Kimy Pernía lider indígena desaparecido hace 14 años por paramilitares para permitir la construcción de la Represa Urra II

14 años de la desaparición forzada de Kimy Pernía Domicó
Kimy Pernía, líder de los indígenas Embera Katío del alto Sinú, fue un férreo opositor a la construcción de la represa hidroeléctrica de Urrá I, en el departamento de Córdoba. Su vida se vio truncada el 2 de junio de 2001 cuando paramilitares se lo llevaron y nunca más se supo de su paradero. Pero su lucha y la de su pueblo no ha perdido vigencia 
 
La desaparición forzada de Kimy Pernía Domicó
El 2 de junio de 2001, en el casco urbano del municipio de Tierralta, fue raptado el líder indígena Kimy Pernía Domicó por tres paramilitares bajo el mando de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso.  Eran las 6:20 p.m. cuando lo obligaron a subirse a una motocicleta de color blanco, en inmediaciones de las oficinas de los Cabildos mayores de los ríos Sinú y Verde. Él forcejeó y se bajó de la moto, pero los secuestradores le pusieron un arma de fuego en la cabeza, lo esposaron y lo obligaron a subirse nuevamente a la motocicleta en medio de dos de los agresores, mientras el tercero de ellos los seguía en otra moto.  
Según versiones de vecinos del lugar, Kimy gritaba en repetidas ocasiones: “me cogieron”. Posteriormente, cerca de la estación de gasolina ubicada en la carretera que conduce de Tierralta a Montería, él se volvió a bajar y fue obligado a subir de nuevo a la moto para ser conducido hacia Montería. Esa fue la última vez que se tuvieron noticias de Kimy.
Kimy: líder, visionario y defensor de su pueblo
A principios de los años 90, un grupo de jóvenes líderes Embera Katío, entre quienes se destacaban Lucindo Domicó Cabrera y Kimy Pernía, asumieron la tarea de trabajar en un plan de etnodesarrollo alternativo que garantizara la supervivencia del pueblo Embera Katío ante las serias implicaciones que traería la inconsulta decisión de la ejecución del “Proyecto Hidroeléctrico Urrá”.
Al asumir tan ambiciosa tarea, y convencido de que la fortaleza de su pueblo radicaba en la unidad, Kimy emprendió un trabajo con miras a consolidar la identidad cultural. En 1995 este grupo de líderes organizaron una movilización de 1.000 emberas a través del río Sinú sobre balsos. La llamaron Do Wambura (Adiós Río), para anunciarle al país que, lejos que despedir un río, estaban unidos como pueblo por una misma causa, para rescatarlo. Igualmente Kimy y su equipo de trabajo promovieron la constitución del Cabildo Mayor del Alto Sinú.
Fruto de esta movilización se iniciaron las negociaciones con el Gobierno y la empresa Urrá S.A., se conformó un equipo de apoyo de la ONIC y se inició la formulación del plan de desarrollo, impulsado por indígenas y profesionales que trabajaban con el movimiento indígena. Hasta ese momento, y a pesar de estar en construcción la obra, la empresa no había entablado contacto alguno con el pueblo Embera Katío del Alto Sinú, directo afectado del megaproyecto. Así lo reconocería más tarde la Corte Constitucional en el emblemático fallo de tutela T- 652 de 1998, que amparó sus derechos vulnerados por haberse omitido la consulta previa para otorgar la licencia ambiental a la construcción de la represa. A pesar de la importancia de la sentencia, la Corte no alcanzó a prever totalmente las implicaciones de lo que este alto tribunal denominó una “transición” a formas de “adaptación por la pérdida de su hábitat, medio de vida, y entorno cultural”, lo cual generó divisiones e inesperadas consecuencias para el pueblo Embera.
La defensa de su pueblo y de su territorio fue respondida con una cruenta oleada de violencia contra los principales líderes Embera. En 1999 Lucindo fue asesinado en el casco urbano de Tierralta, y su equipo de trabajo fue igualmente amenazado, razón por la cual Kimy se vio obligado a desplazarse a Bogotá.
