Colombia: El acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC-EP y sus implicaciones en el campo

"Esta no es la reforma rural más deseada, pero es la que permitió negociar en este momento la correlación de fuerzas y la que generará las condiciones para que los campesinos, indígenas y afrodescendientes tengan todas las posibilidades de seguir luchando, en condiciones de vida digna, contra el sistema capitalista y por otros mundos posibles, más justos, humanos, solidarios y en paz."

Por Luz Angélica Dueñas, Checa Socióloga. Estudiante del Doctorado en Desarrollo Rural de la UAM-Xochimilco angelica.du@hotmail.com

Lo que una sociedad gasta en la guerra lo está perdiendo en oportunidades para una mejor vida. Suena dramáticamente parecido a decir que lo que cuesta una guerra son vidas perdidas y días perdidos de vida de millones de personas. Una y otra cuenta puede referirse a medidas distintas y los contadores dirán que no se suman ni se restan, pero al final significan lo mismo: lo que se dedica a destruir y lo que se destruye.
Camilo Gonzáles Pozo (agosto, 2016)

Cuando empecé a pensar sobre el tema que escribiría para este número de La Jornada del Campo, volvió a mi memoria el duro momento vivido el 2 de octubre de 2016 después de las votaciones para refrendar el Acuerdo de Paz firmado en La Habana y la postura de todos aquellos que promovieron el No en Colombia. Volvió a mí la indignación y el dolor de patria, pero también en ese momento renació la esperanza y la necesidad de ofrecer argumentos para aquellos que piensan que es mejor continuar en guerra. Mi apuesta seguirá siendo por una paz imperfecta en contra de una perfecta guerra.

Muchos personajes importantes, académicos, intelectuales, líderes de izquierda, se atreven a cuestionar el proceso de negociación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde la comodidad de los escritorios o, tal vez, desde la lucha política de otros escenarios en los que no les ha tocado enfrentar directamente la crueldad de la guerra.

Es muy fácil llamar a mantenerse en las armas cuando no es uno el que está combatiendo. Este llamado es muy parecido al de los políticos liderados por Uribe, de extrema derecha, quienes insisten en preservar la guerra porque es un negocio con el que lucran utilizando la vida de los hijos de campesinas y campesinos, afrodescendientes o gente humilde de las ciudades que se han visto obligados a enfilar los ejércitos regulares o irregulares de Colombia.

Y es que la guerra en Colombia no es un juego y las armas no son de madera o de juguete. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, el conflicto armado entre 1958 y 2012 causó la muerte de 218 mil 94 personas; de ellas, 19 por ciento (40 mil 787) fueron combatientes y 81 por ciento (177 mil 307) fueron civiles. Y 27 mil 73 personas fueron víctimas de secuestro durante 1970-2012.

Entre 1981 y 2012 se registraron 23 mil 161 víctimas de asesinato selectivo. Entre 1985 y 2012 hubo mil 982 casos masacres con 11 mil 751 víctimas, 27 mil siete víctimas de desaparición forzada y mil 754 víctimas de violencia sexual; también, diez mil 189 víctimas de minas, de las cuales dos mil 119 murieron y ocho mil 70 resultaron lesionadas. Finalmente, la cifra más aterradora de todo este proceso de violencia: 6.8 millones de víctimas de desplazamiento forzado.

Estos datos demuestran la crueldad de una guerra prolongada por más de un siglo y recrudecida durante los 60 años recientes, especialmente en el campo. Por eso, reafirmo mi apoyo total al Acuerdo de Paz convencida de que es la mejor alternativa para la defensa de la vida y la lucha contra el sistema capitalista, y también con la claridad política de que las FARC no negociaron el fin del capitalismo en Colombia, la toma del poder para la construcción del socialismo y mucho menos negociaron sus principios.

Al contrario, considero que este Acuerdo, firmado en La Habana el 24 de agosto de 2016, abren un abanico de posibilidades para fortalecer la organización del movimiento social, campesino, indígena, afrodescendiente, popular y estudiantil que continúa en la lucha por otros mundos posibles.

Reforma Rural Integral: primer punto del Acuerdo de Paz

Luz Angélica Dueñas Socióloga. Estudiante del Doctorado en Desarrollo Rural de la UAM-Xochimilco: angelica.du@hotmail.com

La guerra en Colombia ha sido siempre fundamentalmente la guerra por la posesión de la tierra. Así fue en la larga y lenta etapa de la conquista y la Colonia, en la agitada etapa de la Independencia, en las reiterativas guerras civiles del siglo XIX, en la llamada “violencia” de los años 50´s de este siglo [XX], con los pájaros y los chulavitas, en la guerra “revolucionaria” o “antisubversiva” de las guerrillas y las contraguerrillas, y, últimamente, en la de los narcos, los paramilitares y las Convivir.
Antonio Caballero (1997), La tierra y la guerra

El Acuerdo de Paz en sí mismo genera un alto impacto positivo en el sector rural. Esto ya es evidente desde el momento en que se declaró el cese unilateral al fuego y las cifras de algunos indicadores de la violencia empezaron a disminuir notablemente. Sin embargo, el punto que se espera influya directamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del sector rural es el primero: Reforma Rural Integral, que pretende disminuir la brecha de desigualdad que existe entre el campo y la ciudad y resolver algunos problemas que han sido considerados las principales causas del origen del conflicto armado en Colombia y que están ligados al tema de la tierra.

