Colombia, País Rural sin Plan de Desarrollo Rural
La Silla Vacía
12 de Marzo de 2019
Fundadora De La Corporación Para La
Protección Y Desarrollo De Territorios Rurales PRODETER
Identificamos las medidas que considera el
documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo relacionadas con el campo, el
desarrollo rural, la tierra, los campesinos, la agricultura familiar, la mujer
rural, y las tierras, y analizamos qué se propone por parte del gobierno del
presidente Iván Duque y qué efectos tiene frente a los derechos de la población
campesina en el país.
Para facilitar la lectura, agrupamos las medidas
encontradas por temas. Encontrará una síntesis de lo propuesto por el gobierno,
y a continuación un recuadro con el análisis de los efectos que tiene frente a
las poblaciones rurales.
Temas relacionados con el campo y la
ruralidad
Seguridad alimentaria:
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Desarrollo de clústeres y cadenas de valor agroindustriales que integren
la producción industrial, por medio de un ordenamiento de la producción.
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Críticas e impacto
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No es cierto que el desarrollo de la producción agroindustrial aporte
a la seguridad alimentaria, ya que está concentrado principalmente en
proyectos de exportación de materias primas (forestales, palma de aceite,
caña de azúcar para alcohol carburante; maíz y soya para producción de
concentrados para animales).
Se desconoce el papel importante de la agricultura familiar y de
pequeña escala en la producción de más del 50% de los alimentos que
consumimos.
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Agricultura:
·
Diseñar e implementar un mecanismo de focalización para la política
pública de agricultura familiar: construirán mapas de focalización dirigidos a
desarrollar la política pública de agricultura familiar, como asistencia
técnica, entre otros aspectos. Adicionalmente, en el marco del Registro Social
se buscará la interoperabilidad con el Registro Único de Usuarios de Asistencia
Técnica Directa Rural (RUAT) y el Registro Nacional de Agricultores Familiares,
una vez éste último esté en operación.
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Críticas e impacto
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Si la única propuesta para la agricultura es diseñar un mecanismo de
focalización de política e interoperabilidad de información, realmente no hay
política para el desarrollo de la agricultura.
No hay medidas concretas de protejan, incentiven o promuevan la
agricultura campesina familiar; mucho menos la economía del cuidado.
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Producción agropecuaria con prácticas
sostenibles:
·
Estrategia para la reconversión de sistemas productivos agrícolas,
pesqueros y ganaderos hacia modelos sostenibles y climáticamente inteligentes.
En materia de ganadería, esta estrategia incluirá el escalamiento de los
programas en curso sobre la base de la adopción de la política de ganadería
sostenible.
·
Igualmente, MinAgricultura, con apoyo de la Corporación Colombiana de
Investigación Agropecuaria (Agrosavia), centros de investigación y gremios
agropecuarios, desarrollará modelos productivos agropecuarios con oferta
tecnológica y mejores técnicas.
·
Estrategia que materialice el cierre y estabilización de la frontera
agrícola, que utilice los insumos del Plan Nacional de Zonificación Ambiental
que MinAmbiente formule, que incorpore acciones de reconversión y sustitución
de actividades, y defina los lineamientos para la creación y adopción de
regímenes de transición para la resolución de conflictos socioambientales.
·
Estrategia Nacional de Restauración, implementando portafolios
regionales de restauración de manera articulada con mecanismos como los PSA,
los negocios verdes y las inversiones obligatorias, y promoviendo la
restauración productiva en el marco de procesos de formalización, titulación y
ordenamiento social de la propiedad. La estrategia deberá priorizar las áreas
protegidas, cuencas y ríos estratégicos para el cierre de la frontera agrícola,
áreas ambientales estratégicas como el río Atrato y territorios con altas tasas
de deforestación. Así mismo, la estrategia deberá facilitar la consolidación de
modelos de negocios y cadenas de valor, para el uso de la tierra de acuerdo a
su vocación, a partir de la restauración de ecosistemas.
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Críticas e impacto
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Las medidas son formulaciones de estrategias que deberán diseñarse; no
se tienen contempladas metas e indicadores de cumplimiento para estas
estrategias; luego no pasa de ser una formulación teórica y no sustancial de
medidas que ayuden a superar conflictos socioambientales.
La reconversión productiva, modelos de producción sostenible y el
cierre de frontera agrícola son problemas antiguos donde ha corrido en
múltiples oportunidades proyectos e iniciativas públicas y privadas. No tiene
sentido seguir insistiendo en el modelaje o diseño de estrategias que nunca
se consolidan como política, con indicadores e inversión.
