LA BIOSEGURIDAD EN MÉXICO NO EXISTE: GREENPEACE
30 enero, 2018
Escenario de ilegalidad es avalado, e incluso fomentado por autoridades nacionales - Presenta ONG el reporte: “Bio (in) seguridad en México
Ciudad de México/30 de enero de 2018. En nuestro país las medidas de bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) han fallado o resultan ineficaces para garantizar la salvaguardia de la salud humana, el medio ambiente, la diversidad biológica y la sanidad animal, vegetal y acuícola.
Así lo denunció la organización ambientalista Greenpeace México al presentar el reporte “Bio (in) seguridad en México (1) en el que se analiza el caso del Permiso de soya transgénica para Monsanto y la siembra ilegal de soya en el estado de Campeche.
Como resultado de este trabajo se confirmó la presencia de soya genéticamente modificada (GM) en polígonos de Campeche no autorizados a Monsanto (como es el Municipio de Campeche, Campeche) así como la liberación de un evento transgénico no solicitado por la empresa ni autorizado por la autoridad (MON-89788-1); además se constata la permisividad de la autoridad agrícola a la comercialización del producto de la siembra ilegal de soya GM para consumo humano o uso industrial, como “medida de urgencia” al considerar que el evento gozaba de autorización sanitaria, convalidando actos de naturaleza ilícita cometidos por agricultores que sembraron dicho cultivo, prohibido por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por sentencia de noviembre de 2015; ausencia de procedimientos de inspección y vigilancia e infracciones a las casas semilleras señaladas como las que vendieron los insumos de semillas de soya GM en la región, entre otras violaciones al marco de bioseguridad en México.
“Lo que vemos son nulos, escasos o insuficientes mecanismos de inspección y vigilancia, así como laxitud en la aplicación de sanciones penales y administrativas, tanto a funcionarios que se abstienen de aplicar la ley como a aquellos que la emplean “a modo”, o a los agricultores que han admitido sembrar cultivos GM de manera ilegal, lo que permite que se extienda la contaminación transgénica en nuestro país”, denunció María Colín, campañista legal de Greenpeace México.
Este escenario de ilegalidad muchas veces avalado, e incluso fomentado por las autoridades nacionales beneficia los intereses de las empresas agroindustriales, en este caso del gigante comercial Monsanto, denunciado ante un Tribunal Internacional de conciencia en octubre de 2016 en La Haya, Países Bajos (2); así como en el reciente Foro Económico Mundial en la ciudad de Davos, Suiza (3).
A este listado de ilegalidades se suma la carencia de información pública y la enorme opacidad de la actuación gubernamental, además de una serie de obstáculos para su acceso por parte de la ciudadanía, en general, y por las comunidades mayas, en lo particular, aun cuando son afectadas directas por la siembra ilegal de soya GM.
Cabe recordar que en 2012, la empresa Monsanto Comercial, S.A. de C.V. solicitó un permiso a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), para la liberación de soya GM resistente al herbicida glifosato, en fase comercial, para 253 mil 500 hectáreas para 7 estados, incluyendo Campeche (4). El permiso fue aprobado el 5 de junio de 2012, contando con el aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a pesar de las opiniones contrarias de sus órganos técnicos (5) , que desaconsejaban el otorgamiento del permiso por las afectaciones ambientales que implicaría dicha siembra en la Península de Yucatán.
En 2012 apicultores y grupos apícolas tanto de Yucatán como de Campeche interpusieron diversas demandas de amparos por diversas violaciones a sus derechos humanos, resueltos favorablemente para las comunidades en 2014. Impugnaciones de autoridades y la misma empresa Monsanto elevaron los juicios ante la Suprema Corte, que confirmó la violación al derecho a la consulta previa, libre e informada de las y los miembros del pueblo maya en la emisión del permiso a favor de la empresa, ordenando que la consulta se llevara a cabo en los municipios donde habitan los demandantes, quedando prohibida la siembra de soya GM en varios municipios de las entidades de Campeche y Yucatán, aunque la siembra ilegal se dio en el ciclo agrícola 2016 pese a las sentencias de la SCJN.
A pesar de las declaraciones de Monsanto y agricultores locales que no sembrarían soya transgénica en 2017, mediante denuncia ciudadana presentada ante el Senasica el 13 de noviembre pasado, integrantes de las comunidades de Campeche y ONG documentaron nuevamente la presencia ilegal de soya GM en 23 mil hectáreas del Estado, aproximadamente.
