Violaciones a los derechos humanos, Plaguicidas y Transgénicos
RED POR UNA AMÉRICA LATINA
LIBRE DE TRANSGÉNICOS
BOLETÍN 686
DOS RELATORES ESPECIALES DE DERECHO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES CONDENAN A LOS PLAGUICIDAS Y TRANSGÉNICOS EN LA AGRICULTURA
RALLT
Los Relatores Especiales de Derechos Humanos de Alimentación y Tóxicos presentaron en el 34 período de Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una fuerte crítica a la agricultura basada en plaguicidas y semillas transgénicas, y establecieron su relación con la violación a los derechos humanos.
En varias ocasiones la RALLT había enviado comunicados a estos relatores donde tratamos varios de los temas que ellos han desarrollado en este informe, por lo que lo recibimos con beneplácito.
Los Relatores Especiales del Derecho a la Alimentación y de desechos Tóxicos desmitifican el hecho de los los pesticidas y transgénicos son necesarios para alimenta al mundo, puesto que, aunque la producción de alimentos ha aumentado desde la década de 1950, posiblemente por el incremento en el uso de plaguicidas, no se ha logrado solucionar el problema del hambre en el mundo.
Los Relatores el mito generalizado de que la agricultura industrial intensiva, con un alto uso de insumos (pesticidas y semillas transgénicas) es necesaria para aumentar el rendimiento, y alimentar a una población mundial cada vez mayor, debido a los efectos negativos del cambio climático y la escasez mundial de tierras cultivables. Además mucha de la producción industria está destinada a la exportación.
Los relatores hacen a continuación una revisión de cómo los plaguicidas producen violaciones a los derechos humanos.
Impactos en la salud humana
La mayoría de personas están expuestas a plaguicidas, puesto que éstos están destinados a la producción de alimentos, señalan los relatores. El 60% de los plaguicidas vinculados con la dieta son sistémicos (es decir, que están incorporados en la planta) y muchos de los cultivos transgénicos han sido manipulados para incorporar sus propios insecticidas. Aunque los dos tipos de manejo de plagas reducen la exposición crónica de los trabajadores agrícolas, puede tener impactos negativos en términos de intoxicación crónica a través de la alimentación.
Les preocupa a los relatores los cultivos resistentes a glifosato. Al respecto reconocen que hay una controversia a nivel científico sobre el nivel de toxicidad de este herbicida, e incluyen en su informe la Monografía de la Agencia de Estudios del Cáncer de la OMS, que lo reclasificó como un posible cancerígeno de humanos.
Muchos de los plaguicidas que se emplean son usados para producir alimentos. Aproximadamente el 60% de los plaguicidas vinculados a la dieta, son sistémicos. Con frecuencia se emplean semillas tratadas con plaguicidas sistémicos para la producción de soja, maíz y maní. Los cultivos también pueden someterse a ingeniería genética (los denominados organismos modificados genéticamente para que ellos mismos produzcan los plaguicidas.
Hay una sección especial sobre los efectos de estos químicos en mujeres embarazadas y niños. El informe dice que:
Los niños son el sector de población más vulnerable a la contaminación por plaguicidas, puesto que sus órganos no han terminado de desarrollarse y porque, por su menor tamaño, están expuestos a mayores dosis por unidad de peso corporal. Los niveles y la actividad de enzimas clave para destoxificar los plaguicidas son mucho menores en los niños que en los adultos
En el caso de mujeres embarazadas, éstas pueden sufrir abortos no deseados o dar a luz hijos con malformaciones, siendo el período más crítico la exposición durante los primeros tres meses de gestación. Además los agrotóxicos pueden llegar a la leche materna.
Sobre los trabajadores agrícolas señalan que estos aunque tomen las precauciones de seguridad recomendadas, están sujetos a los mayores niveles de exposición con plaguicidas. Hay estudios que muestran que uno de cada 5000 trabajadores agrícola se intoxica cada año, pero estos datos son incompleto porque no hay procedimientos normalizados de notificación de esta información. Les preocupa a los relatores los niños que son trabajadores agrícolas. Ellos añaden que el 60% de niños que trabajan se dedican a tareas agrícolas.
Otro grupo vulnerable son los trabajadores temporeros, quienes al laboral en diversos emplazamientos agrícolas, aumenta el riesgo de exposición a los plaguicidas.
