Sesión sobre cultivos transgénicos defiende que Comunidades Autónomas (de España) apliquen apliquen política propia

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5 de junio de 2018

La posibilidad de que las comunidades autónomas, en el ámbito de sus territorios, adopten medidas propias relativas a los cultivos transgénicos es una de las tesis que se han defendido este martes, Día Mundial del Medio Ambiente, en una sesión sobre este tipo de cultivos celebrada en el Parlamento de Navarra.

La sesión, titulada 'Cultivos transgénicos: Marco legal y político para su prohibición', y organizada por los colectivos Amigos de la Tierra y la Plataforma por un Territorio Libre de Transgénicos de Navarra, ha reunido a diversos expertos en la materia.

El abogado experto en derecho ambiental, Carlos Alonso, ha indicado en declaraciones a EFE antes de participar en la conferencia que España, respecto a otros países de la Unión Europea, es "casi el único país que de forma intensiva sigue plantando el único transgénico autorizado", en concreto, el maíz desarrollado por la compañía Monsanto.

En este sentido, ha precisado que Aragón, Cataluña, Extremadura, Andalucía o Navarra son algunas de las comunidades autónomas con hectáreas dedicadas al cultivo de transgénicos.

Ha recordado que en el 2001 se aprobó la primera directiva europea "importante" que regulaba el cultivo de organismos modificados genéticamente (OMS), y, ya en el 2015, otra directiva permitía a los Estados la posibilidad de restringir o prohibir el cultivo de estos organismos en sus territorios.

Por ello, ha aseverado que en la actualidad existe una "regulación muy estricta" al respecto que abarca ámbitos como la investigación, los cultivos o la comercialización de productos vinculados con los transgénicos.

El abogado ha defendido que la directiva de 2015 "abre vías para que las comunidades autónomas, en el ámbito de su territorio, puedan adoptar medidas propias".

Esta nueva "vía" se fundamenta, entre otras cuestiones, en que hasta 2015 solo se podía alegar medidas relacionadas con el Medio Ambiente o la Sanidad pública y, además, "había que contradecir" los informes de la Agencia Europea de Agricultura.

No obstante, en la actualidad se pueden esgrimir otros motivos relacionados con la política agrícola, de ordenación del territorio, para poder restringir o prohibir los transgénicos.

Por ello, Alonso ha defendido que en España, debido a su configuración, "muchas de estas medidas está relacionadas con competencias de las comunidades autónomas".

En ese sentido, ha indicado que aunque el Gobierno central autorizara el uso de cultivos transgénicos, por ejemplo Navarra "podría alegar razones de política agrícola" como protección de otras producciones agrícolas o promoción de la agricultura económica, y adoptar medias de prohibición al respecto.

En la Comunidad foral más de 40 municipios han aprobado una moción para adherirse a la campaña 'Municipios libres de transgénicos, prohibición del uso del glifosato y apuesta firme por productos de cercanía y ecológicos", desarrollada por la Plataforma por un Territorio Libre de Transgénicos de Navarra.

Al respecto, el abogado ha instado a "transformar ese movimiento en resoluciones con vinculación jurídica".

La eurodiputada del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, Lynn Boylan, ha indicado que la directiva de 2015 parecía "la solución", pero que la misma no ha supuesto el cese de cultivo en algunos países europeos.