Declaracion Politica de la Cumbre Agraria Etnica y Popular - Colombia
Por convocatoria de la Mesa de Interlocución Agraria - MIA, la Marcha
Patriótica, el Coordinador Nacional Agrario - CNA, el Congreso de los
Pueblos, el Proceso de Comunidades Negras - PCN, la Mesa de Unidad
Agraria - MUA, la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales
de Colombia - COMOSOC, la Organización Nacional Indígena de Colombia
- ONIC, el Movimiento por la Constituyente Popular - MCP, Federación
Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO, Asociación
nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC y Asociación
Campesina Popular- se realizó en la ciudad de Bogotá, del 15 al 17
de marzo, la Cumbra Agraria: campesina, étnica y popular. La Cumbre
reunió a 30 mil personas provenientes de todas las regiones del
país.
La Cumbre es un proceso que ha venido construyéndose a partir de los
paros agrarios e indígenas del 2013, movilizaciones que cobraron la
vida de 19 compañeros, otros 600 resultaron heridos y decenas fueron
detenidos y encarcelados. El gobierno nacional se sentó a concertar
una serie de pliegos y acuerdos en mesas de interlocución y
negociación. La Cumbre nace porque después de esta “rebelión de
las ruanas, los ponchos y bastones” que suscitó el más amplio
respaldo nacional e internacional, el presidente Santos convocó a un
Pacto Agrario con las élites agroindustriales y gremiales del campo,
excluyendo con esto al movimiento agrario de las definiciones y
medidas a adoptar en materia de política agraria nacional.
La Cumbre realizó un balance del incumplimiento del gobierno nacional
ante los compromisos adquiridos, los pliegos y acuerdos firmados;
avanzó en el proceso de unidad del movimiento agrario en Colombia y
desde éste; definió una ruta unificada de la movilización y
mecanismos para una negociación articulada y unitaria. La Cumbre
definió los caminos para enfrentar conjuntamente las nefastas
políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos de turno y a
sembrar dignidad, labrar esperanza y cosechar un nuevo país desde las
iniciativas de las organizaciones campesinas, indígenas y
afrodescendientes.
La Cumbre considera que mediante un ejercicio de soberanía, debemos
ser los pueblos y las comunidades quienes ordenemos el territorio,
definamos sus usos y las distintas maneras de habitarlo. Este
ordenamiento territorial popular debe armonizar la conservación del
medio ambiente con el aprovechamiento que de él hagan, las
comunidades agrarias para su pervivencia.
Nuestras propuestas territoriales exigen el respeto de las figuras
colectivas de gobierno propio y la defensa de los territorios de las
comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas.
La reforma agraria integral sigue siendo para nosotros la solución
estructural para los problemas de acceso a la tierra, formalización
de la propiedad y desarrollo rural, con inversión social y políticas
públicas.
En este propósito es preciso detener el modelo extractivista que
concentra la propiedad de la tierra, la entrega a empresas
multinacionales, acaba con la economía campesina y destruye la vida.
La Cumbre propone un modelo económico que garantice la pervivencia de
los pueblos a través del fortalecimiento de las economías
campesinas, indígena, afrodescendientes y de los sectores populares.
La autonomía territorial es un factor determinante en la
construcción de una política económica y de producción de
alimentos soberana. Para tal fin se debe derogar la normatividad que
permite el monopolio transnacional sobre las semillas y el
conocimiento ancestral.
El acceso a la riqueza minero-energética conlleva al respeto por los
bienes de la madre tierra, su explotación debe ser una decisión
consultada a las comunidades y desarrollada como ejercicio de
soberanía nacional.
El plantearnos una alternativa a los cultivos de coca, amapola y
marihuana, nos llama a rechazar el prohibicionismo que admite
tratamientos represivos, las fumigaciones indiscriminadas, la
erradicación forzada y el encarcelamiento de los cultivadores como
solución. Entendemos el reconocimiento de su uso tradicional,
ancestral y los usos alternativos. Proponemos programas de
sustitución autónoma, gradual y concertada, el impulso a los
cultivos alternativos con garantías de comercialización.
Para el pueblo colombiano es imperativo conocer la verdad,
complementarla con mecanismos de justicia y reparación; la memoria
histórica es un aporte importante para avanzar hacia la no
repetición.
Las garantías políticas incluyen la no criminalización y
judicialización de la protesta social, el desmonte del fuero penal
militar. Se debe permitir la participación amplia, efectiva y con
carácter decisorio en las instancias de planeación y definición de
la políticas de producción agropecuaria y de desarrollo rural,
teniendo en cuenta las propuestas construidas por las comunidades de
manera autónoma.