Los escenarios que podrían explicar la presencia de semillas o plantas de soya GM para el ciclo agrícola 2017 son: a) Agricultores que guardaron semilla de soya GM del ciclo agrícola pasado podrían estarla sembrando; b) Distribución de semillas de soya convencional con presencia adventicia de soya GM por parte de las casas semilleras; c) Comercialización de la semilla de soya GM para consumo humano o uso industrial como ocurrió para la cosecha de 2016; d) Medidas de bioseguridad nulas o insuficientes para evitar la propagación de plantas de soya GM por diversos mecanismos de difusión a través de comercialización, almacenamiento, movilización, plantas voluntarias o el simple intercambio de semillas entre agricultores
Finalmente el 15 de septiembre de 2017 la autoridad agrícola revocó el permiso de Monsanto para liberar al ambiente soya GM ante el hallazgo de plantas transgénicas en muestras colectadas en 2016 en áreas no autorizadas de Campeche, al considerar “como daños graves o irreversibles que el OGM fuera encontrado en un sitio distinto al documentado en el permiso”. Monsanto afirma haber impugnado esta decisión (6).
La empresa referida desconoce sus obligaciones en materia de bioseguridad pues al ser titular del permiso está obligado a observar y cumplir las medidas de monitoreo, prevención, control y seguridad que establezca el permiso, así como las disposiciones del marco de bioseguridad, cuya omisión dará lugar a la determinación de la responsabilidad respectiva y a la aplicación de sanciones conforme a la Ley.
“Es preocupante que a treinta años del inicio de la bioseguridad en México, se observen situaciones de ignorancia, incapacidad o dolo en la vigilancia y evaluación de los OGM en el sector salud, agrícola y del ambiente”, expresó el Dr. José Antonio Serratos, experto en bioseguridad.
“Monsanto no es solamente un vendedor de semillas GM, como lo ha anunciado ante distintos medios, sino el titular de un permiso con obligaciones de bioseguridad que hoy reniega de cumplir. Las fallas del sistema de bioseguridad en México deben corregirse cuanto antes”, concluyó María Colín, campañista legal de Greenpeace.
Escenario de ilegalidad es avalado, e incluso fomentado por autoridades nacionales - Presenta ONG el reporte: “Bio (in) seguridad en México
Ciudad de México/30 de enero de 2018. En nuestro país las medidas de bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) han fallado o resultan ineficaces para garantizar la salvaguardia de la salud humana, el medio ambiente, la diversidad biológica y la sanidad animal, vegetal y acuícola.
Así lo denunció la organización ambientalista Greenpeace México al presentar el reporte “Bio (in) seguridad en México (1) en el que se analiza el caso del Permiso de soya transgénica para Monsanto y la siembra ilegal de soya en el estado de Campeche.
Como resultado de este trabajo se confirmó la presencia de soya genéticamente modificada (GM) en polígonos de Campeche no autorizados a Monsanto (como es el Municipio de Campeche, Campeche) así como la liberación de un evento transgénico no solicitado por la empresa ni autorizado por la autoridad (MON-89788-1); además se constata la permisividad de la autoridad agrícola a la comercialización del producto de la siembra ilegal de soya GM para consumo humano o uso industrial, como “medida de urgencia” al considerar que el evento gozaba de autorización sanitaria, convalidando actos de naturaleza ilícita cometidos por agricultores que sembraron dicho cultivo, prohibido por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por sentencia de noviembre de 2015; ausencia de procedimientos de inspección y vigilancia e infracciones a las casas semilleras señaladas como las que vendieron los insumos de semillas de soya GM en la región, entre otras violaciones al marco de bioseguridad en México.
“Lo que vemos son nulos, escasos o insuficientes mecanismos de inspección y vigilancia, así como laxitud en la aplicación de sanciones penales y administrativas, tanto a funcionarios que se abstienen de aplicar la ley como a aquellos que la emplean “a modo”, o a los agricultores que han admitido sembrar cultivos GM de manera ilegal, lo que permite que se extienda la contaminación transgénica en nuestro país”, denunció María Colín, campañista legal de Greenpeace México.
Este escenario de ilegalidad muchas veces avalado, e incluso fomentado por las autoridades nacionales beneficia los intereses de las empresas agroindustriales, en este caso del gigante comercial Monsanto, denunciado ante un Tribunal Internacional de conciencia en octubre de 2016 en La Haya, Países Bajos (2); así como en el reciente Foro Económico Mundial en la ciudad de Davos, Suiza (3).
A este listado de ilegalidades se suma la carencia de información pública y la enorme opacidad de la actuación gubernamental, además de una serie de obstáculos para su acceso por parte de la ciudadanía, en general, y por las comunidades mayas, en lo particular, aun cuando son afectadas directas por la siembra ilegal de soya GM.