La participación de las comunidades no se prevé, salvo en el caso del
cierre de la frontera agrícola en donde se anuncia que se realizará de manera
participativa, aunque no es clara la manera cómo se garantizará. En el tema
de cierre de frontera agrícola ya se vivió una mala experiencia en 2018,
cuando la UPRA adoptó la metodología para el cierre de la frontera a escala
1:100.000 de manera unilateral, sin participación de las comunidades ni
convalidación en región[2].
El modelo de restauración se concentra en las cadenas de valor y
clústeres; volviendo a dejar a los campesinos en un rol residual, sometido al
modelo de alianzas que se pretende imponer.
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Producción agropecuaria:
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Estrategias para emprendimientos agropecuarios: Promover la creación y
fortalecimiento de los esquemas asociativos que tengan una vocación empresarial
agropecuaria.
o
Esquemas de agricultura por contrato, como los negocios inclusivos y las
alianzas productivas, que facilitan la inserción productiva y comercial de la
agricultura campesina, familiar y comunitaria (ACFC) en cadenas de valor
agroalimentarias y agroindustriales
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Críticas e impacto
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Esta versión del PND tiene un enfoque anti campesino que no reconoce
el papel de los pobladores rurales en el desarrollo rural; anula la
agricultura campesina, descarta avances que a la luz de la implementación del
acuerdo de paz se debían hacer respecto a la economía campesina, economía del
cuidado y seguridad alimentaria.
Este modelo de desarrollo agrario centra su estrategia en la inversión
privada, la cual hay que facilitar con procesos de saneamiento de propiedad
eficientes y bienes públicos hechos a medida del cliente[3],
ya que es la industria privada la que puede generar oportunidades para los
pequeños productores; sólo reconoce a los campesinos si se incorporan en la
cadena productiva, cediendo sus tierras o adhiriéndose a las empresas
agroindustriales mediante el criticado sistema de alianzas[4].
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Impulso a la economía forestal:
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Con apoyo de MinCIT, realizar los ajustes institucionales y normativos
para el desarrollo de la economía forestal, la consolidación de mecanismos
financieros y el fomento de empresas forestales sostenibles, que involucren
esquemas de aprovechamiento comunitario de los bosques, tecnificación de
plantaciones con especies nativas y encadenamientos productivos.
·
Desarrollar la agenda de investigación forestal, con apoyo de
Colciencias, de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
(Agrosavia), de centros de investigación, de universidades y de organizaciones
no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales. En esta, se incluirá un
programa de forestería comunitaria, portafolios de proyectos con iniciativas
interregionales y locales, y la promoción de sus usos tecnológicos y
biotecnológicos para generar mercados de bienes y servicios de alto valor agregado.
Además, se formularán e implementarán diez planes de negocios forestales
sostenibles y restauraciones masivas con participación del sector privado y
público, y de la sociedad civil.
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Construir una estrategia para garantizar la integralidad de las cadenas
de valor de la madera legal y sus manufacturas en el marco del Pacto
Intersectorial por la Madera Legal.
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Críticas e impacto
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La apuesta es por afianzar la cadena de valor forestal, con todos los
componentes: seguridad en la tenencia de la tierra, habilitación de tierras
de usos forestales para su disposición en estas cadenas, avales y
salvaguardas de autoridades ambientales sobre los proyectos, beneficios e
inversiones públicas a pedido de los clientes para incentivar el proyecto,
modelo de alianzas productivas para justificar la acumulación de tierras de
la industria forestal.
Los proyectos forestales son justificatorios de la acumulación de
grandes extensiones de tierras; en un país en el que el coeficiente de GINI
de desigualdad en el acceso y tenencia de la tierra es de 0.92, promover
industrias que acaparen grandes extensiones de tierra es violatorio de los
compromisos del Estado Social de Derecho establecido en los artículos 1, 63 y
64 de la Constitución Política.
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Adecuación de tierras:
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Enfocada en proyectos de gran y mediana escala: por medio de procesos
que articulen el desarrollo de su infraestructura con cadenas de valor
agropecuarias y promuevan un uso eficiente del agua
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Críticas e impacto
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Los servicios públicos e inversiones públicas anunciadas para la
ruralidad en el PND están atadas a incentivar el desarrollo de los proyectos
de gran importancia, o importancia estratégica, que se quieren motivar en
materia de agroindustria y clústeres de valor. Esta priorización en inversión
no obedece ni al cumplimiento del acuerdo agrario de paz, ni al desarrollo
rural integral, inexistente en este modelo de desarrollo, donde el “Campo con
progreso” es para unos pocos.
