Alerta: TLC Colombia y EEUU. Esta Semana Aprueban en Senado Convenio UPOV 91
La ofensiva neocolonial del TLC con Estados Unidos
Por Carlos Tobar
Fuente: Diario del Huila (http://www.diariodelhuila.com/noticia/25618)
Con diligencia digna de mejor causa el gobierno nacional, está tramitando en el congreso varios proyectos de ley que implementan los acuerdos contenidos en el Tratado de Libre Comercio-TLC con los EE.UU. Dos de ellos llaman la atención por la celeridad con la que ha avanzado el trámite en las instancias congresionales: uno, el de derechos de autor, presentado el 20 de marzo, fue aprobado el día 23, en sesión conjunta de las comisiones segundas de Senado y Cámara. ¡En tiempo record de dos días! El segundo, que aprueba el convenio sobre protección de obtenciones vegetales, presentado a finales de diciembre del año pasado, también entre el 20 y 23 de marzo, surtió trámite en sesión conjunta de las comisiones conjuntas de Senado y Cámara. Sin debate, sin análisis alguno de sus implicaciones. Como se dice vulgarmente “a pupitrazo limpio”. Se espera que esta semana haga tránsito en sesión plenaria (¿conjunta?) de Senado y Cámara, para su aprobación definitiva y poderlas llevar el gobierno de Santos ante el “procónsul” norteamericano, señor Obama en el próximo Encuentro de las Américas.
Aunque ambos temas son de gran complejidad y, es prácticamente imposible abordarlos de manera completa en un espacio como este, si quisiera así signifique una simplificación extrema, traducir a mis amables lectores, sus contenidos principales.
El de derechos de autor, es la ley SOPA (en EE.UU.) o la ley Lleras (en Colombia), ambas abortadas en los respectivos congresos porque, en el fondo, conllevan la autorización a los gobiernos a ejercer censura sobre los contenidos en Internet, y porque busca, a toda costa, preservar los derechos monopólicos y abusivos de propiedad intelectual de las grandes multinacionales norteamericanas del entretenimiento y la televisión. La conocida como “ofensiva de Hollywood” que entre otras exigencias, impone la reducción de la participación de programas de producción nacional en la franjas triple A.
El segundo, tiene un contenido monopólico igualmente grave, pero de mayor connotación económica práctica para Colombia. La aprobación del Convenio UPOV 91, como se le conoce en el ámbito internacional de la propiedad intelectual, establece las condiciones para patentar plantas y genes animales y vegetales, bajo el modelo de EE.UU. Este modelo permite patentar variedades vegetales, plantas de reproducción asexuada, invención de plantas y animales (OGM), y genes que puedan ser introducidos en planta y/o animales. La pretensión de patentar la vida, lleva a la privatización de derechos ancestrales en organismos vivos (vegetales y animales) y favorece exclusivamente a las multinacionales de la biotecnología, tipo Monsanto.
Estas multinacionales, haciendo uso de la biopiratería pueden patentar especies nativas de cualquier país, y obligar a quien quiera usarlas a pagar derechos de explotación de semillas y sus productos. Para poner un solo ejemplo, miremos el caso del fríjol amarillo mejicano: hace unos años un ciudadano estadounidense patentó una variedad que en la práctica era el fríjol amarillo cultivado por ese pueblo. A la luz de los acuerdos de libre comercio entre EE.UU. y México, entabló demanda contra los agricultores mejicanos por el uso indebido de esa semilla que según la regulación UPOV 91, era de su propiedad. El equivalente al ICA en México se vio obligado a perseguir la semilla “ilegal” de los agricultores y a exigir la siembra de semillas certificadas.
Estos temas son “dos pendejaditas”, según argumentan los burócratas del gobierno nacional, frente a los “beneficios” del tratado. ¿Será que nuestro paisano, el senador Carlos Ramiro Chávarro, uno de los ponentes en el tema de derechos de autor, comprende la dimensión de la autorización que van a conceder? ¿Entienden los congresistas colombianos las implicaciones sociales y económicas de esas determinaciones?