A su regreso al Resguardo Karagabí, se sumó a la Gran Marcha Embera, que salió del territorio indígena el 29 de noviembre de 1999, y que estuvo frente al Ministerio del Medio Ambiente hasta el 26 de abril de 2000. En esta acción Kimy fue el principal gestor del proceso de negociación y defensa de los intereses de su pueblo. Llevó la palabra de los Embera a casi todas las universidades colombianas, y a colegios de primaria y secundaria, donde dejó una memoria de la dignidad y la lucha de los indígenas. Su fuerza, su elocuencia, su absoluta convicción y su rectitud, le generaron el aprecio de quienes vivieron la toma del Ministerio del Medio Ambiente.
Como consecuencia de las graves violaciones perpetradas contra esta comunidad, la Comisión Colombiana de Juristas, en representación del Pueblo Embera Katío, formuló el 21 de enero de 2000 una primera solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales fueron decretadas el 4 de junio de 2001, dos días después del rapto de Kimy.
Kimy fue y seguirá siendo uno de los líderes tradicionales más valiosos y apreciados no sólo por el pueblo Embera Katío, sino por los pueblos indígenas embera del Pacífico y de Colombia. Él se convirtió en la persona que encabezó todas las movilizaciones de las comunidades indígenas del Alto Sinú, para defender los derechos de su pueblo al territorio y a la cultura, derechos que, tal como lo denunciaron con anterioridad, comenzaron a ser vulnerados con la construcción de la represa de Urrá.
Proceso penal por la desaparición de Kimy
A pesar de los diferentes comunicados públicos que, con ocasión de la desaparición de Kimy, dirigieron las autoridades de los Cabildos Mayores del Río Sinú y Río Verde, así como el parlamento canadiense, al entonces Presidente de la República Andrés Pastrana Arango, solo el 11 de junio de 2001 la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación profirió una constancia en la que informó que la investigación estaba siendo adelantada por una fiscalía especializada en Montería, que con fundamento en el informe que rindiera el Teniente Coronel Jairo Salguero Casas – Comandante del Batallón Junín No. 3- dio apertura a la investigación en la que no se tenían imputados.
Dada la lentitud del aparato judicial, ese 11 de junio el presidente de la ONIC comunicó al entonces Fiscal General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, que “las autoridades de los diferentes pueblos indígenas de Colombia se desplazarán conjuntamente con una numerosa comisión de líderes indígenas al departamento de Córdoba en una movilización pacífica por la dignidad de los pueblos indígenas y en busca de Kimy Pernía Domicó”.
Esta comisión de líderes indígenas arrojó resultados positivos: las autoridades indígenas fungieron como verdaderas autoridades judiciales, recaudaron pruebas y las hicieron llegar a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación encabezada en aquel momento por Pedro Díaz Romero. Sin embargo, esta documentación, al igual que Kimy, fue desaparecida y aún hoy no se tiene respuesta sobre qué ocurrió.
El 12 de junio de 2001 se profirió la resolución No. 001278 de la Dirección Nacional de Fiscalías, en la que se asignó la investigación por la desaparición de Kimy a la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Con base en lo anterior, dicha Unidad avocó conocimiento, ordenó la práctica de pruebas, y dispuso acudir al mecanismo de búsqueda urgente para llevar a cabo las diligencias para encontrar a Kimy Pernía.
El 29 de enero de 2002, miembros del CTI de la Fiscalía se dirigieron a la finca “Las Delicias”, ubicada en la vía a Urrá (en Tierralta, Córdoba) a practicar diligencia de exhumación con base en información que indicaba que en esta finca se encontraba el cadáver inhumado de Kimy Pernía en un platanal. Removieron la tierra y encontraron lo que“al parecer sería una pieza ósea humana”. Sin embargo, al percatarse de que en la diligencia no estaba presente el perito médico para que confirmara si lo encontrado correspondía de manera indiciaria a restos humanos, decidieron aplazar la diligencia. Al regresar en compañía del perito médico, la tierra había sido removida de manera reciente y, lejos de hallar los restos óseos humanos que buscaban, lo que encontraron fue el cuerpo de un perro muerto, aún caliente.
 
