Audiencia alerta situación del derecho a la alimentación y regulación de semillas en América Latina

Campesinos y campesinas de América Latina, junto a organizaciones sociales, alertan a la CIDH sobre la situación del derecho a la alimentación adecuada y las regulaciones del uso de semillas

Misión investigadora, Xalalá, Guatemala, octubre 2009 - Foto: © FIAN Países Bajos.

Buenos Aires, Heidelberg, Washington; 31 de octubre de 2014: organizaciones campesinas y de derechos humanos presentan hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)información sobre soberanía alimentaria, derecho a la alimentación adecuada y el impacto en los derechos humanos de las nuevas regulaciones en materia de semillas en América Latina y el Caribe.

A pesar de que en la última década la producción rural generó un aumento significativo en el crecimiento económico, el 80% de quienes sufren de hambre y el 75% de quienes se encuentran en situación de pobreza extrema son habitantes de zonas rurales.

En una audiencia pública en el marco del 153 período de sesiones de la CIDH en Washington, D.C., las organizaciones buscan alertar a la CIDH sobre la situación del derecho a la alimentación adecuada en la región, en particular del campesinado y los pueblos indígenas, el impacto de los modelos de desarrollo, los problemas derivados de las normas que regulan el uso de semillas y el rol de la justicia en estas cuestiones.

En 2014 se cumple el 10mo aniversario de las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación. Las organizaciones señalan los retos que ese derecho enfrenta en la región: acaparamiento de tierras y recursos naturales para la implementación de proyectos mineros -como el caso de las comunidades el Hatillo en Colombia y Kimsakocha en Ecuador- y para la expansión de la agroindustria y producción de cultivos comodín como palma, maíz y soja -en el caso de los Guaraní Kaiowá en Brasil y Monte Oscuro en Colombia.

Las comunidades vienen recurriendo al poder judicial, sin embargo el acceso a la justicia es inefectivo -como en el caso de desnutrición de Camotán en Guatemala donde el Estado ha venido dilatando la implementación de la primera sentencia judicial que reconoce la violación del derecho a la alimentación. La respuesta estatal y de entes privados ante la resistencia y defensa de las comunidades se ha caracterizado por ser violenta y hacer uso de la criminalización como en el caso del conflicto agrario en el Bajo Aguán, donde fueron asesinados campesinos que luchaban por su derecho a la tierra, o el caso de Curuguaty–Marina Cue en Paraguay donde varios campesinos enfrentan un proceso judicial sin las debidas garantías.

La audiencia pública se puede seguir en vivo a partir de las 16.15 hora de Washington, en la que las organizaciones solicitarán a la Comisión que monitoree con periodicidad la situación de los derechos a la alimentación y al territorio de la población rural; recomiende a los Estados medidas para mejorar sus condiciones de vida, abordar las causas estructurales de tales violaciones y adoptar políticas públicas favorables a los titulares de esos derechos; monitoree las obligaciones extraterritoriales de los Estados en casos que involucran a empresas transnacionales; vigile la creciente criminalización de las luchas campesinas; desarrolle estándares específicos en atención a estas problemáticas e intercambie con las Naciones Unidas sobre los avances normativos que se están dando sobre esta materia.

Estas demandas están articuladas por la perspectiva de la defensa de la soberanía alimentaria y de ser atendidas ayudarían a revertir las vulneraciones a los derechos humanos, en especial a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), y a eliminar la discriminación estructural que las comunidades rurales sufren hoy. En este marco se inscribe el trabajo de promoción, defensa y justiciabilidad del derecho a la alimentación adecuada, así como las denuncias y movilizaciones en torno a los procesos de acaparamiento de tierras y los impactos negativos que tienen las nuevas tendencias de regulación de semillas. Para mitigar estos impactos en los derechos humanos, se deben procurar marcos regulatorios a medida de cada realidad y preservar la función de los sistemas tradicionales de semillas de los agricultores.

La audiencia fue solicitada por la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC- Vía Campesina); FIAN Internacional; el Colectivo Social por el Derecho Humano a la Alimentación (Guatemala); el Observatorio Permanente de Derechos Humanos en el Aguán–OPDHA (Honduras); y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, Argentina).