Lo que Queda de Agro Ingreso Seguro - AIS en Colombia
El epílogo de agro ingreso seguro
Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 5 de agosto de 2011.
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Se acerca a su definitivo final el debate sobre Agro Ingreso Seguro (AIS), que se ha desarrollado sobre dos temas principales: la conveniencia del programa y la legalidad de las decisiones. Pocos no le dan veredicto político condenatorio a los fines de AIS, pues solo por ignorancia o astucia puede defenderse algo tan retardatario. Y si bien los procesos jurídicos no han concluido, van bastante mal para Andrés Felipe Arias.
Como lo expliqué en el debate en el Senado, Agro Ingreso Seguro nació torcido. Porque se presentó tras la falsedad de que impediría el desastre agrario del TLC con Estados Unidos y con un nombre calculado para engañar sobre una inexistente seguridad de ingresos, que el TLC deterioraría todavía más. Además, el día en que se votó la ley de AIS en el Senado, en nombre del Polo advertí que esos recursos se utilizarían para hacer clientelismo político y gremial, como en efecto ocurrió. Ese programa se usó para tomar escasos dineros públicos para el agro –apenas 100 mil subsidios al año y hay 2.680.000 predios rurales– y distribuirlos de manera muy concentrada, entre unos pocos magnates.
Aunque el uribismo más cerril la niegue, fue escandalosa la concentración de los recursos. En la línea de crédito –apenas unos 27 mil préstamos al año–, el 7% de los beneficiados se quedó con el 70% de la plata y 161 recibieron $416 mil millones, lo mismo que les tocó a 79 mil. En el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), 1.108 recibieron una suma igual a 75.338 ($321 mil millones) y en riego y drenaje a 107 les tocaron los mismos recursos que a 6.309 ($36.760 millones). Otros ejemplos: en créditos durante 2007, cuatro ingenios azucareros recibieron tres veces más que todo el Tolima y dos veces que Caldas; en Bolívar dos empresas se quedaron con el 73% del total y a un banquero le tocó el 30% de la plata del Meta.
Esta política plutocrática –que es la misma de Santos, aunque lo oculten– también la destapó el escándalo de Carimagua y un estudio de Uniandes y el Cega. Según este, en programas diferentes de AIS, entre 2000 y 2007, el 5% de los favorecidos se quedó con el 71% de los créditos redescontados, el 1% con el 64% de la cartera sustituta, el 1% con el 45% de las garantías del FAG y el 10% con el 72% del ICR, 33% del cual fue para los palmeros, cifras que los llevaron a concluir: “Estos apoyos están altamente concentrados por producto y aun por beneficiario”.
El más escandaloso de los favoritismos se dio en torno a los subsidios de riego, en verdad donaciones del ciento por ciento de lo recibido. Una familia recibió $6.985 millones, otra $2.973 millones y otra más $2.429 millones; ocho poderosas familias recibieron $20.597 millones. Para completar, 45 grandes propietarios rurales que le donaron $550 millones a Álvaro Uribe para su segunda campaña a la Presidencia recibieron de AIS $33.497 millones y diez que le aportaron $128 millones para el referendo de la reelección recibieron de AIS $16.549 millones. Esas fueron las verdaderas pirámides, concluí.
También demostré que la reglamentación y las decisiones de AIS las controló el Ministerio de Agricultura y no el IICA. Y puse en evidencia que la concentración de la plata era un objetivo del programa, en especial en el riego. A una finca le aprobaron cinco proyectos: Campo Grande 1, 2, 3, 4, y 5, luego ni siquiera intentaron ocultarla.
En cuanto a la legalidad o no de las actuaciones de los funcionarios –porque una cosa puede ser indeseable pero legal, o viceversa– en el debate pregunté por qué se usó de manera arbitraria el IICA, organismo de la OEA, tras la que intentaron escudarse los implicados, agregué que a mi juicio había por lo menos una violación de las normas cuando se revivió un proyecto de riego que había sido negado y les pedí a los órganos de la justicia que investigaran a fondo, como tiene que ser. Porque los congresistas no somos autoridades judiciales, la suficiente información nos resulta imposible de conseguir y el debido proceso es un criterio democrático irrenunciable.
Hasta donde van los procesos, no puede ser peor la situación de Andrés Felipe Arias. La Procuraduría lo condenó, la Contraloría le abrió proceso y le embargó sus bienes y la Fiscalía lo puso tras las rejas por peculado en beneficio de terceros y celebración indebida de contratos. Y son pocos, muy pocos, los que creen en los trinos de Álvaro Uribe que explican todo este caso como una persecución política.
Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 5 de agosto de 2011.
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Se acerca a su definitivo final el debate sobre Agro Ingreso Seguro (AIS), que se ha desarrollado sobre dos temas principales: la conveniencia del programa y la legalidad de las decisiones. Pocos no le dan veredicto político condenatorio a los fines de AIS, pues solo por ignorancia o astucia puede defenderse algo tan retardatario. Y si bien los procesos jurídicos no han concluido, van bastante mal para Andrés Felipe Arias.
Como lo expliqué en el debate en el Senado, Agro Ingreso Seguro nació torcido. Porque se presentó tras la falsedad de que impediría el desastre agrario del TLC con Estados Unidos y con un nombre calculado para engañar sobre una inexistente seguridad de ingresos, que el TLC deterioraría todavía más. Además, el día en que se votó la ley de AIS en el Senado, en nombre del Polo advertí que esos recursos se utilizarían para hacer clientelismo político y gremial, como en efecto ocurrió. Ese programa se usó para tomar escasos dineros públicos para el agro –apenas 100 mil subsidios al año y hay 2.680.000 predios rurales– y distribuirlos de manera muy concentrada, entre unos pocos magnates.
Aunque el uribismo más cerril la niegue, fue escandalosa la concentración de los recursos. En la línea de crédito –apenas unos 27 mil préstamos al año–, el 7% de los beneficiados se quedó con el 70% de la plata y 161 recibieron $416 mil millones, lo mismo que les tocó a 79 mil. En el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), 1.108 recibieron una suma igual a 75.338 ($321 mil millones) y en riego y drenaje a 107 les tocaron los mismos recursos que a 6.309 ($36.760 millones). Otros ejemplos: en créditos durante 2007, cuatro ingenios azucareros recibieron tres veces más que todo el Tolima y dos veces que Caldas; en Bolívar dos empresas se quedaron con el 73% del total y a un banquero le tocó el 30% de la plata del Meta.
Esta política plutocrática –que es la misma de Santos, aunque lo oculten– también la destapó el escándalo de Carimagua y un estudio de Uniandes y el Cega. Según este, en programas diferentes de AIS, entre 2000 y 2007, el 5% de los favorecidos se quedó con el 71% de los créditos redescontados, el 1% con el 64% de la cartera sustituta, el 1% con el 45% de las garantías del FAG y el 10% con el 72% del ICR, 33% del cual fue para los palmeros, cifras que los llevaron a concluir: “Estos apoyos están altamente concentrados por producto y aun por beneficiario”.
El más escandaloso de los favoritismos se dio en torno a los subsidios de riego, en verdad donaciones del ciento por ciento de lo recibido. Una familia recibió $6.985 millones, otra $2.973 millones y otra más $2.429 millones; ocho poderosas familias recibieron $20.597 millones. Para completar, 45 grandes propietarios rurales que le donaron $550 millones a Álvaro Uribe para su segunda campaña a la Presidencia recibieron de AIS $33.497 millones y diez que le aportaron $128 millones para el referendo de la reelección recibieron de AIS $16.549 millones. Esas fueron las verdaderas pirámides, concluí.
También demostré que la reglamentación y las decisiones de AIS las controló el Ministerio de Agricultura y no el IICA. Y puse en evidencia que la concentración de la plata era un objetivo del programa, en especial en el riego. A una finca le aprobaron cinco proyectos: Campo Grande 1, 2, 3, 4, y 5, luego ni siquiera intentaron ocultarla.
En cuanto a la legalidad o no de las actuaciones de los funcionarios –porque una cosa puede ser indeseable pero legal, o viceversa– en el debate pregunté por qué se usó de manera arbitraria el IICA, organismo de la OEA, tras la que intentaron escudarse los implicados, agregué que a mi juicio había por lo menos una violación de las normas cuando se revivió un proyecto de riego que había sido negado y les pedí a los órganos de la justicia que investigaran a fondo, como tiene que ser. Porque los congresistas no somos autoridades judiciales, la suficiente información nos resulta imposible de conseguir y el debido proceso es un criterio democrático irrenunciable.
Hasta donde van los procesos, no puede ser peor la situación de Andrés Felipe Arias. La Procuraduría lo condenó, la Contraloría le abrió proceso y le embargó sus bienes y la Fiscalía lo puso tras las rejas por peculado en beneficio de terceros y celebración indebida de contratos. Y son pocos, muy pocos, los que creen en los trinos de Álvaro Uribe que explican todo este caso como una persecución política.
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