Uno de los investigadores que participó en las diligencias, informó posteriormente que cuando se le preguntó al cuidandero de la finca qué había sucedido y por qué estaba el cadáver de un perro en lugar de los restos de la víspera, este afirmó “que la noche anterior habían llegado tres carros en compañía de unos hombres fuertemente armados a sacar el cadáver, el cual se lo llevaron, le dijeron que si decía algo lo mataban a él y a su familia”.
 
En enero de 2007, el ex – jefe paramilitar Salvatore Mancuso confesó que el homicidio de Kimy había sido cometido por los paramilitares. Sin embargo, en la declaración señaló que se trató de “una operación militar contra un infiltrado subversivo en comunidades indígenas”, afirmación que rechazaron enérgicamente organizaciones indígenas nacionales, y organizaciones defensoras de derechos humanos.
 
Sobre la desaparición de Kimy, Mancuso se limitó a decir que habían sido órdenes de Carlos Castaño ejecutadas por “H2” con apoyo de alias “El Paisa”.. Al preguntarle por la ubicación de los restos de Kimy, señaló que cuando el jefe paramilitar Carlos Castaño se enteró de las labores de exhumación que estaba adelantando la Fiscalía con ocasión de su desaparición, ordenó sacar el cadáver de donde estaba enterrado y lanzar los restos al Río Sinú. En su declaración Mancuso afirmó: “entonces yo le di la orden nuevamente al PAISA de desenterrar a KIMY y que lo tiraran al río Sinú, a ese señor lo tiraron al río Sinú”. En esa misma declaración, el ex – jefe paramilitar afirmó que alias “El Paisa” está muerto.
 
Sin más detalles sobre los hechos que rodearon la desaparición de Kimy, Mancuso solicitó acogerse al beneficio de sentencia anticipada por aceptar los cargos imputados por la fiscalía. En consecuencia, el 20 de diciembre de 2010, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Montería profirió sentencia anticipada en contra de Salvatore Mancuso. Teniendo en cuenta que el sindicado se acogió a sentencia anticipada la Juez efectuó un descuento equivalente al 50% de la pena que le correspondería. La Juez declaró responsable a Mancuso únicamente por el delito de homicidio agravado (no por la desaparición forzada) y le impuso una pena de tan solo 150 meses de prisión.
Así las cosas, la desaparición de Kimy actualmente se encuentra en la absoluta impunidad. Miembros del grupo paramilitar que participaron activamente en la desaparición de Kimy han sido asesinados antes de que la fiscalía los haya vinculado a la investigación. Los familiares de Kimy se niegan a aceptar la versión de los victimarios y exigen a los órganos encargados de impartir justicia que se realicen nuevas diligencias con miras a dar con los restos de Kimy. Reclaman verdad, piden garantías para la pervivencia de su pueblo. Contrario a sus demandas, hoy por disposición del Gobierno el proyecto “Río Sinú”, antes conocido como “Urrá II”, se encuentra en etapa de prefactibilidad con miras a iniciar el proceso de licencia para la construcción de una nueva represa.
 
La memoria de Kimy Pernía y de su valiosa y valiente lucha, catorce años después de su execrable desaparición forzada, debe servir de aliento para enfrentar esa nueva agresión contra el territorio y el pueblo Embera Katío y para reclamar de las autoridades el cumplimiento de las medidas cautelares vigentes a su favor, así como la efectiva reparación de sus derechos gravemente vulnerados.
 
 
Comisión Colombiana de Juristas
Bogotá, 2 de junio de 2015

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