Campesinos de México Defienden Maíces Nativos
Rechazan iniciativas de ley para proteger el maíz
Pueblos indígenas y organizaciones sociales desaprobaron las iniciativas de ley presentadas por diputadas del PRI y del PAN en el Congreso del Estado, supuestamente para proteger el maíz, porque permitirá el ingreso y la siembra de semillas transgénicas.
En conferencia de prensa, acompañada de pobladores de comunidades y representantes de organismos civiles, Gabriela Linares Sosa, comisionada de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO), sostuvo que las propuestas de Ley de Sustentabilidad de los Maíces Nativos del Estado de Oaxaca, presentada por la priísta Carolina Aparicio Sánchez, y de Ley de Fomento y Protección del Maíz Criollo como Patrimonio Alimentario del Estado de Oaxaca, impulsada por la panista Marlene Aldeco Retana, no protegen al maíz nativo sino por el contrario, facilitarían su saqueo por empresas transnacionales quienes tratan de dominar la producción alimentaria del planeta.
Estas dos iniciativas de ley, anotó, agreden la inteligencia de la población oaxaqueña "por ignorar la lucha de resistencia contra la siembra de maíces transgénicos que se inició después de que en el año 2001 se descubriera la contaminación en los maíces nativos de la Sierra Juárez, los Valles Centrales y el Istmo".
Expuso que esta lucha también fue ignorada por el legislativo federal al aprobarse en 2005 la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados beneficiando a empresas transnacionales como Monsanto.
Además, a partir del 2009, el presidente Felipe Calderón empezó a otorgar permisos para siembras de maíces transgénicos en México, incrementando la posibilidad de contaminación a las semillas de la región de origen del maíz, a pesar de contener un Régimen de Protección Especial del Maíz, indicó.
Explicó que el proyecto de la legisladora panista "es una copia de las leyes de Tlaxcala y Michoacán ya bastante criticadas" a nivel nacional por organizaciones con prestigio en la defensa del maíz.
Mientras que la propuesta de la priísta "revela su desconocimiento total de la realidad en el campo oaxaqueño, pues ignora la política neoliberal asumida desde hace 30 años por su partido, a la que el PAN simplemente ha dado continuidad destruyendo sistemáticamente la soberanía alimentaria de los campesinos a través del Tratado de Libre Comercio", que llevó a la abolición de subsidios a la producción del campo y consecuentemente a la importación de maíz de los Estados Unidos, apuntó.
Ambas iniciativas de Ley ---subrayó---, "otorgan certeza jurídica solo a productores registrados, término que excluye a los campesinos indígenas que producen para autoconsumo, quienes siguen siendo la mayoría en el estado a pesar de las políticas públicas establecidas en su contra ya que las iniciativas están orientadas a localidades con producción intensiva, dedicadas a la utilización de fertilizantes, herbicidas y pesticidas, que favorecen a la agroindustria y a productores de alto rendimiento".
Aparte de ello, mencionó que los proyectos de Ley buscan el establecimiento de "fronteras agrícolas" para limitar las zonas de cultivo de campesinos de montaña, acorde con los programas de conservación impulsados por el gobierno federal en el país para impedir la agricultura sostenible y ecológica en la milpa tradicional.
Resaltó que ambas propuestas de Ley prevén la creación de un organismo central para tener el control sobre todas las actividades relacionados con el maíz porque quedaría establecido como el enlace único entre el gobierno y los productores, excluyendo a los campesinos y quitándoles la capacidad de decidir sobre cualquier asunto relacionado con sus semillas.
Independientemente de esto, también fomentaría la creación de un padrón de productores que serán los únicos beneficiarios de los apoyos y programas productivos; obligaría a a los campesinos a facilitar sus semillas y sus conocimientos a "mejoradores" a través de bancos de germoplasma, y como consecuencia, abriría el acceso de sus semillas a empresas transnacionales que esperan patentar las cualidades del maíz creadas con el trabajo milenario de convivencia, selección y adaptación de nuestros antepasados, añadió.
Resaltó que las propuestas de Ley, como las aprobadas recientemente en Tlaxcala y Michoacán, no prohíben la siembra o el almacenamiento de transgénicos, pues instrumentan y legalizan su entrada con el respaldo de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, además de fomentar el conflicto existente entre las cabeceras municipales y sus agencias al aludir únicamente a las autoridades municipales en la toma de decisiones.
"Se ignora la institucionalidad comunitaria indígena y campesina, como la asamblea y la figura del comisariado de bienes comunales o ejidales", insistió.
Consideró que las iniciativas de Ley de las diputadas, sin obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas y rurales, presentan iniciativas de leyes que no retoman sus necesidades reales sino por el contrario, violentan sus derechos fundamentales reconocidos en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Ante esto, requirió a la Secretaría de Asuntos Indígenas que se involucre en el proceso de legislación sobre el maíz porque afecta tanto la cultura y la vida de los pueblos indígenas de Oaxaca.
También, pidió al gobierno estatal que se revisen los programas dependientes de agroquímicos como "Maíz para Todos" y en su lugar se diseñen apoyos que promuevan la siembra de maíces nativos y el uso de técnicas agroecológicas que no contribuyen al calentamiento global.
OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO
Foto: ALEJANDRO AQUINO
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