Bio Hackers, la nuevas tendencias que quieren controlar las transnacionales


'Biohackers' y su Ley Sinde: pensamiento y acción

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Hace unas semanas los medios internacionales se hicieron eco de unanoticia que puede cambiar el panorama mundial respecto a los derechos de los titulares de patentes biotecnológicas. Las consecuencias en España, tras la tendencia prohibicionista del Gobierno y ante el miedo y la presión por evitar ser incluidos en la temida lista 301, podrían traer una 'ley tipo Sinde' que, de nuevo, esconda una verdad: la de proteger la privatización de lo que es de todos, ayudando a concentrar las posibilidades de innovación en las gigantes multinacionales la investigación y, de paso, dificulte el intercambio de información.
La noticia básicamente se centra en el pleito que enfrenta a los modernos David y Goliat, un granjero estadounidense de 75 años y una multinacional propietaria del mayor porcentaje de patentes de transgénicos. Al fallo que resuelva el procedimiento están muy atentas las grandes compañías creadoras de 'software' como Apple y Microsoft(En Estados Unidos, al contrario que en Europa, sí están permitidas las patentes de 'software'). Las dos multinacionales, tras años de batallas de patentes entre ellas, han conseguido copar el mercado de patentes de 'software' y se unen en la lucha contra un enemigo común. Así, manifiestan, desde su privilegiado 'club', la BSA (Business Software Alliance), que en caso de una resolución no favorable al titular de la patente se facilitará la 'piratería' a gran escala puesto que tanto la programación informática como la genética incluida en las semillas pueden reproducirse fácilmente.
España es el único país de la UE en el que el cultivo y explotación dealimentos transgénicos está permitido a gran escala. El 80% de los cultivos transgénicos de Europa están en nuestro país. Sin embargo, países como Francia o Italia han decidido mantenerse al margen, al no tener constancia de que el consumo de los transgénicos a largo plazo no sea perjudicial. Esta permisividad a la explotación de transgénicos junto con la crisis que nos asola y el jaleado movimiento emprendedor, hace que cada vez sean más los urbanitas que abandonan la ciudad y se trasladan al campo donde experimentan con vegetales en busca de obtener la planta más resistente y el fruto disponible todo el año. Una suerte de Steve Wozniacks 3.0 que en vez de garajes se alojan en granjas y en vez de trastear con 'software' lo hacen con ADN. Dichos bioemprendedores combinan sus conocimientos de biología con la ética 'hacker' en la que han crecido, una mezcla queaterra a las multinacionales que quieren que la ley permita que se patenten "hechos de la naturaleza" y obtener el monopolio sobre la observación de una determinada secuencia de ADN.
La mencionada noticia pasó casi desapercibida, pero nos debemos sentir obligados a pensar sobre ella y en consecuencia actuar ante lo que se pueda venir. La multinacional Monsanto es un gigante de puertas giratorias que intercambian altos cargos ejecutivos con gobernantes. De hecho ha conseguido formar 'lobbies' para los dos partidos de Estados Unidos, provocando que, al igual que se dio en las elecciones pasadas, ganase quien ganase, Monsanto tendríarepresentante.
Estos 'lobbies' o grupos de presión se han propagado por el mundo como las semillas transgénicas de Monsanto. En 2010 podíamos conocer a través de uno de los cables de Wikileaks la alianza entre EEUU y el Gobierno Español para defender los organismos genéticamente modificados. Incluso, la embajada americana llegó a mediar a favor del gigante Monsanto en contra de las posiciones de la Comisión Europea.
Por su parte, el Congreso de EEUU aprobó una enmienda al proyecto de Ley agrícola por el que se le quitó a los tribunales federales la potestad para "detener la venta y siembra de cultivos genéticamente modificados", dicho proyecto de Ley, también conocido como 'Monsanto Protection Act', fue impulsado por el senador republicano Roy Blunt quien, según el diario New York Daily News, colaboró con Monsanto en la redacción de la iniciativa.
Con la aprobación de la 'Monsanto Protection Act', las empresas de biotecnología no tendrán que obtener la aprobación de un juez federal para poner a prueba cultivos y equipos de laboratorio de fabricación, e incluso, la venta de esos cultivos. Es decir, más carta blanca para las multinacionales biotecnológicas, lo que ha provocado que numerosas asociaciones y organizaciones actúen recogiendo firmas contra la mencionada cláusula y en defensa de los consumidores y el medio ambiente.