Sobre las poblaciones que viven junto a plantaciones, los relatores hacen una revisión de casos reportados en Costa Rica, India, Las Filipinas sobre cómo la población se ha afectado por las pulverizaciones aéreas de plaguicidas.
Sobre los pueblos indígenas, se ponen ejemplos de comunidades desplazadas con el fin de establecer plantaciones agrícolas intensivas que usan una gran cantidad de pesticidas.
Los consumidores están expuestos a un coctel de residuos de plaguicidas en los alimentos de origen animal (especialmente criados en granjas) y vegetal (especialmente frutas, verduras de hojas anchas y leguminososas), cuyas interacciones sinérgicas pueden producir mayores niveles de toxicidad. A los relatores les preocupa sobre todo los plaguicidas lipofílicos, que se adhieren a la grasa y se bioacumulan en el cuerpo; así como los compuestos organoestánnicos, se acumulan y magnifican mediante los sistemas de redes alimentarias marinas. Otro problema es la presencia de plaguicidas en el agua potable y en el agua subterránea usada por la población, cerca de zonas agrícolas.
Impactos en el ambiente
El informe de los relatores considera que prácticamente todos los ecosistemas de los que depende la alimentación humana están contaminados por plaguicidas, así como las fuentes de agua y los suelos cercanos, lo cual provoca pérdida de diversidad biológica, destruye poblaciones de insectos beneficiosas que actúan como enemigos naturales de las plagas y reduce el valor nutricional de los alimentos.
Los relatores señalan que en China hay unas 26 millones de hectáreas con contaminación moderada y grave por plaguicidas, de las cuales el 20% ya no pueden ser usadas para la agricultura. En Guatemala la contaminación del río La Pasión, “mató a miles de peces y afectó a 23 especies piscícolas”, lo que privó a 12.000 personas de 14 comunidades de su principal fuente de alimento y subsistencia.
Sobre los efectos en la biodiversidad, los relatores identifican la gran pérdida de biodiversidad del suelo debido a los plaguicidas, lo que mata la salud del suelo e interfiere con los ciclos biológicos.
Abordan el tema del “trastorno del colapso de las colonias” de abejas en todo el mundo, asociado al uso intensivo de los neonicotinoides, lo que genera problemas graves al derecho a la alimentación, pues de unas 100 especies cultivadas (que aportan el 90% de los alimentos mundiales), el 71% son polinizadas por abejas. Estos plaguicidas son responsables también de la desaparición de diversos tipos de otros insectos benéficos
Sobre los alimentos transgénicos los relatores cuestionan el principio de “equivalencia sustancial”. El reporte dice:
Teniendo en cuenta sus probables efectos graves sobre la salud y el medio ambiente, existe una necesidad urgente de adoptar una normativa holística basada en el principio de precaución para hacer frente al proceso de producción con modificación genética y otras nuevas tecnologías a nivel mundial.
Su relación con los derechos humanos
Con los antecedentes documentados, los relatores hacen una revisión del derecho internacional en materia de derechos humanos, incluyendo los derechos económicos y sociales, los derechos a la salud y la alimentación y ambientales que se estarían vulnerando (Ver Anexo 1); así como los código internacional de conducta y prácticas no vinculantes.
Los desafíos
Finalmente los relatores nos presentan cuáles son los desafíos que enfrentan los países, sobre todo en materia normativa, y les preocupa por ejemplo que, con la adopción de acuerdos suprarregionales como la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, se corra el riesgo de alinear las normas comunes en el mínimo común denominador.
Les preocupa además que
En muchos casos, los plaguicidas altamente peligrosos que no están permitidos, o que han dejado de estar permitidos, en países industrializados se exportan a países en desarrollo.
Y ponen como ejemplo lo que sucede con Syngenta, (empresa registrada en Suiza), que vende en el extranjero productos que son prohibidos en ese país, o lo que sucede en Estados Unidos, donde la EPA restringe ciertos productos en ese país, pero no prohíbe su exportación.
Cuestionan el poder oligopólico de las tres empresas que al momento controlan el 67% del mercado mundial de plaguicidas, así como el 61% de las semillas comerciales. Ellas abogan por funcionar con sus propios códigos de conducta, y con frecuencia
ponen en tela de juicio las pruebas científicas de los peligros asociados a sus productos; algunas de ellas han sido incluso acusadas de fabricar pruebas deliberadamente para infundir incertidumbre científica y retrasar las restricciones.