Los pueblos tenemos derecho a la vida digna y a que se nos garanticen
las condiciones materiales necesarias. Se debe apropiar un presupuesto
especial para garantizar la financiación de las iniciativas
territoriales, con mecanismos autónomos de ejecución.
El Estado debe reconocer que muchas de las problemáticas que viven
las ciudades son una consecuencia de la aplicación de modelos
económicos y de despojo en el sector rural.
El impulso a las economías agrarias y populares tiene un soporte
importante en el apoyo que reciba de los grandes centros poblados, es
necesario adelantar pactos entre las grandes capitales y los
municipios que le aportan los alimentos de la canasta familiar.
La solución política al conflicto social y armado sigue siendo un
anhelo de la sociedad en la búsqueda de la paz con justicia social,
por esa razón es fundamental y urgente, que se inicie un proceso de
diálogo con las insurgencias del ELN y el EPL. Respaldamos los
diálogos de La Habana entre el gobierno y las FARC. Resaltamos el
papel que debemos jugar las organizaciones y procesos como movimiento
social con voz propia. Los diálogos regionales son una herramienta
importante para avanzar en la construcción de la agenda social y
política por la paz. La Cumbre Agraria asume el impulso a un gran
movimiento social que trabaje por la paz como condiciones de vida y
exija garantías para la participación de la sociedad.
La Cumbre Agraria logró, por primera vez en la historia de los
movimientos sociales del país, construir un pliego unitario de las
organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas. El pliego
unitario representa las exigencias políticas, económicas, sociales,
ambientales, culturales y territoriales de comunidades históricamente
marginadas y excluidas, es un llamado de atención al gobierno
nacional sobre la urgencia de atender estructuralmente a un mundo
rural que reclama ser sujeto de derechos. La Cumbre propone también
una mesa única de negociación, un escenario que permita cualificar
el nivel de interlocución, evitar la dilación y dispersión
gubernamental y lograr acuerdos ejecutables en el corto y mediano
plazo. La unidad alcanzada hoy es también la unidad de acción,
contamos ahora con una ruta de movilización social que haga exigibles
y alcanzables los derechos negados. La Cumbre y sus propuestas son una
apuesta definitiva por el logro de la paz. Una paz, que para ser
estable y duradera requiere de ser construida desde abajo, con
nosotros y nosotras, una paz socialmente incluyente, basada en la
verdad, la justicia, la efectiva participación política y la
vigencia plena de los derechos humanos en los campos de Colombia.
La Cumbre es parte transitoria de un proceso constituyente caminado de
la mano de la Minga indígena, los congresos de los pueblos, consejos
territoriales del pueblo, los procesos constituyentes por la paz con
justicia social, los mecanismos de participación directa y la
autonomía que a diario ejercen las comunidades del campo y la ciudad
que reclaman ser reconocidas. El acuerdo político y social que
edifique la paz deberá ser la parte culminante de este proceso
constituyente. La posibilidad de un proceso de asamblea nacional
constituyente está en el horizonte de reflexión de la sociedad
colombiana en su conjunto. Estamos construyendo una ruta propia desde
el movimiento popular para llegar a este momento. El camino hacia la
paz, requiere, mientras tanto, de un decidido y vigoroso movimiento
social por la paz, al cual convocamos a todos los sectores políticos
y sociales del país. La paz incluyente no se construye con
“acuerdos de élites y corbatas” que desconocen a los de poncho, a
los de ruana, a los de azadón y machete, a los sujetos políticos y
sociales del campo y sus propuestas.
Ante el reiterado incumplimiento del gobierno nacional frente a la
palabra y los compromisos adquiridos para levantar el paro agrario del
año pasado, la decisión de la Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y
Popular es la de volver al paro nacional agrario, cuya hora cero
dependerá de la respuesta gubernamental. La Cumbre extiende un plazo
al gobierno hasta la primera semana de mayo. A partir de este momento
la Cumbre bajará a los resguardos indígenas y a las veredas de los
territorios afros y campesinos, a las barriadas y organizaciones
sociales de las ciudades, a los sindicatos, a organizar los comités
de paro y a convocar a todos los sectores sociales y populares en
conflicto para acordar una dinámica coordinada en perspectiva de
bloque popular.
Las propuestas del gobierno no son soluciones. El Pacto Agrario es una
repartija más de recursos públicos con fines clientelares y
electoreros. El gobierno nacional tiene la oportunidad histórica de
solucionar la crisis estructural del campo a partir de nuestras
propuestas recogidas en el pliego unitario, creemos en el diálogo
social como la ruta para alcanzar la justicia social y la anhelada paz
estable y duradera para Colombia. Nuestras propuestas están sobre la
mesa, le queda la responsabilidad histórica al gobierno de
atenderlas.
