Por qué quieren exterminar a los indígenas?


A los indígenas los quieren exterminar y se les da trato de parias, además del interés desposeerlos de sus territorios y de las riquezas naturales que allí existen, por una razón política: porque con su ejemplo y su Minga enseñan al resto a defender con organización, dignidad y firmeza sus derechos.


En medio de la grave crisis cafetera de la década de los noventa, con ocasión de una de las muchas marchas que se llevaron a cabo, las autoridades civiles y militares de entonces convocaron a un Consejo de Seguridad a los organizadores de la protesta. La principal preocupación policiva era que se sabía que “iban a venir indígenas”. De igual modo, la opinión recuerda el indigno trato que las autoridades de Risaralda, representadas por la presente viceministra de Cultura y una senadora actual de Cambio Radical, le dieron a un paro de la comunidad embera. Fueron maltratados y cercados por sed, hambre y enfermedad y, como ya es hábito, acusados de ser instrumentos de la subversión “para desestabilizar” al establecimiento.


Estos hechos, repetidos innumerables veces y en casi todas las regiones del país, demuestran una conducta general de las clases dirigentes del país de discriminación y arbitrariedad contra los indígenas colombianos. La máxima muestra de dicha actitud fue el discurso del Presidente Uribe en Quetame el sábado pasado cuando en forma mordaz, impropia de un mandatario, quiso “matonear” ante la opinión, prevalido del poder de los medios oficiales, a las comunidades nasas y paeces que están movilizadas hace una semana por justas razones.


A Uribe le parece que los indígenas tienen mucha tierra para ser tan pocos. Sería bueno también hacer la cuenta de sus propiedades conocidas. ¿Es el ciudadano Álvaro Uribe, propietario del latifundio El Ubérrimo en Córdoba, con 2.000 hectáreas en las mejores tierras del valle del río Sinú; socio de la hacienda Guacharacas (de la parte de la ribera derecha del río Nus, Semana, octubre 2007) y con propiedad en el oriente antioqueño, el área rural de mayor valorización del país, el llamado a reclamar equidad?¿Desconoce el presidente que el problema de la distribución radica en que el 0,4% de los propietarios posee el 65% de la tierra hábil para agricultura y ganadería en Colombia, con predios superiores a 5.000 hectáreas en promedio, y no a la concentración de selvas y tierras inhóspitas en territorios de huitotos, Nukak Maku y koguis de la Sierra Nevada.


Y no sólo eso. ¿Tiene autoridad para reclamar equidad en la tenencia quien ha sido remiso a la recuperación efectiva de las buenas tierras usurpadas por los paramilitares, que acorde con fuentes oficiales pasan de tres y medio millones de hectáreas, y apenas la acción oficial ha redimido menos del 1% de tal monto? Relacionado con ello está precisamente el incumplimiento de los acuerdos firmados con la comunidad Nasa, incluido uno del 13 de septiembre de 2005, por los cuales el Estado se comprometió, según fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a restituir 15.000 hectáreas como compensación de la masacre del Nilo, en diciembre de 1991 donde murieron 20 indígenas, incluidos mujeres y niños.


Las reclamaciones indígenas tienen que ver además con la carencia de más de 400.000 de ellos de tierras aptas para cultivar. También se denuncia el asesinato en la impunidad, en los últimos seis años, de 1.253 indios y el desplazamiento forzado de sus territorios de por lo menos 54.000, lo cual ha puesto a 18 pueblos en riesgo de desaparición. Así mismo, la protesta está exigiendo la consulta masiva y obligatoria que sobre leyes como la Forestal o el Estatuto Rural, acorde con el Convenio 169 de la OIT, debe hacérseles y que ha sido desconocida por el gobierno. Por esa razón se cayó la primera de estas leyes y debe declararse inexequible la segunda, de acuerdo con la Procuraduría. Contrario a lo que dice la columnista María Isabel Rueda, quien no cumple con la Constitución y la Ley es el Estado respecto a los pueblos indígenas, tienen protección y circunscripción especial por su carácter de minoría étnica. Tal convenio hace parte del bloque de constitucionalidad y Uribe lo sabe y es por eso que ordena comprar “a lo que valga” las tierras exigidas, vale aclarar que no es por magnanimidad.


A los indígenas los quieren exterminar y se les da trato de parias, además del interés desposeerlos de sus territorios y de las riquezas naturales que allí existen, por una razón política: porque con su ejemplo y su Minga enseñan al resto a defender con organización, dignidad y firmeza sus derechos. Un mal ejemplo que puede cundir, muy grave en una dictadura cuyo montaje se va consolidando paulatinamente en Colombia. Son, en últimas, una de las antítesis sociales del proyecto uribista, contraria a él, son un contrafuerte de la Resistencia Civil.

Aurelio Suárez Montoya, La Tarde, Pereira, 21 de octubre de 2008

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