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Tierras:
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Crear las condiciones para que la tenencia de la tierra y el
ordenamiento productivo habiliten el desarrollo:
o
Barrido predial masivo
o
Planes de ordenamiento de la propiedad
·
Desarrollo de clústeres y cadenas de valor agroindustriales
·
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) priorizará los
territorios afectados por deforestación en la implementación del sistema
catastral multipropósito.
·
MinAgricultura, el IGAC, el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE) y la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR),
priorizarán la aplicación del registro inmobiliario de bienes baldíos en estas
áreas, evitando su ocupación indebida y el acaparamiento de tierras.
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Críticas e impacto
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“Crear las condiciones para que la tenencia de la tierra y el
ordenamiento productivo habiliten el desarrollo agropecuario y la inclusión
productiva y la seguridad jurídica” es el objetivo trazado en el pacto por el
campo. Los mecanismos previstos por el PND para la regularización de la
propiedad son el saneamiento y el catastro privado. Estas medidas están
orientadas a dar legalidad a las situaciones irregulares e ilegales que se
presentan en los procesos de adquisición y acumulación de tierras, para
generar la confianza inversionista que demanda la inversión privada en los
grandes proyectos agroindustriales, mineros y de infraestructura que se
quieren consolidar en los territorios.
En el país hay un desorden de la información catastral y de registro
de los predios que ha conllevado a una inestabilidad jurídica en los
registros inmobiliarios, nunca se hizo una reforma agraria, y la informalidad
en la tenencia de la tierra asciende al 60% de los predios registrados por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC. La falta de un catastro
multipropósito y la debilidad de la institucionalidad agraria que incumple
sus funciones de regulador de la propiedad de la tierra y de los baldíos,
alimentan este caos. Sin duda estamos ante la inseguridad jurídica en la
propiedad y tenencia de la tierra tan temida por los inversionistas, por el
Gobierno y por los promotores de los negocios. La solución del PND es
privatizar la función catastral, para que empresas privadas al servicio de
intereses privados y sustraídos de controles disciplinarios, fiscales y
penales, constituyan, organicen, creen y administren el catastro rural.
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Estabilización territorial:
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Estabilizar los territorios rurales, principalmente en los 170
municipios PDET: La apuesta por el desarrollo del campo colombiano es una
oportunidad para la superación de la pobreza y la estabilización de los
territorios. Oferta institucional en programas de estabilización: ordenamiento
social de la propiedad, infraestructura y adecuación de tierras.
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Críticas e impacto
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Se ata la política de inversión en los territorios y de los PDET a los
antiguos planes de consolidación territorial, hoy llamados “estabilización
territorial”. Además de las críticas que entraña el hecho de asignar
funciones de política social a las fuerzas militares y del riesgo que ello
representa para las comunidades rurales, la propuesta como se vio en los
cuadros citados, se limita a lo general: clústeres de valor, seguridad
jurídica, ordenamiento apra afianzar modelo de desarrollo.
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Mujeres rurales:
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Inclusión de mujeres en los planes de ordenamiento (formalización)
·
Promover la generación de ingresos para las mujeres rurales a través de
una mejora en el servicio de extensión agropecuaria, el acceso a instrumentos
financieros, y las condiciones de empleabilidad y emprendimiento
·
Ruta de participación de las mujeres rurales que promueva la incidencia
en el Sistema Nacional Regional del Sector Agropecuario, Pesquero, Forestal
Comercial y de Desarrollo Rural (SNRA) y el rol de los Consejos Municipales de
Desarrollo Rural (CDMR) y los Consejos Seccionales de Agricultura (CONSEA)
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Críticas e impacto
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Realmente no se propone nada para l mujer rural diferente a lo que ya
estaba previsto previamente. El enfoque diferencial se limita a decir que una
parte de los “beneficiarios” serán mujeres, más no recoge las necesidades
diferenciales de género. Tampoco recoge avances sobre economía del cuidado y
otras formas de producción propias de la mujer rural, obviamente porque no
encaja en el modelo de cadenas de valor que se pretende imponer.