Cabe recordar que en 2012, la empresa Monsanto Comercial, S.A. de C.V. solicitó un permiso a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), para la liberación de soya GM resistente al herbicida glifosato, en fase comercial, para 253 mil 500 hectáreas para 7 estados, incluyendo Campeche (4). El permiso fue aprobado el 5 de junio de 2012, contando con el aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a pesar de las opiniones contrarias de sus órganos técnicos (5) , que desaconsejaban el otorgamiento del permiso por las afectaciones ambientales que implicaría dicha siembra en la Península de Yucatán.
En 2012 apicultores y grupos apícolas tanto de Yucatán como de Campeche interpusieron diversas demandas de amparos por diversas violaciones a sus derechos humanos, resueltos favorablemente para las comunidades en 2014. Impugnaciones de autoridades y la misma empresa Monsanto elevaron los juicios ante la Suprema Corte, que confirmó la violación al derecho a la consulta previa, libre e informada de las y los miembros del pueblo maya en la emisión del permiso a favor de la empresa, ordenando que la consulta se llevara a cabo en los municipios donde habitan los demandantes, quedando prohibida la siembra de soya GM en varios municipios de las entidades de Campeche y Yucatán, aunque la siembra ilegal se dio en el ciclo agrícola 2016 pese a las sentencias de la SCJN.
A pesar de las declaraciones de Monsanto y agricultores locales que no sembrarían soya transgénica en 2017, mediante denuncia ciudadana presentada ante el Senasica el 13 de noviembre pasado, integrantes de las comunidades de Campeche y ONG documentaron nuevamente la presencia ilegal de soya GM en 23 mil hectáreas del Estado, aproximadamente.
Los escenarios que podrían explicar la presencia de semillas o plantas de soya GM para el ciclo agrícola 2017 son: a) Agricultores que guardaron semilla de soya GM del ciclo agrícola pasado podrían estarla sembrando; b) Distribución de semillas de soya convencional con presencia adventicia de soya GM por parte de las casas semilleras; c) Comercialización de la semilla de soya GM para consumo humano o uso industrial como ocurrió para la cosecha de 2016; d) Medidas de bioseguridad nulas o insuficientes para evitar la propagación de plantas de soya GM por diversos mecanismos de difusión a través de comercialización, almacenamiento, movilización, plantas voluntarias o el simple intercambio de semillas entre agricultores
Finalmente el 15 de septiembre de 2017 la autoridad agrícola revocó el permiso de Monsanto para liberar al ambiente soya GM ante el hallazgo de plantas transgénicas en muestras colectadas en 2016 en áreas no autorizadas de Campeche, al considerar “como daños graves o irreversibles que el OGM fuera encontrado en un sitio distinto al documentado en el permiso”. Monsanto afirma haber impugnado esta decisión (6).
La empresa referida desconoce sus obligaciones en materia de bioseguridad pues al ser titular del permiso está obligado a observar y cumplir las medidas de monitoreo, prevención, control y seguridad que establezca el permiso, así como las disposiciones del marco de bioseguridad, cuya omisión dará lugar a la determinación de la responsabilidad respectiva y a la aplicación de sanciones conforme a la Ley.
“Es preocupante que a treinta años del inicio de la bioseguridad en México, se observen situaciones de ignorancia, incapacidad o dolo en la vigilancia y evaluación de los OGM en el sector salud, agrícola y del ambiente”, expresó el Dr. José Antonio Serratos, experto en bioseguridad.
“Monsanto no es solamente un vendedor de semillas GM, como lo ha anunciado ante distintos medios, sino el titular de un permiso con obligaciones de bioseguridad que hoy reniega de cumplir. Las fallas del sistema de bioseguridad en México deben corregirse cuanto antes”, concluyó María Colín, campañista legal de Greenpeace.
Notas:
1.- Reporte descargable en: http://www.greenpeace.org/
2.- http://es.monsantotribunal.
3.-https://www.greenpeace.org/
4.- Campeche, Yucatán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Chiapas.
5.- El entonces Instituto Nacional de Ecología (INE, hoy INECC), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).
6.- Impugnará Monsanto la revocación de permisos para sembrar soya transgénica https://suracapulco.mx/2017/
2.- http://es.monsantotribunal.
3.-https://www.greenpeace.org/
4.- Campeche, Yucatán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Chiapas.
5.- El entonces Instituto Nacional de Ecología (INE, hoy INECC), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).
6.- Impugnará Monsanto la revocación de permisos para sembrar soya transgénica https://suracapulco.mx/2017/
Aleira Lara Galicia
Greenpeace México
Comentarios