Guerra en los Territorios Indígenas del Cauca




CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA - CRIC
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LOS DELINCUENTES TERMINAN TRAICIONÁNDOSE
"(…) los delincuentes… terminan traicionándose y la recompensa ayuda a que se traicionen… hay que romperlos con la recompensa mi general…", frase de Álvaro Uribe Vélez en el Consejo Comunitario de la ciudad de Popayán en marzo del 2008, con la cual presagiaba la realidad que viviría su proyecto político de gobierno por su relación con el paramilitarismo. Hoy la pregunta es quién está pagando las recompensas, o como en el caso de la senadora Yidis Medina, quién dejó de pagarlas para que situaciones como éstas que son de conocimiento público entren a formar parte de los expedientes de la justicia.
La noticia de la Revista Semana, no solo recuerda que en la Casa de Nariño se reúnen altos funcionarios del gobierno con gentes de las mafias para incidir en los procesos judiciales, sino que compromete a Juan José Chaux Mosquera, ex-gobernador del departamento del Cauca, con jefes de grupos terroristas que en la actualidad están siendo juzgados por delitos de narcotráfico en los Estados Unidos.
Ya esta situación había sido denunciada cuando se conoció que el presidente Uribe había delegado a Juan José Chaux como su embajador en Holanda, situación que al parecer motivó el rechazo del gobierno de los países bajos para negarle la estadía. Ahora por información de la prensa nacional, Semana, El Tiempo y El Espectador, entre otros, se conoció que estuvo en la Casa de Nariño, reunido con Job, vocero de Don Berna y que también sostuvo llamadas insistentes buscando silenciar a HH.
Se ligan así verdades que dejan al descubierto cuáles son los verdaderos intereses de quienes a nombre de la política tradicional, asumen cargos de dirección institucional. En este caso, un gobernador que ordena a la fuerza pública defender con ahínco la Finca la Emperatriz, reclamada por los indígenas Nasa del norte del Cauca, sobre la cual otro paramilitar sostuvo que allí se fraguó la masacre del Nilo perpetrada por narcotraficantes en coordinación con la fuerza pública en diciembre de 1991. Resulta curioso que una de las respuestas del ex gobernador a alias Job sea "A ese tipo (H.H.) la única vez que lo vi fue en el 2000..." año anterior a la masacre del Naya ejecutada por el bloque Calima de los paramilitares, y, como lo relata la información de prensa, el comandante de ese mismo bloque había dicho en noviembre de 2007, que Chaux se había reunido con ellos, deduciendo que fue con su apoyo que "…ese político ganó las elecciones a la gobernación del Cauca". Curiosamente el mismo Chaux había aceptado públicamente haberse reunido con Salvatore Mancuso y otros paramilitares en 2003, el año de las elecciones de los entes territoriales. Tal vez por ello, tanto el ejército como el esmad, en mayo del 2006 al reprimir la movilización pacífica de la cumbre de organizaciones sociales le gritaban a los indígenas y campesinos, ¡viva el bloque calima!; mientras el presidente expresaba que con eso le daba desayuno a los indígena y que esperaran el almuerzo caliente. Allí fuerzas combinadas del ejercito, la policía y la contraguerrilla atacaron a la comunidad con tanques y helicópteros e invadieron durante 24 horas el resguardo Guambiano de La María Piendamó, dejando como saldo un indígena asesinado, un centenar de heridos, muchos de ellos con lesiones permanentes, la destrucción de viviendas, automotores e implementos de comunicación y de oficina, y detuvieron a 29 personas que se encontraban a más de 200 metros de la vía.
Hoy se conoce que el presidente de la república está embejucado y están embejucados también los ganaderos y los socios de los ingenios del Cauca, quienes festejan y ordenan a la fuerza pública atacar sin compasión a los corteros, sean afros, indígenas o campesinos, usando el mismo lenguaje que usó Chaux en privado y en público, con el cual cohonestan con el capital multinacional para negar los derechos de los
trabajadores y expropiar los territorios ancestrales de las comunidades. Así promueven el odio racial, sindican de terrorista a quienes reclamen sus derechos y al igual que los paramilitares fabrican amenazas subrepticias bajo el ropaje de campesinos embejucados, como lo muestran las recientes intimidaciones realizadas contra el pueblo Páez, el CRIC y autoridades y comunicadores indígenas del municipio de Morales.
Esta situación que no es ninguna novedad para los sectores democráticos del país y el mundo, pues se había conocido con los procesos seguidos a más del 65% de los congresistas colombianos, sí deja al descubierto que el poder económico y político en Colombia se sigue sosteniendo a través de la violencia, el clientelismo y la corrupción administrativa con el consentimiento, colaboración y apoyo de países como Estados Unidos y otros de la comunidad internacional que hacen oídos sordos al clamor de más de 5 millones de víctimas, de las cuales un alto porcentaje es responsabilidad de la política de seguridad democrática desarrollada por el actual gobierno y sus copartidarios como Juan José Chaux Mosquera.
La situación planteada obliga de la comunidad nacional e internacional, una observación permanente a los procesos que se siguen contra el paramilitarismo, los cuales no deben dejar la menor duda sobre la responsabilidad del personal involucrado por los homicidas en los procesos, para que en caso en el que resulten culpables no gocen de beneficios pues ya le han mentido al país; en caso contrario, es decir queden libres de toda participación, entonces se quiten los favores ofrecidos por la ley de justicia y paz a quién realizó la implicación. El mundo debe exigir, legal y éticamente, que se llegue hasta las últimas consecuencias en beneficio de la justicia pero en especial de las víctimas que en este proceso han perdido toda opción de recomponer sus tejidos culturales, en especial a recuperar sus territorios ancestrales y las condiciones para garantizar una vida digna.
Los hechos señalados y puestos al descubierto por la prensa, en el caso de Juan José Chaux Mosquera, son un indicio del por qué en Colombia, en especial en el Cauca, el gobierno no atiende la problemática de tierras y ha asumido, así sea inconstitucional, ordenar el uso excesivo de la fuerza y el pago de recompensas para romper la unidad de los indígenas que reclamamos garantía de nuestros derechos con los procesos de Liberación de la Madre Tierra.
Observar que las violaciones de los derechos humanos exceden las de cualquier país latinoamericano, incluidas las dictaduras del siglo XX, y que en Colombia se mantiene el reino de la impunidad es una muestra fehaciente de quiénes gobiernan el país, y deja al descubierto la inoperancia de los organismos de control, así como la dependencia de las ramas de justicia y legislativas al poder ejecutivo. Muestran, además, que las garantías constitucionales no existen para los sectores mayoritarios de la población colombiana, lo cual reclama con urgencia la activación de procesos de movilización social y desobediencia civil en perspectiva de concertar fórmulas de cambio o de refundación del Estado colombiano.
Solo con una sociedad que controle la justicia, donde las acciones de la fuerza pública garanticen la vigencia de los derechos humanos y las instituciones del Estado sean el reflejo de la participación de todos con sus diferencias, podremos decir que en Colombia vivimos la democracia y las comunidades avanzamos en paz y libertad.
Por ahora, ante la falta de investigación y neutralidad de las instituciones del Estado, parece que la única esperanza que tienen las víctimas para conocer la verdad, exigir justicia y dar pasos hacia la reparación integral es que los delincuentes continúen traicionándose.
CONSEJERÍA MAYOR
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA –CRIC-
Popayán, 17 de septiembre de 2008

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