Los relatores añaden que
realizan constantes donaciones a entidades educativas que llevan a cabo investigaciones relativas a los plaguicidas, las cuales están pasando a depender de esta industria por el descenso de la financiación pública
Otros desafíos propuestos por los relatores se relacionan con el tema de la clasificación de los plaguicidas, pues muchos plaguicidas tienen una clasificación de peligrosidad menor a la que debería. O las medidas de protección a los trabajadores, las que son insuficientes o inadecuadas para las condiciones reales en el campo (como exceso de humedad o calor, que impide el uso de ropas especiales).
Los relatores hacen un llamado a mirar todo los impactos de todo el ciclo de vida (o lo que podríamos llamar el “metabolismo socio-ambiental) de los plaguicidas.
El informe finaliza proponiendo a la agroecología como la alternativa al uso de plaguicidas.
Recomendaciones
a) Establecer amplios planes de acción nacionales que incluyan incentivos para apoyar alternativas a los plaguicidas peligrosos, y poner en marcha metas mensurables y vinculantes de reducción, con plazos concretos;
b) Establecer sistemas para permitir a los diversos organismos nacionales responsables de la agricultura, la salud pública y el medio ambiente cooperar de manera efectiva para combatir los efectos adversos de los plaguicidas y mitigar los riesgos asociados a su uso excesivo e incorrecto;
c) Establecer procesos imparciales e independientes de evaluación del riesgo y registro de los plaguicidas, exigiendo a los productores una divulgación íntegra de información. Estos procesos deben basarse en el principio de precaución, teniendo en cuenta los efectos peligrosos de los productos plaguicidas en la salud humana y en el medio ambiente;
d) Considerar en primer lugar alternativas no químicas, y permitir únicamente el registro de productos químicos cuando pueda probarse su necesidad;
e) Promulgar medidas de seguridad para asegurar una protección adecuada a las mujeres embarazadas, los niños y otros grupos particularmente susceptibles a una exposición a los plaguicidas;
f) Financiar amplios estudios científicos sobre los posibles efectos para la salud de los plaguicidas, incluidas la exposición a una mezcla de productos químicos y la exposición múltiple a lo largo del tiempo;
g) Garantizar un análisis regular y riguroso de los alimentos y las bebidas para determinar los niveles de residuos peligrosos, entre otras cosas en las preparaciones para lactantes y los alimentos de continuación, y poner esa información a disposición de la opinión pública;
h) Supervisar de cerca la utilización y el almacenamiento de los plaguicidas en la agricultura para minimizar los riesgos y velar por que solo se permita a quienes dispongan de la capacitación necesaria para ello aplicar dichos productos, y que lo hagan siguiendo las instrucciones y empleando el debido equipo de protección;
i) Crear zonas tampón en torno a las plantaciones y explotaciones agrícolas hasta que se eliminen por completo los plaguicidas, para reducir el riesgo de exposición a ellos;
j) Organizar programas de capacitación para agricultores con miras a concienciarlos sobre los efectos nocivos de los plaguicidas peligrosos y sobre métodos alternativos;
k) Adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el derecho a la información de la opinión pública, entre otras cosas introduciendo la exigencia de que se indiquen los tipos de plaguicidas utilizados y el nivel de residuos en las etiquetas de los alimentos y las bebidas;
l) Regular las corporaciones de modo que respeten los derechos humanos y eviten daños ambientales durante todo el ciclo de vida de los plaguicidas;
m) Imponer sanciones a las empresas que inventen pruebas y difundan información errónea sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente de sus productos;
n) Vigilar a las corporaciones para velar por que cumplan las normas en materia de etiquetado, precauciones de seguridad y capacitación;
o) Alentar a los agricultores a que adopten prácticas agroecológicas para aumentar la diversidad biológica y contener las plagas de manera natural, además de medidas como la rotación de cultivos, la gestión de la fertilidad del suelo y la selección de cultivos adecuados para las condiciones locales;
p) Incentivar los alimentos producidos orgánicamente mediante subsidios y asistencia financiera y técnica, y sirviéndose de la contratación pública;
q) Alentar a la industria de los plaguicidas a elaborar enfoques alternativos para el control de las plagas;
r) Eliminar los subsidios a los plaguicidas y, en su lugar, introducir impuestos sobre los plaguicidas, aranceles a su importación y el pago de tasas por utilizarlos.
El informe fue presentado por la Relatora Especial sobre el Derecho a la Alimentación (Hilal Elver) en colaboración con el Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos (Baskut Tuncak).
El informe completo puede ser encontrado en
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