Patriótica, el Coordinador Nacional Agrario - CNA, el Congreso de los
Pueblos, el Proceso de Comunidades Negras - PCN, la Mesa de Unidad
Agraria - MUA, la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales
de Colombia - COMOSOC, la Organización Nacional Indígena de Colombia
- ONIC, el Movimiento por la Constituyente Popular - MCP, Federación
Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO, Asociación
nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC y Asociación
Campesina Popular- se realizó en la ciudad de Bogotá, del 15 al 17
de marzo, la Cumbra Agraria: campesina, étnica y popular. La Cumbre
reunió a 30 mil personas provenientes de todas las regiones del
país.
La Cumbre es un proceso que ha venido construyéndose a partir de los
paros agrarios e indígenas del 2013, movilizaciones que cobraron la
vida de 19 compañeros, otros 600 resultaron heridos y decenas fueron
detenidos y encarcelados. El gobierno nacional se sentó a concertar
una serie de pliegos y acuerdos en mesas de interlocución y
negociación. La Cumbre nace porque después de esta “rebelión de
las ruanas, los ponchos y bastones” que suscitó el más amplio
respaldo nacional e internacional, el presidente Santos convocó a un
Pacto Agrario con las élites agroindustriales y gremiales del campo,
excluyendo con esto al movimiento agrario de las definiciones y
medidas a adoptar en materia de política agraria nacional.
La Cumbre realizó un balance del incumplimiento del gobierno nacional
ante los compromisos adquiridos, los pliegos y acuerdos firmados;
avanzó en el proceso de unidad del movimiento agrario en Colombia y
desde éste; definió una ruta unificada de la movilización y
mecanismos para una negociación articulada y unitaria. La Cumbre
definió los caminos para enfrentar conjuntamente las nefastas
políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos de turno y a
sembrar dignidad, labrar esperanza y cosechar un nuevo país desde las
iniciativas de las organizaciones campesinas, indígenas y
afrodescendientes.
La Cumbre considera que mediante un ejercicio de soberanía, debemos
ser los pueblos y las comunidades quienes ordenemos el territorio,
definamos sus usos y las distintas maneras de habitarlo. Este
ordenamiento territorial popular debe armonizar la conservación del
medio ambiente con el aprovechamiento que de él hagan, las
comunidades agrarias para su pervivencia.
Nuestras propuestas territoriales exigen el respeto de las figuras
colectivas de gobierno propio y la defensa de los territorios de las
comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas.
La reforma agraria integral sigue siendo para nosotros la solución
estructural para los problemas de acceso a la tierra, formalización
de la propiedad y desarrollo rural, con inversión social y políticas
públicas.
En este propósito es preciso detener el modelo extractivista que
concentra la propiedad de la tierra, la entrega a empresas
multinacionales, acaba con la economía campesina y destruye la vida.
La Cumbre propone un modelo económico que garantice la pervivencia de
los pueblos a través del fortalecimiento de las economías
campesinas, indígena, afrodescendientes y de los sectores populares.
La autonomía territorial es un factor determinante en la
construcción de una política económica y de producción de
alimentos soberana. Para tal fin se debe derogar la normatividad que
permite el monopolio transnacional sobre las semillas y el
conocimiento ancestral.
El acceso a la riqueza minero-energética conlleva al respeto por los
bienes de la madre tierra, su explotación debe ser una decisión
consultada a las comunidades y desarrollada como ejercicio de
soberanía nacional.
El plantearnos una alternativa a los cultivos de coca, amapola y
marihuana, nos llama a rechazar el prohibicionismo que admite
tratamientos represivos, las fumigaciones indiscriminadas, la
erradicación forzada y el encarcelamiento de los cultivadores como
solución. Entendemos el reconocimiento de su uso tradicional,
ancestral y los usos alternativos. Proponemos programas de
sustitución autónoma, gradual y concertada, el impulso a los
cultivos alternativos con garantías de comercialización.
Para el pueblo colombiano es imperativo conocer la verdad,
complementarla con mecanismos de justicia y reparación; la memoria
histórica es un aporte importante para avanzar hacia la no
repetición.
Las garantías políticas incluyen la no criminalización y
judicialización de la protesta social, el desmonte del fuero penal
militar. Se debe permitir la participación amplia, efectiva y con
carácter decisorio en las instancias de planeación y definición de
la políticas de producción agropecuaria y de desarrollo rural,
teniendo en cuenta las propuestas construidas por las comunidades de
manera autónoma.
