultura durante la administración kirchnerista, entre 2013 y 2015. En 2015 justamente la Revista MU (número 86) publicó la nota “Funcionarios transgénicos”, en la que Darío Aranda revela cómo la CONABIA (Comisión Nacional de Biotecnología, la encargada de aprobar los productos agrotóxicos), estaba copada por funcionarios que respondían a grupos como Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow, DuPont, entre otros.
El final de la nota se refiere justamente a Gabriel Delgado: “Economista agrario, impulsor de los transgénicos, y promotor de que los pequeños productores utilicen cada día más las semillas modificadas genéticamente. ‘Argentina es un ejemplo mundial en materia de biotecnología y transgénicos’, celebró en el portal de agronegocios Futuros y Opciones (FyO). En el mismo reportaje, trazó planes a futuro: ‘Creo que dentro de treinta años tenemos que estar en condiciones de decir que hay una institución (la Conabia) que se dedicó a evaluar el hecho de que efectivamente la soja transgénica y el maíz transgénico no generan cáncer, esterilidad, ni problemas en la vista’. Y, al instante, tuvo un lapsus: ‘Y si fue la transgénesis la que generó algún problema, que el Estado tenga rápidamente los elementos para tomar las medidas necesarias y solucionar los problemas que se presenten a partir de ella’.
En diversos escritos Delgado insiste monotemáticamente con la idea: “Los agroquímicos no son dañinos para la salud, el sector ambientalista está equivocado” plantea en su artículo “Escenario desafiante” de 2018. Incurre en el argumento de tildar como “ambientalistas” a las comunidades afectadas por las fumigaciones masivas con venenos en toda la región dominada por transgénicos.
La fumigación de 500 millones de litros anuales de pesticidas es además un disparate científico, ya que cada vez se verifica la existencia de más resistencias (ya son 33 los ‘yuyos’ a los que el glifosato & afines no pueden ‘controlar’) con lo cual se fumiga en dosis cada vez mayores y con mezclas de venenos cada vez más letales, y cada vez más caras para los productores.
El proceso de concentración de tierras que acompaña naturalmente a este modelo exhibe como logro que de 333.000 explotaciones agropecuarias que había en 2002 se pasó a 250.881 en 2018. Desaparecieron 83.000 campos (uno cada dos horas en esos 16 años de apogeo transgénico) que obviamente no desaparecieron sino que fueron concentrándose en cada vez menos grupos empresarios.

Interés público

Miryam Gorban calcula que habrá que sumar esfuerzos para que la empresa intervenida y tal vez expropiada “sea realmente pública”. Mientras espera, celebra la decisión “porque si ves a quiénes se oponen, te cruzás de vereda”, y reflexiona: “No es menor que el Estado se haga cargo, como creo que tendría que ocurrir con los puertos y con el comercio exterior”.
Carlos Vicente, que además pertenece a Acción por la Biodiversidad explica: “Es importantísimo que se pueda expropiar una empresa así de manos de estafadores. La gente de Santa Fe, sobre todo, sabe que Vicentín es un monstruuo del agronegocio, de la soja, de la producción de biodiesel, de la exportación. Es un emblema y es fundamental que empiece un proceso de reconversión que tenga presente la producción de alimentos, el trabajo con cooperativas. Pero lo real es que una planta como la de Vicentín tiene muchas contradicciones con la idea de Soberanía Alimentaria. A la vez, lo real es que existe, existen sus más de 5.000 empleados y es una posibilidad la de que cumpla un rol Vicentín desde su gestación está pensada para otra cosa, para la exportación, para la maximización de ganancias. Si lo que vamos a hacer con esa empresa es alimentar con soja las exportaciones y el biodiesel, bueno, nos cruzaremos con una tremenda contradicción. La designación de Delgado no es una buena señal. Habrá que ver”.
En este punto Vicente plantea la situación de disputa dentro del propio Estado. “Claro, porque tenemos una empresa como YPF que es del Estado, pero con acuerdos multinacionales, metida en el fracking, etc. Entonces si lo trasladamos al agronegocio, lo que vemos es una disputa por el rol del Estado y el modelo agrícola. No es que se expropia y ya está. Lo que sí es real es que esto se produjo en el momento en que los movimientos campesinos están haciendo un fuerte cuestionamiento del modelo agrícola y apareció Vicentín como parte de ese modelo que además se robó mucha plata durante el gobierno de Macri2.
Hoy el gobierno precisa dólares por lo tanto puede deducirse que irá a lo seguro, en términos productivos: mantener el modelo transgénico y de exportación. “Sí, es cierto, es un riesgo, una amenaza. Pero ¿cuál es la solución en este caso? Lo primero es tomar el control, y lo segundo será pelear para que la empresa vaya hacia otro modelo. Ahí está la disputa. Lo real es que más allá del bastardeo que pueda haber hoy sobre la cuestión de la Soberanía Alimentaria, algo se movió. Eso es por todo lo que viene haciendo el movimiento campesino, y lo que hizo el Foro Agrario, planteando estas cuestiones”.

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