Se juntaron las dignidades agropecuarias en Colombia - Declaración

Declaración
Dignidad Agropecuaria: Por la Soberanía Alimentaria y la protección del
Medio Ambiente

Desde el Paro Cafetero, en febrero de 2013, punto de inflexión de la lucha
social en Colombia, el Paro Agrario de agosto del mismo año y el Paro
Agrario de abril de 2014, centenares de miles de productores agropecuarios,
sin distingo de su posición social y productiva, se han movilizado por la
supervivencia de la agricultura nacional.

Al calor de esa masiva expresión surgieron los movimientos de Dignidad
Cafetera, Dignidad Arrocera, Dignidad Cacaotera, Dignidad Panelera, Dignidad
Papera, Dignidad Lechera y Dignidad Cebollera. Poco a poco, las Dignidades
se extendieron a otros géneros agrícolas y pecuarios, hasta consolidar a
Dignidad Agropecuaria Colombiana.

Las causas de la protesta son coyunturales y estructurales y ni las unas ni
las otras se han resuelto. Por el contrario, ha causado un enorme daño la
decisión del gobierno nacional de volver al país un centro mundial de
minería e hidrocarburos, con las consecuencias que esto trae para la
agricultura y la industria, empezando por la revaluación, que en diez años
ha sido del 40%, encareciendo las exportaciones y abaratando las
importaciones. Esa política deja todavía más desprotegido al agro nacional
en los ciclos de bajos precios internacionales, todo lo cual se agrava con
los costos crecientes de los insumos, semillas, fertilizantes, los más caros
del mundo, agroquímicos, energía, combustibles y transporte. Se ha
configurado una economía de quiebra para los 2,5 millones de productores,
campesinos de las distintas capas, indígenas, comunidades rurales y
empresarios y de hambre y desocupación para más de tres millones de
trabajadores agrarios.

La partida de defunción será los Tratados de Libre Comercio. Un estudio de
la organización OXFAM, de noviembre de 2013, definió la economía rural y
especialmente la campesina como perdedora en el caso del TLC con Estados
Unidos, al señalar que hasta “se están violando cláusulas del acuerdo, o
bien se ha generado un serio riesgo de amenazas a los productores” en
lácteos, por las compras de lactosuero y de leche en polvo, arroz, maíz
blanco, carne de cerdo, carne de pollo, arveja y fríjol. OXFAM registra
igualmente el ingreso de volúmenes importantes de trigo, zanahoria, cebolla,
maíz amarillo y sorgo. Agreguemos que Colombia es el tercer destino de las
exportaciones norteamericanas de papa procesada.

Las observaciones de OXFAM fueron corroboradas a finales de 2013 por la
Oficina de Comercio de Estados Unidos (USTR) la cual, cerca de cumplirse los
dos años de vigencia del TLC, ya anunciaba como un éxito que “Las
exportaciones estadounidenses de productos agrícolas a Colombia ascendieron
a US $1,5 mil millones en 2013, el 19o mayor mercado de exportación. Los
rubros  principales incluyen: trigo (228 $ millones), maíz ($ 172 millones),
la harina de soya ($ 172 millones), la carne de cerdo y productos de cerdo
($ 88 millones)”. Y algo similar sucede con la Unión Europea, el Mercosur,
la Comunidad Andina, México, Chile, EFTA y Canadá, del que Colombia es uno
de los primeros compradores de granos como lenteja, arveja y fríjol. ¿Podrán
resistir los productores agropecuarios ese alud de tratados y los de Corea,
Israel o Japón, que faltan por entrar?
Algo más. La revaluación ha favorecido también las importaciones de los
propios productos de exportación, promocionados como “promisorios”.  En los
últimos 5 años ha ingresado el equivalente a más de media producción anual
de azúcar y de aceite de palma y las entradas de café y cacao superaron,
entre 2009 y 2013, más de mil millones de dólares, casi dos billones de
pesos. Se compran en el exterior cerca de cien mil toneladas anuales de
plátano y el 83% del pescado que se consume internamente.

Todavía más grave, millones de hectáreas dedicadas a la agricultura han
entrado en conflicto con los más de 5 millones de hectáreas con títulos
mineros, que saldrían de la producción de ser declaradas de utilidad
pública. Otro tanto sucede con macroproyectos como El Quimbo, HidroSogamoso
e HidroItuango y con decenas de microcentrales proyectadas o en
construcción. Dignidad Agropecuaria trabajará por la defensa de nuestro
patrimonio ambiental y la conservación de nuestras cuencas hídricas, así
como por la protección de nuestros páramos y bosques, ante la amenaza que
significan las multinacionales mineras. Ya que la garantía de nuestra
soberanía alimentaria y de la prosperidad en el Campo, también pasa por
garantizar que se protejan nuestros recursos naturales y no sean regalados a
empresas extranjeras solo deterioran nuestros ecosistemas, en una operación
descomunal de saqueo.

En medio de la crisis, la movilización de Dignidad Agropecuaria ha
conquistado en mesas de negociación la firma de más de 90 puntos de medidas
de salvamento remedial a la coyuntura. Con excepción del PIC, para el café;
de algunos apoyos en el precio a los cacaoteros; de la compra estatal de una
cantidad exigua de inventarios de papa y el apoyo al consumo de panela, no
están en marcha o se han incumplido más del 80% de los puntos acordados.

