Decretos Leche Cruda
LOS DECRETOS SOBRE LA LECHE EN CANTINA; UN EJEMPLO DE “CONFIANZA–INVERSIONISTA”
Aurelio Suárez Montoya, La Tarde, Pereira, julio 1 de 2008
Se vienen discutiendo los motivos e impactos sanitarios, económicos y sociales de los decretos 616 y 2838 de 2006 del ministerio de Protección Social que prohibieron la comercialización de “leche cruda” y de “leche cruda enfriada” para el consumo humano directo. En estos decretos se veda, desde el 24 de agosto de 2008, la venta, distribución y transporte de la leche que no ha sido sometida a ningún tipo de higienización ni de terminación (aunque se haya sometido a conservación). En otras palabras, se suprimirá la leche que millones de hogares compran para consumir hervida y se les obligará a comprar solamente leche pasteurizada.
Los decretos invocan el artículo 78 de la Constitución, que responsabiliza a quienes “atenten contra la salud, seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios”, y los compromisos adquiridos en la Organización Mundial del Comercio (OMC), en particular el que obliga “adoptar medidas necesarias para la protección de intereses esenciales en materia de seguridad de todos los productos…”. Los dos decretos asumen que para la leche tales compromisos se cumplen eliminando la leche para hervir o “leche en cantina”.
No piensa lo mismo la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este caso, que trata del alimento más accesible como fuente de proteína animal, los salubristas discrepan de los comerciantes. La OMS no sólo no prohíbe la leche hervida, ni la excluye de sus reglamentos, sino que la acoge como alimento. En los “Principios de orientación para la alimentación de niños no amamantados entre los 6 y los 24 meses de edad” (OMS, 2007), en el capítulo sobre “contenido nutricional”, al definir la leche cruda, la clasifica como la que “no está ni pasteurizada ni hervida”; que no es lo mismo que dicen los decretos del ministro de Protección. Así mismo, reitera que “la inocuidad de la leche sólo se consigue mediante una combinación de buenas prácticas higiénicas y el tratamiento térmico de la leche” (que es lo que se hace en los hogares al hervirla) y en un manual para maestros de Centroamérica y Panamá sobre alimentos seguros recomienda la leche hervida como uno de ellos (OPS-INCAP, 2005).
¿Por qué en otros países se recomienda lo que aquí se proscribe? En estas épocas de fementido “libre comercio”, la competencia por los mercados se da arbitrariamente. Las naciones del Norte, por ejemplo, conservan inmensos subsidios agrícolas y, merced a ellos, sus consorcios del agro-negocio exportan los excedentes a precios por debajo del costo; igualmente, la manipulación de las reglas impide el acceso de los productos del Sur a los países ricos y también, como en este caso, se imponen reglas para sacar del camino a los eslabones débiles que por muchas circunstancias, bien económicas o bien por abandono oficial, no pueden cumplirlas. El mismo Banco Mundial se refiere a casos de “discriminación ilegítima” como es éste que nos ocupa. (BM, 2004, “Comercio agrícola global y países en desarrollo”)
¿A quiénes afectarán los decretos? Muchos pequeños productores lecheros quienes, por la lejanía de sus predios, serán abandonados por las empresas pasteurizadoras que no verán rentable desplazarse para acopiar volúmenes exiguos; los comerciantes conocidos como “jarreadores”, cuyo oficio quedó, en la práctica, ilegalizado; las industrias caseras, que estarán supeditadas a proveerse de la materia prima exclusivamente en las pasteurizadoras y, los consumidores, que pagarán el doble por un litro de leche, siendo la mayoría de bajos ingresos.
Los cálculos más conservadores indican que el 12% de la leche que se consume en Colombia es para el mercado interno de leche cruda. Como la producción anual es de 6.000 millones de litros, ese porcentaje representará, una vez pasteurizado, un valor superior a los 700 millones de dólares. He ahí la porción que quedará ahora en muy pocas manos gracias a los decretos del ministro Palacio. Es un sector donde las 10 primeras firmas vendieron $3,3 billones en 2007, 19% más que en 2006, pero donde las cinco primeras, tres de ellas de capital extranjero, se alzaron con 90 de cada 100 pesos, las mismas que para los próximos años han anunciado cuantiosas inversiones. Su expansión no sólo se dará por la busca de mercados externos sino por este nuevo filón que se les concederá en detrimento de centenares de miles de personas que se verán expulsadas o con mínimos márgenes para su actividad ante el fortalecimiento de la posición dominante de las “reinas” del sector. Esta forma de dirimir la competencia, a mansalva y sobre-seguro, “de burro amarrado”, es, sin duda, una de las modalidades de la “confianza-inversionista”, no importa que para implantarla haya que pasar por encima del trabajo de centenares de miles y de la seguridad alimentaria de los pobres.