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La historia del granjero de Indiana acusado por la multinacional de infringir sus derechos de propiedad intelectual por reutilizar sin su permiso las semillas de un año para otro nos plantea la incógnita de si es factible que lo mismo suceda en España; si, como ocurre en el caso de las paginas web, una comisión puede venir a nuestro huerto y cerrarlo por infringir presuntamente los derechos de propiedad intelectual de un tercero.
Pues bien, no es que pueda suceder, sino que de hecho ya está ocurriendo, y además son más que frecuentes los casos de agricultores a los que se les imputa por "copiar sin autorización", por ejemplo, una variedad de arándanos protegida con licencia o por recolectar mandarinas "sin papeles".
Respecto al asunto, la Ley 10/2002, de 29 de abril incorpora al Derecho español la Directiva 98/44/CE, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, y mantiene el "privilegio del agricultor"(art. 11.1 de la Directiva) que le permite utilizar el producto de su cosecha para reproducción o multiplicación a efectos de explotación agrícola, aunque matizado por el articulo 14 del Reglamento CE 2100/94 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, que admite el pago de un canon al mejorador.
A su vez, dice la actual Ley de Patentes -de momento- en su articulo 52 que los derechos contenidos por la patente no se extienden ni a los actos realizados en su ámbito privado y con fines no comerciales ni a los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada.
Por el contrario, una nueva ley de quien fácilmente cede a las presiones de las multinacionales -endurecedora y restrictiva al estilo Ley Lassalleque limita al mínimo la copia privada-, podría eliminar la posibilidad de que, incluso para uso privado o experimental, alguien pueda utilizar las semillas genéticamente modificadas, obtenidas de su cosecha, sin necesidad del permiso del titular de la patente. De esta manera, podría criminalizarse a los investigadores que abogan por el acceso libre a material genético y tratan de conseguir un bajo costo en sus resultados para no depender de transnacionales monopolistas.
Para controlar a estos "biohackers" las multinacionales cuentan con su propia SGAE, la denominada GESLIVE, la cual lleva a cabo más de mil inspecciones al año y acumula en la actualidad docenas de procedimientos judiciales abiertos, habiéndose dictado múltiples sentencias condenatorias contra agricultores por delitos contra la propiedad industrial. A diferencia de Estados Unidos, donde las compañías de transgénicos cuentan con su Policía genética privada, en España la encargada de llevar a cabo dicha tarea es la policía pública, elSEPRONA, la que se encarga de perseguir y denunciar a aquellos que reproducen semillas sin autorización.
La diferencia entre las patentes comunes y las genéticas, aparte del componente ético y moral que lleva a preguntarnos si se puede tener derecho a patentar la vida y sus diferentes formas de expresión, es el aspecto del decimonónico sistema de patentes, que fue creado para proteger derechos como los derivados de la invención de un motor biodiesel. A diferencia del caso del motor biodiesel, donde un granjero no se levanta por la mañana y se encuentra que su tractor tiene un motor que antes no tenia, en el caso de las semillas, los granjeros sí se pueden encontrar con que el viento ha arrastrado desde más de 500 metros una semilla transgénica que ha contaminado su cultivo sin poder diferenciar entre el cultivo transgénico protegido y el no transgénico.
Mientras tanto, el agricultor que compra semillas modificadas genéticamente se ve obligado a pasar por caja año tras año y año, sin poder decir nada al encontrarse que en los contratos de venta de semillas existen cláusulas como las que permiten el acceso a sus campos a la policía genética, o la que obliga a no demandar a la compañía vendedora, la que impone no contar nada a otros agricultores. Por otro lado, habrá 'bioemprendedores' quienes, ante las tendencias privatizadoras del Gobierno en Sanidad, Educación, etcétera, y los últimos acontecimientos acaecidos en los huertos españoles, tienen razonas suficientes para temer una nueva 'Ley Sinde' persecutoria que concentre en unos pocos la posibilidad de investigación y que restrinja aquellas prácticas presentes desde que existe la agricultura, como son mejorar, guardar, multiplicar e intercambiar las semillas libremente a partir de la cosecha anterior. Prácticas que son un derecho fundamental de todos los agricultores como ha defendido el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO.
Pensemos, pensemos y pensemos sobre esto como ya lo hacen agricultores y 'biohackers' y en consecuencia actuemos.
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'El pensamiento es la semilla de la acción'. (Ralph Waldo Emerson)
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(*) Jesús Blanco Leblic es abogado. Colabora actualmente con Bufet Almeida.

Comentarios

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