Como si lo anterior fuera poco, en consecuencia con el modelo de poner al
capital extranjero como la variable principal del crecimiento económico, el
gobierno de Juan Manuel Santos ha decidido atraerlo hacia el agronegocio a
gran escala por la vía de la entrega de baldíos, hoy destinados por ley a
los trabajadores rurales. En esa línea, además de hacer esfuerzos desbocados
para cambiar los artículos de la Constitución que prescriben ese derecho
para los desposeídos, Juan Manuel Santos sigue intentado legalizar el
acaparamiento ilegal que ya han hecho algunos magnates y poderosas compañías
multinacionales como Cargill, violando la Ley 160/94. Esa es la esencia de
uno de los proyectos de ley mencionados el 20 de julio pasado que pretende
concesionar los baldíos a los monopolios a costo cero y con contratos a
muchos años y prorrogables. Para encubrir el disparate, todo se justifica
con la “asociatividad” con campesinos, reviviendo la servidumbre.
Simultáneamente con la “extranjerización” y el acaparamiento y con los TLC,
el gobierno ha echado las campanas al vuelo con el tal Pacto Agrario el cual
rechazamos, puesto que no resuelve los problemas estructurales de la
agricultura Colombiana y se limita a la selección entre 4.500 proyectos
inconexos y desarticulados por valor de un billón de pesos, que no pueden
presentarse como una política auténtica y seria y que, en esencia, son una
forma más de la denominada “mermelada”, con despilfarro de recursos y como
fuente de soborno social para comprar silencios ante los TLC; en la indebida
apropiación de baldíos; en el despojo de la tierra por empresas mineras y
energéticas y en las ganancias descomunales de las firmas trasnacionales de
insumos. El Pacto de marras se plantea como un Desarrollo Rural “con énfasis
territorial”.

Ni siquiera el crédito, instrumento insustituible para el fomento agrícola,
está diseñado con ese propósito, ni en condiciones ni en cobertura, y es
sustituido en proporción cada vez mayor por intermediarios o
“consolidadores”, como sucede principalmente en los cultivos de ciclo corto,
en el tabaco y en la producción minorista de palma, entre otros. Y,
contrario a diseñar políticas de apoyo por medio de créditos con bajas tasas
de interés, el Gobierno de santos se empeña en impulsar normas como la ley
de Bancarización que encarecerán aún más los ya elevados costos de
producción en la agricultura nacional. Dignidad Agropecuaria se opone a que
se siga pretendiendo enriquecer a los bancos, mientras los cultivadores se
arruinan.

De lo antes descrito se deduce que no hay una Política Agraria que proteja
la producción y el trabajo nacionales. Es uno de los males estructurales, si
no el primero, junto con la desigual distribución de la tierra que ha
padecido el sector. Razón tuvo Salvador Camacho Roldán, fundador de la SAC,
cuando dijo en 1871 que la agricultura de entonces “nada tenía que
envidiarle a la de los muiscas”, lo cual se confirmó con que sólo hasta
1921, un siglo después de la Independencia, se hubiera creado un Ministerio
de Agricultura, o que la Revolución Verde de 1950, por la que se renunció a
una tecnología autóctona, favoreciendo principalmente a las grandes casas
internacionales de agroquímicos, se mostrara como “tabla de salvación”. Lo
mismo sucedió con la “apertura” de 1990, que desmontó los pocos programas e
instituciones vigentes y llevó la importación de bienes del ámbito
agropecuario de un millón a diez millones de toneladas, y con los TLC de
ahora, que están arrasando con lo poco que queda. En eso se resumen los
últimos cien años de la vida agraria colombiana, característica de una
neocolonia.

El Gobierno ha iniciado una persecución contra los campesinos detenidos en
el Paro Agrario en Santander. Les han imputado los delitos de violencia
sobre servidor público y obstrucción de vía pública, delito creado por la
reciente Ley de Seguridad Ciudadana con el fin de limitar el derecho a la
protesta e intimidar al movimiento social y agrario.  Estos agricultores
fueron detenidos por participar en la protesta y no cometieron ningún
delito, son conocidos en sus municipios, no pertenecen a ningún grupo
ilegal, y solo pretendían defender sus derechos. Dignidad Agropecuaria
rechaza esta persecución y la amenaza de encarcelar a estos cultivadores y
exige el cese inmediato del proceso y la justa absolución.

Ante este desolador panorama, se vuelve imperativo construir-a partir de la
lucha por aprobar un acto legislativo de iniciativa popular- una Ley Marco
de Política Pública Agraria como la que en muchos países, incluidos los de
Europa y los propios Estados Unidos, los agricultores  han conquistado con
su organización y movilización. Elementos estructurales de ella serán los
puntos programáticos de Dignidad Agropecuaria, bandera de esta organización.
De la respuesta y el trámite que el Estado le otorgue, se deducirá si se
pretende que desaparezca la producción agropecuaria de la faz de Colombia o
si se aspira a que prospere de verdad por vez primera y a que se afirme la
seguridad y la soberanía alimentarias nacionales para todos nuestros
compatriotas.

                   I Primer Congreso de Dignidad Agropecuaria Colombiana

Bogotá, Octubre 6 de 2014

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