Líderes Agricultores y Ambientalistas sacrificados por intereses de las empresas mineras

En la tarde del día 2 de Noviembre, el dirigente campesino César
García, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Cajón
La Leona (Cajamarca, Tolima), fue asesinado, a sangre fría, de un
tiro a la cabeza mientras regresaba a su finca junto a su compañera y
su hijo. García se había destacado por su participación en el
Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca por ola Defensa de la Vida,
el Agua y el Alimento, organización que ha venido liderando la lucha
de la comunidad contra el proyecto mega-extractivo de La Colosa.

Esta mina a tajo abierto, ha sido denunciada en el Tolima por el
impacto desastroso que tendría sobre la comunidad y el medio
ambiente. El rechazo de la comunidad tolimense ha sido expresado en
una serie de multitudinarias marchas carnavales en defensa del agua y
la vida, así como en la consulta popular realizada en el municipio de
Piedras el 28 de Julio. En esa ocasión, el 99.2% de la población
rechazó la megaminería, con una participación de alrededor del 60%
del electorado.

El principal inversionista en este proyecto es la multinacional
AngloGold Ashanti (AGA), quien ha sido ampliamente favorecida por el
gobierno de Santos, siendo actualmente la compañía con el mayor
número de títulos de explotación aurífera –al menos 410,
controlando un territorio de, por lo menos, 821.000 hectáreas.

Amenazas, estigmatización y violencia

Lamentamos esta tragedia, que se cobra la vida de un dirigente
campesino, esposo y padre, sobre quien no pesaban amenazas de ningún
tipo. Pero estaba cantado que habría una tragedia como esta y en
realidad, en vista de la fuerte campaña de criminalización en contra
de las organizaciones populares que han manifestado su oposición al
megaproyecto aurífero (el de mayor envergadura en el hemisferio), uno
diría que es un milagro que no hayamos tenido que lamentar otro
asesinato como éste antes.

Ha venido desarrollándose desde hace meses una campaña de rumores en
contra de la comunidad organizada en defensa de la agricultura y el
ambiente. En noviembre se decía que directivos de la AGA habrían
expresado que el ejército llegaría a abrirle paso a la mina
corriendo a todos los “revoltosos” y “guerrilleros” de Anaime,
localidad de Cajamarca donde se desarrollarían las actividades
extractivas. La comunidad ha denunciado una fuerte militarización del
territorio de la mano del proyecto minero. El día 22 de Febrero, con
ocasión de una “Mesa Ciudadana Ambiental” en Ibagué (en la cual
el rechazo de la comunidad al proyecto fue evidente), los periódicos
captaron un intercambio de mensajes entre el entonces vicepresidente
de sostenibilidad de la AngloGold, Rafael Hertz, y el entonces
encargado de comunicaciones de La Colosa, Iván Malaver, en el que
hablaban de que “identificaron en el público de los opositores a
varios guerrilleros de Anaime”.

Después de estas amenazas, rumores y estigmatización, la violencia
oficial contra la comunidad se manifestó con más fuerza durante la
salvaje represión del ESMAD a los manifestantes que participaron en
el Paro Agrario y Popular a fines de Agosto. En esa ocasión, la
policía abrió fuego, fallando el blanco, en contra de Julio Vargas,
presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Cedral en
Anaime. Sobre él pesan hoy varias amenazas. Este ambiente de
criminalización de las organizaciones populares así como de la
protesta social en Cajamarca no un hecho aislado, sino que es parte de
un contexto generalizado de violencia en el departamento.

Infructuosamente, el Comité Campesino y Ambiental había venido
exigiendo seguridad para sus miembros, denunciando esta campaña de
estigmatización, poniendo el grito de alerta por el malsano tufo a
contrainsurgencia con el que se ha venido manejando la protesta social
en contra de la megaminería y a favor de la economía campesina y el
medio ambiente. Este ambiente se ha enrarecido aún más después del
atentado explosivo sufrido el día 25 de Octubre por una delegación
del IGAC participantes del Convenio de Delimitación de Páramos y
Humedales, a la altura de la vereda Potosí, el cual, afortunadamente,
no tuvo víctimas fatales. Los medios de prensa inmediatamente
señalaron a los opositores a la multinacional minera como
sospechosos, llegando la editorial de El Espectador a afirmar, de
manera infundada y temeraria, que la lucha ambiental estaría
supuestamente incubando una “nueva generación del terror”. Esto
equivale a la criminalización de la protesta social, equiparándola a
una forma de “terrorismo”.

¿Quién se beneficia con este ambiente de zozobra y terror? 

En este momento de zozobra, junto con extender un abrazo solidario a
las compañeras y compañeros del Comité Ambiental en Cajamarca y sus
grupos de apoyo tanto en el departamento como en el resto del país,
junto con prestar nuestro hombro a la familia de César García como
apoyo en su dolor, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Acaso ahora
los que defiendan los derechos ambientales serán (como insinúa la
editorial de El Espectador) agregados a la lista de “terroristas”,
junto a los que defienden los derechos campesinos, la reforma agraria,
lo público, etc. etc. etc.? Sabemos el peligro latente cuando estos
calificativos son empleados, representando luz verde para la violencia
militar y paramilitar.

También nos parece clave preguntarnos, ¿quién se beneficia de este
crimen? Activistas contra La Colosa han expresado temores que, al
parecer, habría una campaña dirigida a desestabilizar el orden
público para favorecer la militarización del municipio. Lo cual
sería un prerrequisito para avanzar en un proyecto que suscita tanta
resistencia en la comunidad. Nos es, lamentablemente, demasiado
familiar la situación de que, cuando los intereses de gente muy
poderosa se ven amenazados, surjan "fuerzas obscuras" que siembran la
desestabilización, el terror, la muerte… después de lo cual, en
medio de la arremetida represiva para garantizar la “seguridad
inversionista”, hacen entrada triunfante los "pacificadores" con su
portafolio rebosante de negocios y contratos.

Exigimos que salga a la luz pública la verdad sobre este crimen. Que
se esclarezcan los hechos en torno a este asesinato y que se
establezcan los responsables materiales e intelectuales para que se
les dé un castigo ejemplar. Nos solidarizamos de la lucha de los
Comités Ambientales y Campesinos en el Tolima, así como de sus
demandas de protección y justicia. Exigimos que paren las presiones
por parte de la mutinacional AGA (con la complicidad de las
autoridades nacionales) hacia una comunidad que claramente rechaza su
proyecto aurífero. Hoy, el Tolima, como el resto del país, precisa
de la unidad y la solidaridad de los sectores populares en lucha.
Unidad que no tiene un mero sentido táctico, coyuntural, sino que
debe ser una unidad profunda en torno a articular una visión del
país que queremos: un país en el que las personas puedan organizarse
y opinar sin temer por sus vidas, un país en el cual se busque el
desarrollo pleno de todas las personas, se garanticen sus derechos,
donde las comunidades y el ambiente estén en el centro de las grandes
decisiones y no así el lucro de un par de cacaos con sus amigotes
transnacionales.

José Antonio Gutiérrez D.
4 de Noviembre, 2013

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