Según el Informe 2011 de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Colombia tiene un coeficiente Gini de tierras de 0.86, que lo ubica como uno de los países de América Latina con mayor concentración de tierra y mayor desigualdad en la propiedad rural. A esto se suma el inapropiado uso del suelo rural, pues aunque existen 23 millones de hectáreas propias para la vocación agrícola, sólo se dedican a esta actividad siete millones hectáreas, y por otra parte, se dedican 34 millones de hectáreas a la ganadería, cuando sólo diez millones tienen vocación para ello.

Otro grave problema ligado a la tierra es la informalidad y desactualización de los catastros en el área rural. Según los datos proporcionados por el Acuerdo de Paz (2016), 59 por ciento de los propietarios no han actualizado el catastro, 26 por ciento se encuentran sin registro y sólo 15 por ciento tiene algún registro. La actualización y formalización de los predios rurales se constituyó en una de las puntas del iceberg en la refrendación del Acuerdo, pues los terratenientes y usurpadores no quieren registrar sus tierras, ya que ello los obligaría a declarar impuestos y en algunos casos a devolver tierras que no han sido legalmente adquiridas.

La Reforma Rural Integral busca resolver estos problemas por medio de tres pilares fundamentales:

1. Tierra: La construcción de paz pasa por resolver el tema de la tierra: para ello el Acuerdo divide el problema en dos escenarios:

a. Acceso integral a la tierra: Consiste en dotar de tierras a las familias campesinas que no tienen o que tienen de forma insuficiente, con la claridad de que no basta con entregar la tierra, sino se cuenta con un plan de creación de bienes públicos adicionales como vías terciarias, asistencia técnica, salud y educación. El acuerdo establece tres mecanismos para lograr el acceso integral a la tierra: 1) Fondo de tierras para la distribución, que implica tierras que han sido adquiridas por narcotraficantes o testaferros de ellos y que el Estado debe recuperar, y baldíos ilegalmente adquiridos o indebidamente ocupados. 2) Subsidio especial para apoyar a los campesinos en la adquisición de nuevas tierras. 3) Línea especial de crédito en términos de cantidad, plazos e intereses. A esto se agrega el plan de formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural ya que el 60 por ciento de los pequeños propietarios no cuentan con la formalización necesaria de la tierra. Los beneficiarios de esta medida en general serán los trabajadores rurales que tengan vocación para la producción agrícola, con prioridad dada a las mujeres y a las asociaciones campesinas.

b. Uso del suelo: Busca armonizar la vocación que tienen los suelos en Colombia con el uso real que se les está dando, cerrar la frontera agrícola para la sostenibilidad ambiental, llevar la justicia al campo y mejorar la planeación y participación ciudadana. Las medidas son: 1) Creación de un catastro multipropósito para la formalización y actualización de los catastros en el área rural. 2) Mejorar el recaudo del impuesto del predio rural, para mejorar e incentivar el uso productivo del suelo y desincentivar la concentración improductiva de la tierra. 3) Creación de la jurisdicción agraria con capacidad en el territorio para resolver conflictos de tenencia y uso de la tierra; con esto se busca garantizar el acceso a la justicia. 4) Plan de Zonificación Ambiental para cerrar la frontera agrícola y proteger los recursos naturales del país. 5) Reconocimiento de las Zonas de Reserva Campesina como figura para apoyar a ciertas comunidades campesinas en el desarrollo de su proyecto de vida y planes para la generación de ingresos con mayor presencia del Estado.

1. Planes Nacionales que complementan los compromisos adquiridos en términos de tierras; buscan la reducción de la pobreza en un 50 por ciento. Se acordó realizar planes nacionales en temas de:

a. Infraestructura: 1) Las vías terciarias están totalmente abandonadas por el Estado; mejorarlas generará un alto impacto en las condiciones de vida de los habitantes de los sectores rurales. 2) Plan Nacional de riego y drenaje para recuperar y construir nuevos distritos de riego para apoyar proyectos de economía campesina. 3) Plan de electrificación y conectividad rural.

b. Desarrollo Social: planes nacionales en materia de salud, educación, vivienda, agua potable y saneamiento básico para las comunidades rurales con un enfoque territorial y de acuerdo con sus necesidades y particularidades, por medio de la creación de modelos flexibles.

c. Estímulo a la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria; para ello se establece la creación de: 1) Plan Nacional de Asistencia Técnica e Innovación Tecnológica. 2) Plan Nacional de Crédito. 3) Fondos rotatorios para las finanzas rurales. 4). Fomento a la economía solidaria. 5) Plan Nacional para la Comercialización Agropecuaria. 6) Plan Nacional para la formalización del trabajo rural y acceso a mecanismo de protección social (salud, pensión y riesgos profesionales). 7. Sistema de Seguridad Alimentaria.

1. Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial: Buscan sincronizar las acciones del Estado en las zonas que fueron identificadas como prioritarias en la mesa de diálogo en La Habana, según el nivel de afectación por el conflicto armado, mayor pobreza, mayor abandono estatal y mayor presencia de cultivos ilegales. Se busca construir desde las regiones el Estado por medio de los diferentes mecanismos de participación ciudadana.

Esta no es la reforma rural más deseada, pero es la que permitió negociar en este momento la correlación de fuerzas y la que generará las condiciones para que los campesinos, indígenas y afrodescendientes tengan todas las posibilidades de seguir luchando, en condiciones de vida digna, contra el sistema capitalista y por otros mundos posibles, más justos, humanos, solidarios y en paz.

Fuente: La jornada del campo, enero de 2017