Por Carlos Tobar
Fuente: Diario del Huila (http://www.diariodelhuila.com/noticia/25618)
Con diligencia digna de mejor causa el gobierno nacional, está tramitando en el congreso varios proyectos de ley que implementan los acuerdos contenidos en el Tratado de Libre Comercio-TLC con los EE.UU. Dos de ellos llaman la atención por la celeridad con la que ha avanzado el trámite en las instancias congresionales: uno, el de derechos de autor, presentado el 20 de marzo, fue aprobado el día 23, en sesión conjunta de las comisiones segundas de Senado y Cámara. ¡En tiempo record de dos días! El segundo, que aprueba el convenio sobre protección de obtenciones vegetales, presentado a finales de diciembre del año pasado, también entre el 20 y 23 de marzo, surtió trámite en sesión conjunta de las comisiones conjuntas de Senado y Cámara. Sin debate, sin análisis alguno de sus implicaciones. Como se dice vulgarmente “a pupitrazo limpio”. Se espera que esta semana haga tránsito en sesión plenaria (¿conjunta?) de Senado y Cámara, para su aprobación definitiva y poderlas llevar el gobierno de Santos ante el “procónsul” norteamericano, señor Obama en el próximo Encuentro de las Américas.
Aunque ambos temas son de gran complejidad y, es prácticamente imposible abordarlos de manera completa en un espacio como este, si quisiera así signifique una simplificación extrema, traducir a mis amables lectores, sus contenidos principales.
El de derechos de autor, es la ley SOPA (en EE.UU.) o la ley Lleras (en Colombia), ambas abortadas en los respectivos congresos porque, en el fondo, conllevan la autorización a los gobiernos a ejercer censura sobre los contenidos en Internet, y porque busca, a toda costa, preservar los derechos monopólicos y abusivos de propiedad intelectual de las grandes multinacionales norteamericanas del entretenimiento y la televisión. La conocida como “ofensiva de Hollywood” que entre otras exigencias, impone la reducción de la participación de programas de producción nacional en la franjas triple A.
El segundo, tiene un contenido monopólico igualmente grave, pero de mayor connotación económica práctica para Colombia. La aprobación del Convenio UPOV 91, como se le conoce en el ámbito internacional de la propiedad intelectual, establece las condiciones para patentar plantas y genes animales y vegetales, bajo el modelo de EE.UU. Este modelo permite patentar variedades vegetales, plantas de reproducción asexuada, invención de plantas y animales (OGM), y genes que puedan ser introducidos en planta y/o animales. La pretensión de patentar la vida, lleva a la privatización de derechos ancestrales en organismos vivos (vegetales y animales) y favorece exclusivamente a las multinacionales de la biotecnología, tipo Monsanto.
Estas multinacionales, haciendo uso de la biopiratería pueden patentar especies nativas de cualquier país, y obligar a quien quiera usarlas a pagar derechos de explotación de semillas y sus productos. Para poner un solo ejemplo, miremos el caso del fríjol amarillo mejicano: hace unos años un ciudadano estadounidense patentó una variedad que en la práctica era el fríjol amarillo cultivado por ese pueblo. A la luz de los acuerdos de libre comercio entre EE.UU. y México, entabló demanda contra los agricultores mejicanos por el uso indebido de esa semilla que según la regulación UPOV 91, era de su propiedad. El equivalente al ICA en México se vio obligado a perseguir la semilla “ilegal” de los agricultores y a exigir la siembra de semillas certificadas.
Estos temas son “dos pendejaditas”, según argumentan los burócratas del gobierno nacional, frente a los “beneficios” del tratado. ¿Será que nuestro paisano, el senador Carlos Ramiro Chávarro, uno de los ponentes en el tema de derechos de autor, comprende la dimensión de la autorización que van a conceder? ¿Entienden los congresistas colombianos las implicaciones sociales y económicas de esas determinaciones?
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