Los pueblos tenemos derecho a la vida digna y a que se nos garanticen
las condiciones materiales necesarias. Se debe apropiar un presupuesto
especial para garantizar la financiación de las iniciativas
territoriales, con mecanismos autónomos de ejecución.
El Estado debe reconocer que muchas de las problemáticas que viven
las ciudades son una consecuencia de la aplicación de modelos
económicos y de despojo en el sector rural.
El impulso a las economías agrarias y populares tiene un soporte
importante en el apoyo que reciba de los grandes centros poblados, es
necesario adelantar pactos entre las grandes capitales y los
municipios que le aportan los alimentos de la canasta familiar.
La solución política al conflicto social y armado sigue siendo un
anhelo de la sociedad en la búsqueda de la paz con justicia social,
por esa razón es fundamental y urgente, que se inicie un proceso de
diálogo con las insurgencias del ELN y el EPL. Respaldamos los
diálogos de La Habana entre el gobierno y las FARC. Resaltamos el
papel que debemos jugar las organizaciones y procesos como movimiento
social con voz propia. Los diálogos regionales son una herramienta
importante para avanzar en la construcción de la agenda social y
política por la paz. La Cumbre Agraria asume el impulso a un gran
movimiento social que trabaje por la paz como condiciones de vida y
exija garantías para la participación de la sociedad.
La Cumbre Agraria logró, por primera vez en la historia de los
movimientos sociales del país, construir un pliego unitario de las
organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas. El pliego
unitario representa las exigencias políticas, económicas, sociales,
ambientales, culturales y territoriales de comunidades históricamente
marginadas y excluidas, es un llamado de atención al gobierno
nacional sobre la urgencia de atender estructuralmente a un mundo
rural que reclama ser sujeto de derechos. La Cumbre propone también
una mesa única de negociación, un escenario que permita cualificar
el nivel de interlocución, evitar la dilación y dispersión
gubernamental y lograr acuerdos ejecutables en el corto y mediano
plazo. La unidad alcanzada hoy es también la unidad de acción,
contamos ahora con una ruta de movilización social que haga exigibles
y alcanzables los derechos negados. La Cumbre y sus propuestas son una
apuesta definitiva por el logro de la paz. Una paz, que para ser
estable y duradera requiere de ser construida desde abajo, con
nosotros y nosotras, una paz socialmente incluyente, basada en la
verdad, la justicia, la efectiva participación política y la
vigencia plena de los derechos humanos en los campos de Colombia.
La Cumbre es parte transitoria de un proceso constituyente caminado de
la mano de la Minga indígena, los congresos de los pueblos, consejos
territoriales del pueblo, los procesos constituyentes por la paz con
justicia social, los mecanismos de participación directa y la
autonomía que a diario ejercen las comunidades del campo y la ciudad
que reclaman ser reconocidas. El acuerdo político y social que
edifique la paz deberá ser la parte culminante de este proceso
constituyente. La posibilidad de un proceso de asamblea nacional
constituyente está en el horizonte de reflexión de la sociedad
colombiana en su conjunto. Estamos construyendo una ruta propia desde
el movimiento popular para llegar a este momento. El camino hacia la
paz, requiere, mientras tanto, de un decidido y vigoroso movimiento
social por la paz, al cual convocamos a todos los sectores políticos
y sociales del país. La paz incluyente no se construye con
“acuerdos de élites y corbatas” que desconocen a los de poncho, a
los de ruana, a los de azadón y machete, a los sujetos políticos y
sociales del campo y sus propuestas.
Ante el reiterado incumplimiento del gobierno nacional frente a la
palabra y los compromisos adquiridos para levantar el paro agrario del
año pasado, la decisión de la Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y
Popular es la de volver al paro nacional agrario, cuya hora cero
dependerá de la respuesta gubernamental. La Cumbre extiende un plazo
al gobierno hasta la primera semana de mayo. A partir de este momento
la Cumbre bajará a los resguardos indígenas y a las veredas de los
territorios afros y campesinos, a las barriadas y organizaciones
sociales de las ciudades, a los sindicatos, a organizar los comités
de paro y a convocar a todos los sectores sociales y populares en
conflicto para acordar una dinámica coordinada en perspectiva de
bloque popular.
Las propuestas del gobierno no son soluciones. El Pacto Agrario es una
repartija más de recursos públicos con fines clientelares y
electoreros. El gobierno nacional tiene la oportunidad histórica de
solucionar la crisis estructural del campo a partir de nuestras
propuestas recogidas en el pliego unitario, creemos en el diálogo
social como la ruta para alcanzar la justicia social y la anhelada paz
estable y duradera para Colombia. Nuestras propuestas están sobre la
mesa, le queda la responsabilidad histórica al gobierno de
atenderlas.
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