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Inversión PND:
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Inversión en el “Campo con progreso” es de 10.616 miles de millones de
pesos; en la implementación del proceso de paz: 2.016,2 miles de millones de
pesos.
o
Tal como se menciona en el Pacto por la Construcción de Paz, a lo largo
del PND se recogen las apuestas por la transformación del campo y la
estabilización de los territorios, propósitos en los que coincide con el Plan
Marco de Implementación (PMI). En concordancia, el monto total de recursos para
la implementación del Acuerdo Final reúne no solo los del Pacto por la
Construcción de la Paz, sino también los de los diferentes pactos del Plan
Nacional de Desarrollo destinados al logro de los objetivos plasmados en el
Plan Marco de Implementación.
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Críticas e impacto
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Los recursos son muy reducidos para el cuatrienio. No hay recursos
nuevos o frescos, se trata de retomar los recursos históricos en la operación
ordinaria del sector agricultura. En la práctica el PND no aporta inversión
nueva para cumplir con los fines de la reforma rural integral, ya que es
inexistente en esta versión de desarrollo.
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Paz:
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Plan marco de implementación: sólo recoge 2 metas del “Campo con
progreso”: 1. Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras y 2. Áreas con
seguro agropecuario.
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Críticas e impacto
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El PND no cumple con lo pactado en el acuerdo agrario del Acuerdo
Final de Paz; no prevé una reforma rural integral, no cumple con el fondo de
tierras para la paz, no garantiza el acceso progresivo a la tierra por parte
de comunidades rurales, no viabiliza el cumplimiento del Plan Integral de
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
Reduce lo pactado a un mínimo esfuerzo consistente en titular
propiedad mediante procesos de formalización que más obedecen al afán por
brindar seguridad jurídica al mercado de tierras necesario para la operación
de los proyectos de desarrollo de agroindustria y extractivos que se quieren
implementar, que a generar un verdadero mecanismo de redistribución de la
propiedad de la tierra.
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Metas de producto:
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Títulos formalizados en predios privados (24.350); Títulos formalizados
que otorgan acceso a tierras (24.160); planes de ordenamiento social de la
propiedad (4).
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Críticas e impacto
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Los indicadores de producto confirman el mínimo esfuerzo del gobierno
de Duque por desarrollar agendas de política rural y agropecuaria, este es un
modelo de desarrollo extractivista y rentista, que opta por entregar el campo
a la propiedad privada y cruzar los dedos esperando a que estos negocios
particulares también traigan desarrollo a los demás. Esto, bajo una dinámica
en la que las comunidades rurales están en una situación de extrema
desigualdad, implica un enfoque anti campesino del PND.
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Restitución de tierras:
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Se presentará al Congreso el balance de la ley, así como una propuesta
de ajuste y actualización, que se someterá al debate correspondiente. Para
ello, se deberá contar con la proyección del universo de víctimas, la
definición clara de todas las medidas a las que puede acceder esa población y
el costo para su implementación.
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Críticas e impacto
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EL PND no se compromete a prorrogar la vigencia de la ley de víctimas
y restitución de tierras ni a ampliar su impacto y efectos.
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[1] Presidenta de
la Corporación para la Protección y Desarrollo de Territorios Rurales-
PRODETER. Más info en: www.prodeter.org.co
[2] https://www.upra.gov.co/publicaciones/-/asset_publisher/Gcha9Rfz1eZm/content/metodologia-para-la-identificacion-general-de-la-frontera-agricola-en-colombia-a-escala-1-100-000
[3] El PND prevé
“destinar, al menos, el 50 % de la inversión sectorial hacia la provisión de
bienes y servicios públicos”, es decir, la inversión pública al servicio de los
intereses privados.
[4] El modelo de
alianza productiva no es nuevo en Colombia, de hecho, ha sido impulsado por
todos los últimos gobiernos, mostrando experiencias críticas que ponen en jaque
el esquema de “alianza”, por la clara desigualdad que hay entre pequeños
campesinos y grandes productores, la falta de regulación parte del Estado y la
desprotección de los derechos territoriales y productivos de los campesinos.
Ejemplo del abuso por parte de las industrias del esquema de alianzas está en
el siguiente análisis: “Oleoflores e Indupalma- Corporativismo Empresarial y
Relaciones de Poder en El Monocultivo de Palma de Aceite en Colombia”, Oxfam,
2017, consultado en: https://www.scribd.com/document/366597303/Oleoflores-e-Indupalma-Corporativismo-Empresarial-y-Relaciones-de-Poder-en-El-Monocultivo-de-Palma-de-Aceite-en-Colombia
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