Aurelio Suárez Montoya, La Tarde, Pereira, julio 1 de 2008
Se vienen discutiendo los motivos e impactos sanitarios, económicos y sociales de los decretos 616 y 2838 de 2006 del ministerio de Protección Social que prohibieron la comercialización de “leche cruda” y de “leche cruda enfriada” para el consumo humano directo. En estos decretos se veda, desde el 24 de agosto de 2008, la venta, distribución y transporte de la leche que no ha sido sometida a ningún tipo de higienización ni de terminación (aunque se haya sometido a conservación). En otras palabras, se suprimirá la leche que millones de hogares compran para consumir hervida y se les obligará a comprar solamente leche pasteurizada.
Los decretos invocan el artículo 78 de la Constitución, que responsabiliza a quienes “atenten contra la salud, seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios”, y los compromisos adquiridos en la Organización Mundial del Comercio (OMC), en particular el que obliga “adoptar medidas necesarias para la protección de intereses esenciales en materia de seguridad de todos los productos…”. Los dos decretos asumen que para la leche tales compromisos se cumplen eliminando la leche para hervir o “leche en cantina”.
No piensa lo mismo la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este caso, que trata del alimento más accesible como fuente de proteína animal, los salubristas discrepan de los comerciantes. La OMS no sólo no prohíbe la leche hervida, ni la excluye de sus reglamentos, sino que la acoge como alimento. En los “Principios de orientación para la alimentación de niños no amamantados entre los 6 y los 24 meses de edad” (OMS, 2007), en el capítulo sobre “contenido nutricional”, al definir la leche cruda, la clasifica como la que “no está ni pasteurizada ni hervida”; que no es lo mismo que dicen los decretos del ministro de Protección. Así mismo, reitera que “la inocuidad de la leche sólo se consigue mediante una combinación de buenas prácticas higiénicas y el tratamiento térmico de la leche” (que es lo que se hace en los hogares al hervirla) y en un manual para maestros de Centroamérica y Panamá sobre alimentos seguros recomienda la leche hervida como uno de ellos (OPS-INCAP, 2005).
¿Por qué en otros países se recomienda lo que aquí se proscribe? En estas épocas de fementido “libre comercio”, la competencia por los mercados se da arbitrariamente. Las naciones del Norte, por ejemplo, conservan inmensos subsidios agrícolas y, merced a ellos, sus consorcios del agro-negocio exportan los excedentes a precios por debajo del costo; igualmente, la manipulación de las reglas impide el acceso de los productos del Sur a los países ricos y también, como en este caso, se imponen reglas para sacar del camino a los eslabones débiles que por muchas circunstancias, bien económicas o bien por abandono oficial, no pueden cumplirlas. El mismo Banco Mundial se refiere a casos de “discriminación ilegítima” como es éste que nos ocupa. (BM, 2004, “Comercio agrícola global y países en desarrollo”)
¿A quiénes afectarán los decretos? Muchos pequeños productores lecheros quienes, por la lejanía de sus predios, serán abandonados por las empresas pasteurizadoras que no verán rentable desplazarse para acopiar volúmenes exiguos; los comerciantes conocidos como “jarreadores”, cuyo oficio quedó, en la práctica, ilegalizado; las industrias caseras, que estarán supeditadas a proveerse de la materia prima exclusivamente en las pasteurizadoras y, los consumidores, que pagarán el doble por un litro de leche, siendo la mayoría de bajos ingresos.
Los cálculos más conservadores indican que el 12% de la leche que se consume en Colombia es para el mercado interno de leche cruda. Como la producción anual es de 6.000 millones de litros, ese porcentaje representará, una vez pasteurizado, un valor superior a los 700 millones de dólares. He ahí la porción que quedará ahora en muy pocas manos gracias a los decretos del ministro Palacio. Es un sector donde las 10 primeras firmas vendieron $3,3 billones en 2007, 19% más que en 2006, pero donde las cinco primeras, tres de ellas de capital extranjero, se alzaron con 90 de cada 100 pesos, las mismas que para los próximos años han anunciado cuantiosas inversiones. Su expansión no sólo se dará por la busca de mercados externos sino por este nuevo filón que se les concederá en detrimento de centenares de miles de personas que se verán expulsadas o con mínimos márgenes para su actividad ante el fortalecimiento de la posición dominante de las “reinas” del sector. Esta forma de dirimir la competencia, a mansalva y sobre-seguro, “de burro amarrado”, es, sin duda, una de las modalidades de la “confianza-inversionista”, no importa que para implantarla haya que pasar por encima del trabajo de centenares de miles y de la seguridad alimentaria de los pobres.
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