Pronunciamiento Iván Cepeda sobre ley 133 de 2014. Contrareforma Agraria


EXPROPIACIÓN Y “CONTRARREFORMA AGRARIA” A FAVOR DE GRANDES EMPRESARIOS
La ponencia del proyecto de baldíos presentado por el gobierno incluye la posibilidad de expropiar la tierra a los campesinos para entregársela a los empresarios.
BOGOTÁ, 13/11/2014. Cuando se radicó el proyecto de ley 133/14 Cámara, el Senador Iván Cepeda advirtió que se trataba de una iniciativa contraria a los propósitos de los acuerdos de La Habana que contemplan una reforma agraria rural integral, y a las demandas del movimiento campesino, étnico y popular que exigen democratizar la propiedad y modificar la actual concentración de la tierra. Sin embargo, una vez conocido el texto de la ponencia para primer debate del mencionado proyecto radicada el 13 de noviembre de 2014 en comisión quinta de la Cámara de Representantes, la situación empeora.
El Gobierno junto con la Unidad Nacional busca impulsar una verdadera expropiación en contra de lo que queda del campesinado en la Altillanura e impulsar la contrarreforma agraria más agresiva que hayamos conocido, después del proceso de despojo a sangre y fuego que vivimos en las últimas décadas, a favor de grandes empresarios.
En la práctica, el proyecto le quita al Incoder la función que tenía de redistribuir tierras,  en cambio, lo encarga de conseguir las tierras que necesitarán las empresas gestoras de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRES), para impulsar sus negocios, a través de la compra directa de bienes privados o mediante procesos de expropiación, a los cuales se les da vía libre con el proyecto porque las ZIDRES se declaran de utilidad pública e interés social.
Así entonces, una vez se declare una zona del país bajo ésta figura, los campesinos que tengan la propiedad de algún predio que debido al abandono estatal no hayan podido poner a producir, y no quieran asociarse con ningún gran empresario (bajo condiciones de subordinación) perderán su tierra, pues deberán aceptar la compra directa por el valor catastral del bien (muy por debajo del valor comercial) que le planteará el Incoder. De lo contrario serán expropiados.
El vocero del Gobierno Nacional Jorge Enrique Vélez Superintendente de Notariado y Registro, sostiene que el proyecto de ley 133/14 no es una iniciativa sobre baldíos sino sobre productividad[1], sin embargo, el proyecto en ningún momento busca afectar  los latifundios improductivos, dedicados por ejemplo a la ganadería extensiva de la Costa Atlántica.
Adicionalmente, el Superintendente ha manifestado que incluso dos campesinos podrían asociarse para solicitar el impulso de proyectos productivos dentro de una ZIDRE[2]. Argumento falaz, pues los requisitos que el proyecto plantea para constituir una ZIDRE están diseñados para que solo puedan cumplirlos los empresarios. Entre ellos están: presentar un  esquema de viabilidad administrativa, financiera y jurídica y de sostenibilidad ambiental, así como, presentar un sistema que garantice la compra de la totalidad de la producción a precios de mercado por todo el ciclo del proyecto a los asociados, entre otros.
Por último es imperativo advertir que la ponencia redefine el concepto de trabajador agrario establecido en el artículo 64 de la Constitución, para poderle entregar los baldíos a empresarios y no a los campesinos. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional (V.g. sentencia t-488-14):
“El objetivo primordial del sistema de baldíos es permitir el acceso a la propiedad de la tierra a quienes carecen de ella, situando el centro de la política agraria sobre los campesinos y en mejorar las condiciones de vida de una comunidad tradicionalmente condenada a la miseria y la marginación social”.
Contrario a dicha disposición el proyecto establece que trabajadores agrarios no son solo los sujetos de reforma agraria, sino  pequeños o grandes productores, eliminando además toda alusión al campesinado en la ponencia.
El proyecto de ley 133/14 debe ser archivado, de lo contrario el Gobierno se convertirá en el nuevo despojador legal y pasará a la historia como el artífice de la peor contrarreforma agraria, aquella en la que se decidió expropiar a los pobres, para entregarle tierra y subsidios a manos llenas a los empresarios que hicieron compras ilegales en zonas como la Altillanura.
El Senador advirtió: “Todo indica que el Gobierno tiene una interpretación ambigua del derecho a la propiedad. Solo cuando se trata de grandes empresarios o terratenientes los reconoce y defiende, pero cuando se trata de respetar la propiedad campesina, y velar por su territorialidad, despliega todos los mecanismos necesarios para eliminarla, y someter a nuevas formas de esclavitud al campesinado. Nada más antitético al primer punto de los acuerdos de la Habana”.


Oficina de prensa
Senador Iván Cepeda Castro



[1] http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2014-%E2%80%9Cproyecto-no-es-de-bald%C3%ADos-sino-de-productividad%E2%80%9D.html
[2] Afirmación hecha durante la audiencia celebrada en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes el 10 de noviembre de 2014.

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