Pronunciamiento Iván Cepeda sobre ley 133 de 2014. Contrareforma Agraria
EXPROPIACIÓN
Y “CONTRARREFORMA AGRARIA” A FAVOR DE GRANDES EMPRESARIOS
La ponencia del proyecto de
baldíos presentado por el gobierno incluye la posibilidad de expropiar la
tierra a los campesinos para entregársela a los empresarios.
BOGOTÁ, 13/11/2014. Cuando
se radicó el proyecto de ley 133/14 Cámara, el Senador Iván Cepeda advirtió que
se trataba de una iniciativa contraria a los propósitos de los acuerdos de La
Habana que contemplan una reforma agraria rural integral, y a las demandas del
movimiento campesino, étnico y popular que exigen democratizar la propiedad y
modificar la actual concentración de la tierra. Sin embargo, una vez conocido
el texto de la ponencia para primer debate del mencionado proyecto radicada el
13 de noviembre de 2014 en comisión quinta de la Cámara de Representantes, la
situación empeora.
El Gobierno junto con la
Unidad Nacional busca impulsar una verdadera expropiación en contra de lo que
queda del campesinado en la Altillanura e impulsar la contrarreforma agraria
más agresiva que hayamos conocido, después del proceso de despojo a sangre y
fuego que vivimos en las últimas décadas, a favor de grandes empresarios.
En la práctica, el proyecto
le quita al Incoder la función que tenía de redistribuir tierras, en cambio, lo encarga de conseguir las tierras
que necesitarán las empresas gestoras de las Zonas de Interés de Desarrollo
Rural y Económico (ZIDRES), para impulsar sus negocios, a través de la compra
directa de bienes privados o mediante procesos de expropiación, a los cuales se les da vía libre con el
proyecto porque las ZIDRES se declaran de utilidad pública e interés social.
Así entonces, una vez se
declare una zona del país bajo ésta figura, los campesinos que tengan la
propiedad de algún predio que debido al abandono estatal no hayan podido poner
a producir, y no quieran asociarse con ningún gran empresario (bajo condiciones
de subordinación) perderán su tierra, pues deberán aceptar la compra directa
por el valor catastral del bien (muy por debajo del valor comercial) que le
planteará el Incoder. De lo contrario serán expropiados.
El vocero del Gobierno
Nacional Jorge Enrique Vélez Superintendente de Notariado y Registro, sostiene
que el proyecto de ley 133/14 no es una iniciativa sobre baldíos sino sobre
productividad[1],
sin embargo, el proyecto en ningún momento busca afectar los latifundios improductivos, dedicados por
ejemplo a la ganadería extensiva de la Costa Atlántica.
Adicionalmente, el
Superintendente ha manifestado que incluso dos campesinos podrían asociarse
para solicitar el impulso de proyectos productivos dentro de una ZIDRE[2]. Argumento falaz, pues los
requisitos que el proyecto plantea para constituir una ZIDRE están diseñados
para que solo puedan cumplirlos los empresarios. Entre ellos están: presentar un
esquema de viabilidad administrativa, financiera y jurídica y de
sostenibilidad ambiental, así como, presentar un sistema que garantice la
compra de la totalidad de la producción a precios de mercado por todo el ciclo
del proyecto a los asociados, entre otros.
Por último es imperativo
advertir que la ponencia redefine el concepto de trabajador agrario establecido
en el artículo 64 de la Constitución, para poderle entregar los baldíos a
empresarios y no a los campesinos. De acuerdo con la jurisprudencia
constitucional (V.g. sentencia t-488-14):
“El
objetivo primordial del sistema de baldíos es permitir el acceso a la propiedad
de la tierra a quienes carecen de ella, situando el centro de la política
agraria sobre los campesinos y en mejorar las condiciones de vida de una
comunidad tradicionalmente condenada a la miseria y la marginación social”.
Contrario a dicha
disposición el proyecto establece que trabajadores agrarios no son solo los
sujetos de reforma agraria, sino
pequeños o grandes productores, eliminando además toda alusión al
campesinado en la ponencia.
El proyecto de ley 133/14
debe ser archivado, de lo contrario el Gobierno se convertirá en el nuevo
despojador legal y pasará a la historia como el artífice de la peor
contrarreforma agraria, aquella en la que se decidió expropiar a los pobres,
para entregarle tierra y subsidios a manos llenas a los empresarios que
hicieron compras ilegales en zonas como la Altillanura.
El Senador advirtió: “Todo indica que el Gobierno tiene una
interpretación ambigua del derecho a la propiedad. Solo cuando se trata de grandes
empresarios o terratenientes los reconoce y defiende, pero cuando se trata de
respetar la propiedad campesina, y velar por su territorialidad, despliega
todos los mecanismos necesarios para eliminarla, y someter a nuevas formas de
esclavitud al campesinado. Nada más antitético al primer punto de los acuerdos
de la Habana”.
Oficina
de prensa
Senador
Iván Cepeda Castro
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