La Crisis Cafetera en Colombia

Café amargo y cerrero

Jorge Gómez Gallego*, Medellín, febrero 14 de 2013

--------------------------------------------------------------------------------------------

Si algún economista quisiera hacer el ejercicio académico de diseñar el peor escenario para la caficultura colombiana en todos los tiempos, bastaría con describir su estado actual. Se ha producido una especie de alineación perversa de los astros en contra de los productores del grano, otrora símbolo nacional.

En esa que podemos denominar perversa conspiración se han juntado elementos como una caída cercana al 50% en el precio internacional en dólares durante el último año; la década de revaluación del peso frente al dólar que les robó otro 30% del precio en pesos; desplome de los volúmenes de producción sin solución a la vista calculado en casi un 40% de la capacidad productiva nacional (de 13 a 8 millones de sacos año); deterioro estructural de los suelos y aumento desbordado de los costos de producción. La situación se ha tornado tan dramática, que muchos productores gastaron más dinero en la sola actividad de recolectar la cosecha de fin del año 2012 que el que recibieron por la venta de su grano. Es decir, perdieron en la cosecha y adicionalmente todo lo invertido en el sostenimiento del cultivo, sin contar la nula rentabilidad del capital invertido.

Mientras existió el pacto mundial de precios y de cuotas que de un lado garantizaba unos ingresos mínimos para la compra del café y de otro el suministro oportuno de los volúmenes que requería el mercado, el Estado colombiano se apropió de un significativo porcentaje de la renta cafetera nacional. Dos mecanismos utilizó: uno, transferencias directas al fisco nacional desde el Fondo Nacional del Café que a su vez se nutría de los aportes de los productores. El otro, mediante el traslado de la obligación estatal de adelantar obra pública en zona cafetera, de tal suerte que durante más de un cuarto de siglo éstas fueron ejecutadas con los recursos de los cultivadores. Diversos cálculos dan cuenta de que esa captura de renta cafetera por parte de los gobiernos de turno pudo haber sumado, en un lapso de 25 años, más de ochenta billones de pesos de hoy; esto sin contar con los impuestos de toda índole pagados por los caficultores.

Cuando el gobierno de Estados Unidos dinamitó el pacto con la ayuda nunca desmentida de Luis Fernando Alarcón Mantilla y María Mercedes Cuéllar, a la sazón funcionarios del gobierno de Virgilio Barco, los precios se desplomaron, los cafeteros fueron sometidos a los vaivenes del libre comercio, abandonados a su suerte de tal forma que hoy ya no poseen inventarios significativos en su poder, los especuladores son los dueños absolutos del mercado y se ha configurado la pavorosa situación descrita más arriba.

Producir hoy una carga de café de 125 kilos, con los supervalorizados pesos colombianos, cuesta en promedio $ 750.000 pesos, mientras el precio, fijado mediante la tenebrosa combinación del precio externo con la tasa de cambio, no pasa de $ 550.000. Desde luego, como aconsejan los funcionarios del gobierno y la Federación de Cafeteros, sería muy positivo aumentar la productividad de los cafetales, bastante menor que la que registran nuestros principales competidores; pero eso choca con dos barreras enormes: la primera, el tipo de terreno en el que se hayan plantados los arbustos de la rubiácea colombiana, laderas de naturaleza abisal; en segundo término, la diminuta extensión de las unidades productivas que no permiten obtener las llamadas economías de escala. El tamaño promedio nacional de un cafetal llega escasamente a 1.4 hectáreas y el 95% de las 550.000 fincas cafeteras son menores de 5 hectáreas.

Sin embargo, el obstáculo mayor para la supervivencia de la industria cafetera estriba en la aceptación sumisa por parte de Juan Manuel Santos y sus antecesores del papel de enclave colonial minero – energético asignado a nuestra nación por los magnates de Wall Street y los organismos multilaterales de crédito. Éstos han diseñado e impuesto la inicua división internacional del trabajo hoy vigente. La locomotora minera atropella y pulveriza nuestra agricultura.

Tienen razón los cafeteros en exigir al gobierno nacional la fijación de un precio mínimo de sustentación de $ 800.000 por carga y la adopción de una serie de medidas complementarias como crédito de fomento, control de precios y subsidio para los insumos. Solo así se podrá mantener a flote una actividad de la que depende, de manera directa o indirecta, cerca del 10% de la población colombiana. Y esa razón es respaldada con una medida de fuerza que merece el apoyo de la inmensa mayoría de los colombianos: el paro cívico nacional cafetero del 25 de febrero.

Si Juan Manuel Santos se hace el sordo ante el clamor cafetero, los cultivadores hablarán cada vez más fuerte y la resistencia cerrera de nuestros productores borrará lo amargo del momento.

*Diputado Asamblea Departamental de Antioquia POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO.